En un fallo unánime, conocido este semana, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar a favor de la empresa minera Tritón, de Pan American Silver, que desarrolla la explotación metalífera del yacimiento Manantial Espejo, en Santa Cruz, ordenando a esta provincia se abstenga de aplicar un impuesto violatorio de la Ley de Inversiones Mineras.
Se trata de una carga tributaria creada en 2013 por la Legislatura provincial, en respuesta a un pedido del gobernador Daniel Peralta, que grava el 1% de las reservas minables de las empresas, a fin de recaudar unos 250 millones anuales. El llamado "impuesto inmobiliario minero\'\' santacruceño obliga a las compañías a pagar ese tributo sobre el 1% del potencial extractivo que existe bajo tierra, una medida cuestionada por las empresas porque tienen un acuerdo de estabilidad fiscal. Y este gravamen, como es sobre las reservas probadas, todas las empresas deben pagarlo aun antes de comenzar la explotación del yacimiento.
En el caso de Triton, el tributo representaba a marzo último, un desembolso de 26,9 millones de pesos adicionales, con el agravante de que Manantial Espejo es un proyecto minero que ya está en proceso de cierre, es decir prácticamente finalizado. Otras de las mineras patagónicas afectadas por el impuesto local son Cerro Vanguardia, controlada por la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Santa Cruz, que opera la mina San José; Yamana Gold, a cargo de Cerro Moro, y Goldcorp, con su proyecto Cerro Negro, todas amparadas por la Ley de Inversiones Mineras sancionada a principios de la década del \'90, y que garantiza estabilidad fiscal por 30 años a la minería metalífera. En ese lapso, los gobiernos provinciales asumen el compromiso de mantener estable la carga tributaria, aún cuando puedan crearse o eliminase impuestos, pero siempre y cuando no se modifique la carga tributaria total.
Si bien la Corte Suprema no se expidió sobre el fondo de la cuestión, esta resolución pone coto al desenfreno impositivo de ciertos gobiernos para seguir aumentando la carga tributaria, en franca violación de normas aplicadas por el propio Estado a fin de garantizar las inversiones de riesgo. También es oportuno el amparo del máximo Tribunal porque representa un caso testigo ante la posibilidad de que la exacción fiscal de Santa Cruz tiente a otros gobiernos provinciales o municipios a crear gravámenes o contribuciones al margen de las reglas de juego impuestas por la Nación.
