El juez Claudio Bonadio comenzará a analizar a partir de mañana la documentación secuestrada en los allanamientos del viernes pasado al Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF en la causa en la que se investiga el supuesto pago de comisiones millonarias en la importación de gas natural licuado (GNL) desde 2008 hasta la fecha. El magistrado se llevó contratos de Enarsa con Gas Natural Fenosa, British Gas y Morgan Stanley, entre otros documentos. Fundamentalmente, Bonadio está interesado en profundizar sobre todo lo referente al pago de honorarios y comisiones y sobre las empresas intermediarias en la parte financiera de las compras de GNL.
Uno de esos intermediarios fue DYSAN, una empresa con base en Madrid, propiedad del ex ministro de Obras Públicas de Menem Roberto Dromi, que asesoró a Gas Natural Fenosa en las ventas a Enarsa. Su consultora pasó de facturar 50.000 euros en 2007 a casi 5 millones en 2010.
La investigación, que se disparó a raíz de una denuncia que en octubre pasado hicieron los diputados del PRO Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich, recién empieza. Ayer, Bonadio insistió en que los allanamientos no fueron una contraofensiva por haber sido apartado de la causa Hotesur y argumentó que los procedimientos habían sido dispuestos la semana pasada.
La importación de GNL –que comenzó en 2008 a partir de la necesidad de suplir la caída en la producción local encabezada por Repsol YPF– estuvo gestionada por la estatal Enarsa hasta fines de 2012. Solo ese año y en 2013 se importó por US$ 4.000 millones anuales. Con la reestatización de YPF, la gestión de las importaciones pasaron de la órbita de De Vido a la de la petrolera que comanda Miguel Galuccio. A fines de 2012, Dromi, que había intervenido en varias operaciones, decidió dejar el negocio. En una entrevista con La Nación, justificó esa decisión a raíz de que los nuevos contratos que había impuesto YPF no eran transparentes. La respuesta no se hizo esperar y fue lapidaria: “YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas (...) con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país”. Del cruce, surgió la denuncia.
Zannini y De Vido le dispararon con dureza al juez federal Bonadio
Diario de Cuyo
Durante la cumbre minera que ayer se llevó a cabo en San Juan, la cual tuvo tintes de campaña, 2 de las espadas más fuertes y filosas del kirchnerismo arremetieron con dureza contra el juez federal Claudio Bonadio. El influyente secretario de Legal y Técnica y precandidato a vicepresidente de Daniel Scioli, Carlos “Chino” Zannini, aseguró que el magistrado “está jugando en política”, mientras que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, destacó que “la Justicia no debe meterse en política y viceversa”.
Las definiciones de ambos no fueron casuales ya que apenas unas horas antes, Bonadio había ordenado allanamientos en la cartera de Planificación y en 2 de las empresas estatales que están bajo su órbita, como YPF y Enarsa, en una causa por supuestas irregularidades en las importaciones de gas.
En el oficialismo nacional sospechan que la medida del juez federal se trata de una contraofensiva de su parte, luego de que fuera apartado de la investigación de la denominada causa Hotesur, en la que está involucrada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su círculo íntimo por presunto lavado de dinero en negocios hoteleros. La disputa es un apéndice más de la tensa relación que mantiene el Gobierno nacional con la Justicia. Es más, Zannini señaló que ese Poder está siendo utilizado por la oposición.
Los funcionarios kirchneristas se despacharon contra el magistrado en el encuentro local que tuvo una fuerte presencia peronista y que contó con la presencia del gobernador bonaerense y precandidato presidencial, Daniel Scioli. Sin embargo, fuera de los discursos oficiales, prácticamente no se detuvo a hablar con la prensa.
En cambio, el que más habló fue Zannini, su compañero en la lista, que también dio definiciones sobre el proyecto, la gestión de Gioja y la campaña. Por su parte, De Vido al principio no quiso opinar sobre los allanamientos ordenados por Bonadio en el área que conduce, pero no se privó de lanzar dardos.
El secretario de Legal y Técnica, el hombre de mayor confianza de la Presidenta, señaló que lo del juez federal “es un pedido de documentos bajo apercibimiento de allanamiento, lo extraño es que sea en este momento (a 24 días de las primarias). Está jugando en política y eso no lo pueden hacer los jueces y quiénes lo estén instrumentando, son los responsables del descalabro que él pueda producir”.
Sobre la pelea que mantiene el kirchnerismo con un sector del Poder Judicial, dijo que “lamentablemente se está utilizando a la Justicia para actuar en política, es una cosa que repudiamos, nosotros no lo hemos hecho nunca. Estos incidentes evidentemente viene auspiciados desde una oposición que no encuentra apoyo en el pueblo y busca de alguna manera desmoronar lo que está construido”.
Cuando se conoció que Scioli llevaría a Zannini como vicepresidente, la oposición destacó que fue una jugada de la Presidenta para controlar al bonaerense y ser un custodio del modelo. Es que desde el área de Legal y Técnica se elaboraron los principales proyectos de ley del kirchnerismo. Sobre ese rol de custodio, Zannini dijo que “es cotillón de campaña, ruido para tratar de ver si pueden hacer algún daño”. De San Juan remarcó que “tiene muchísimo futuro en la minería y en el fortalecimiento del riego en todos los lugares” y a Gioja le tiró flores al expresar que “siempre admiré las ganas de hacer que ha puesto de manifiesto”. En cuanto al proyecto nacional dijo que “hay que seguir incorporando cada vez más gente al mercado y a la inclusión social. La batalla es por imponer la igualdad. Darle a todos la misma oportunidad”.
Luego de ser apartado de la investigación de los negocios hoteleros de la familia Kirchner, el juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos a las empresas YPF y Enarsa y al Ministerio de Planificación.
En una causa por supuestos delitos en las importaciones de gas, los procedimientos son realizados junto a la Policía Metropolitana, dato que también generó polémica y cruces con el Gobierno nacional al no convocar a las fuerzas federales para esos allanamientos.
Ayer, la Cámara Federal desplazó a Bonadio de la causa Hotesur, donde se investiga a la familia presidencial y al empresario patagónico Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
La denuncia original fue presentada en octubre de 2014 por los diputados Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Pidieron investigar posibles irregularidades en la importación de gas en barcos.
En ese momento llegaron a pedir la interpelación del ministro de Planificación, Julio De Vido. El diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, también presentó un pedido de informes, pero apunto al ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, quien ocupó ese cargo durante la presidencia de Carlos Menem. Dromi había dicho que las importaciones de gas se hacen con “cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada” y provocó una polvareda.
Los legisladores pidieron que se investigue si en las compras de gas importado existió un “delito”. Los diputados del PRO quieren determinar si “los funcionarios y asesores han actuado dentro del cumplimiento de deberes de funcionario público y han realizado negociaciones compatibles con la función pública o si han actuado con desvío de poder en las referidas operaciones”. Quieren ver los contratos de compras de gas desde 2012 -en noviembre de ese año, YPF se hizo cargo de esa tarea, por “mandato” de Enarsa- y los posteriores.
