La Defensoría del Pueblo emitió un crudo reporte sobre la cantidad de pasivos ambientales que existen en el Perú.

"Se han identificado un total de 4.353 pasivos ambientales de alto riesgo,
producto de actividades mineras e hidrocarburíferas, cuya remediación exige una atención prioritaria por parte del Estado ya que vienen poniendo en riesgo al ambiente, la vida y la salud de las personas", advirtió el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna.

De este total, 4.281 pasivos son producto de la actividad minera, mientras que 72 fueron generados por el sector de hidrocarburos.

Además de los pasivos de alto riesgo, la Defensoría informó que en el sector minero existe un total de 8.616, mientras que en el sector hidrocarburos, se tienen registrados 156.

"En el sector minero, hay 7.531 casos que carecen de responsables y estudios ambientales; mientras que en el sector de hidrocarburos no se ha identificado responsabilidad alguna. Incluso, existen 61 pasivos ambientales mineros cuyos responsables mantienen la titularidad de la concesión en donde estos fueron generados. Los responsables que no remedian los daños que generaron no deben mantener concesiones vigentes, ni mucho menos tener nuevas concesiones”, enfatizó el funcionario.

El Informe Defensorial Nº 171 denominado “¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, indica que en el sector de hidrocarburos se detectó un retraso de más de cinco años en el inicio de las acciones destinadas a la remediación, pese a que la Ley que regula a este tipo de pasivos se aprobó en el año 2007. Dicha situación se generó por la demora en la reglamentación de la Ley, así como por la paralización por casi dos años de la identificación de los pasivos en dicho rubro. Producto de dicho retraso, no se han identificado responsables, ni se ha remediado ningún pasivo ambiental en este sector.

Vega Luna recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer y coordinar con las entidades competentes la atención prioritaria de dicha problemática y solicitó al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector, a intensificar su intervención hasta lograr la remediación de estos pasivos ambientales.

"Exhorto al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República a garantizar que en el Presupuesto de la República se asignen los recursos económicos que permitan cumplir con la inmediata remediación de los pasivos ambientales considerados de alto riesgo, sin que para ello sea necesario contar previamente con un responsable determinado", expresó el funcionario.

Finalmente, solicitó al Parlamento derogar el artículo 19 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, el mismo que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas.