El 89 por ciento de la población de Islay, en la región Arequipa, considera que el conflicto por el proyecto minero Tía María, ha generado secuelas por daños psicológicos, pérdidas económicas, desconfianza, temor generalizado y recelo de las autoridades.
Así lo revela el informe “Inquietudes y preocupaciones que tiene la población de la provincia de Islay, respecto al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María”, documento que fue elaborado por la Asociación Civil Labor por encargo del Gobierno Regional de Arequipa, y que fue presentado a los alcaldes de Islay.
El informe indica también que la percepción de la población sobre aspectos ambientales se expresan en el temor por la cercanía del proyecto al valle de Tambo, la cercanía de los tajos a las zonas agrícolas, presencia del material articulado, las filtraciones, el proceso de desalinización y sus impactos en el ecosistema marino, y otros.
Además, el documento refiere que al 87 por ciento de la población le parece importante y muy importante la intervención de un tercero independiente para que se levante un informe técnico sobre las preocupaciones señaladas en relación a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Sin embargo, consideran que cualquier futura acción gubernamental orientada a generar condiciones para un posible acuerdo por la ejecución del citado proyecto minero, requiere que exista una etapa previa, cuyo tiempo no es posible determinarlo con certeza.
Un periodo en donde deben realizarse cuidadosamente acciones, obras y actos que reencuentren al Estado con la población, anota.
El informe se desarrolló dentro del proyecto Diálogo Sur que ejecuta Labor financiado por la Unión Europea.
En la reunión representantes de la Asociación Civil Labor expusieron sobre el informe trabajado durante dos semanas en la provincia de Islay, ante la gobernadora regional Yamila Osorio; el alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz; y el burgomaestre del distrito de Cocachacra, Elard Valencia.
Las alcaldesas de los distritos de Matarani y Mejía, Regina Lavalle y Juana Rosa Arenas, respectivamente, también asistieron a la cita a la que fueron invitados todos los burgomaestres de Islay.
Edwin Guzmán, director de la Asociación Civil Labor, dijo que durante las dos semanas se logró encuestar a unos 500 pobladores de la provincia de Islay entre autoridades, dirigentes y pobladores de diversas edades.
Para el trabajo se aplicaron focus grup, talleres y encuestas entre la población que estuvo a favor y en contra del proyecto Tía María, así como aquellos que no expresaron posición alguna sobre el conflicto que se desarrolló en la provincia de Islay.
