La policía federal brasileña llevó a cabo varias órdenes de allanamiento el martes contra varios políticos, incluyendo al expresidente Fernando Collor de Mello, como parte de una investigación sobre la supuesta corrupción en la petrolera estatal Petróleo Brasileiro .

La policía incautó documentos en las casas y oficinas de varios congresistas, incluyendo a Collor de Mello, según un portavoz de la policía. El vocero se abstuvo de nombrar los otros políticos cuyos hogares fueron allanados.

Ni Collor de Mello o su abogado devolvieron llamadas que buscaban sus comentarios. En ocasiones anteriores Collor de Mello ha negado haber cometido crimen alguno.

Collor de Mello fue presidente de Brasil entre marzo de 1990 y octubre de 1992, cuando fue retirado de su cargo debido a acusaciones de corrupción. Se le prohibió participar en política por casi una década y luego obtuvo un escaño en el senado en 2006.

“[Los allanamientos] son necesarios para clarificar los hechos investigados por la Suprema Corte y algunos se hicieron para asegurar la incautación de activos adquiridos a través de una posible actividad criminal y para proteger otra evidencia relevante que podría ser destruida si no era incautada”, dijo el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot en un comunicado.

En marzo, Janot le pidió permiso a la Corte Suprema para proceder con las investigaciones contra una serie de políticos, incluyendo los líderes de ambas cámaras del Congreso como parte del caso de corrupción conocido como “Operación Lava Autos”. Bajo la ley brasileña, sólo la Corte Suprema puede enjuiciar a los políticos.

El presidente del Senado Renan Calheiros y el de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha han negado las acusaciones. Los allanamientos e incautaciones de hoy no apuntaron a ninguno de los dos políticos, dijo la policía.

El año pasado, las autoridades brasileñas descubrieron lo que aseguran que es una corrupción que data más de una década y que ha tocado los niveles más altos del mundo de los negocios y el gobierno. Los fiscales aseguran que las firmas de construcción más grandes del país inflaron los precios de los contratos de Petrobras en miles de millones de dólares, desviando parte de sus ganancias mal habidas a personas al interior de la empresa y políticos.

Algunos de los acusados han negado los cargos y algunos están cooperando con los fiscales. Petrobras dijo que fue una víctima de la estafa y está cooperando con las autoridades.