Más de 40 apus de las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza, región Loreto, así como sus equipos de asesores, dialogaron con el Ministerio de Energía y Minas, entidad promotora del proceso de diálogo y acordaron retomar las conversaciones este jueves 23.
En la etapa anterior al diálogo, los representantes de los pueblos quechua y achuar asentados en las cuencas de los ríos Pastaza y Corrientes, presentaron al referido Ministerio un acta de evaluación interna, que contenía sus propuestas frente a la medida consultada, que es el decreto supremo que aprueba la configuración del lote 192 y su respectivo contrato de exploración y explotación.
En las reuniones sostenidas esta semana, el Estado respondió a las propuestas de los apus y dialogó con sus equipos de asesores.
Un punto que suscitó la atención de los asistentes fue el relacionado con el beneficio directo para los pueblos indígenas.
Este beneficio se planteó en el acta de evaluación interna como “diferente del canon, de las medidas compensatorias del EIA y a las que corresponden por responsabilidad social empresarial” y se propuso “un fondo de fideicomiso de 1,000 millones de dólares por un periodo de 30 años”.
El Ministerio de Energía y Minas ofreció una iniciativa normativa para atender a este pedido ante lo cual, los líderes indígenas pidieron un cuarto intermedio con el objetivo de evaluar la propuesta.
Luego de la pausa, los apus de las organizaciones indígenas, manifestaron que habían acordado dar al Estado un plazo de tres días para obtener una propuesta concreta.
Se informó, que durante la jornada, tanto los representantes indígenas como los representantes del Estado solicitaron varios cuartos intermedios para discutir internamente sus propuestas.
Ello, con la finalidad de buscar acuerdos que garanticen el respeto de los derechos de los pueblos consultados.
Al final de la reunión, Ángela Acevedo, directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, aclaró que desde el Estado se actúa con transparencia y buena fe para llegar a acuerdos de obligatorio cumplimiento.