Chevron pidió el jueves ante la Corte Constitucional de Ecuador la nulidad del proceso en su contra por contaminación y de la condena a pagar 9.500 millones de dólares, alegando que el proceso legal está viciando por actos de corrupción.
La acción judicial, que se denomina acción extraordinaria de protección, fue presentada ante la jueza constitucional Wendy Molina. Este el último recurso legal que le queda en Ecuador a la petrolera.
El abogado ecuatoriano de la compañía, Adolfo Callejas, argumentó que "ante el fraude procesal, profundo, masivo y sistemático, la única forma posible de reparación de los derechos constitucionales de Chevron es la declaratoria de nulidad del proceso".
Añadió que "los jueces de instancia y la Corte Nacional de Justicia incumplieron su obligación de proteger la integridad del proceso y los derechos constitucionales de Chevron".
La empresa alega que la sentencia es producto de un gigantesco fraude alentado por abogados ecuatorianos y extranjeros de los demandantes, que incluso lograron redactar subrepticiamente la millonaria sentencia del juez. Esos juristas están siendo demandados en Estados Unidos.
El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, señaló que "todo lo que hace Chevron es buscar, tratar de encontrar impunidad eternamente en este juicio, endosar la responsabilidad al Estado ecuatoriano y todos nosotros y negar el pleno acceso a la justicia a los afectados, las víctimas que han sufrido durante 50 años este problema".
Al final de los alegatos, la jueza Molina debe preparar un informe que será presentado al pleno de la Corte Constitucional para que decida acerca del pedido de la empresa estadounidense.
El caso contra Chevron - antes Texaco- comenzó en 1994 cuando un grupo de pobladores de la Amazonia ecuatoriana acusó legalmente a la petrolera de contaminación y daños por la exploración y extracción de petróleo entre 1972 y 1990.
Los demandantes lograron que en 2011 un juez ecuatoriano sentenciara a la compañía al pago de 9.500 millones de dólares, pero Chevron ha argumentado que un acuerdo de 1998 entre la entonces Texaco y el gobierno ecuatoriano, tras una limpieza de la zona con un costo de 40 millones de dólares, la eximió de cualquier responsabilidad
A pesar del juicio y del fallo en Ecuador, demandas cruzadas entre los ecuatorianos y Chevron se mantienen en Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
