Financiar la política energética de tarifas planchadas y la red de empresas estatales que se creó en la última década no sólo le causa al Gobierno una sangría en sus cuentas. También lo obliga, como tantas veces en el pasado, a recurrir a la banca pública en busca de asistencia. En marzo de este año, según datos del Banco Central, de las 10 empresas con más deuda en el sistema bancario, seis eran propiedad directa o indirecta del Estado. La mayoría de ellas tiene un único financiador: el Banco Nación.
El escenario muestra un drástico cambio en la composición de la matriz productiva del país: en 2003, las diez primeras empresas del mismo ranking eran privadas. "El déficit [de las empresas públicas] es tan grande que no saben cómo financiarlo.
Y como el acceso al mercado de bonos es limitado, apelan al Nación", dijo el economista Miguel Kiguel, de Econviews. "Además, muchas de estas empresas legalmente son privadas [aunque están en manos del Estado], y entonces el Nación puede financiarlas sin violar los límites que tiene de crédito al sector público."
Encabeza el ranking Enarsa, la firma que se encarga de la importación de combustibles, con una deuda de 11.270 millones de pesos; la sigue Cammesa, administradora del mercado eléctrico, con 8760,9 millones, e YPF, con 6318,7 millones.
Lo completan Austral Líneas Aéreas ($ 5671 millones), el Fideicomiso de Importación de Gas Natural ($ 4751 millones), el Fideicomiso Financiero de Financiamiento-Cammesa ($ 4206,8 millones) y el Fideicomiso Financiero Gas II ($ 4085,9 millones).
La única compañía financiada también por bancos privados es YPF. En todo el resto, el 100% de la deuda está en manos del Banco Nación. Para los especialistas, que exista una única entidad pública a cargo genera suspicacias sobre la rentabilidad de los proyectos. De otra forma, coinciden, las entidades privadas también competirían por captar esos clientes, como sucede por caso en YPF, donde si bien el Banco Nación tiene el 23,6% de la deuda de la petrolera, también la financian otras 20 entidades, entre ellas Santander Río (con 12,97% de la deuda), Banco Galicia (11,26%) y Macro (9,58%).
"Son subsidios encubiertos financiados con deuda bancaria no muy cobrable", opina el economista Nicolás Dujovne. "El Banco Nación se convirtió en una caja más: es un Banco Central paralelo y una Secretaría de Hacienda paralela. El tema es que si se sometiera a Enarsa o a Cammesa a una calificación independiente tendrían mala calificación", sentencia.
"Normalmente -coincidió el economista Daniel Marx, de Quantum Finanzas- uno miraría la fuente de repago. Suena acá que, en última instancia, recurrirían al Tesoro. Con lo cual marcaría un tema fiscal, aparte de la exposición, y pasa a ser un número a considerar."
De los datos del BCRA se desprende que hasta la fecha todos los préstamos estaban en "situación 1", lo que indicaría que se están pagando al día.
LA NACION intentó contactarse para la nota con el vocero del Banco Nación, pero no obtuvo respuesta. El presidente de la entidad, Juan Ignacio Forlón, estuvo la semana pasada en el almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), del que participó el ministro de Economía, Axel Kicillof, y afirmó a LA NACION que el banco "destina más de 70% de su cartera de préstamos al sector privado", pero dijo no recordar en detalle las empresas a las cuales financia, al ser interpelado sobre las deudas de Enarsa y Cammesa.
De acuerdo con el balance del Banco Nación a marzo pasado, los préstamos al sector público ascendían a $ 46.434 millones, lo que representaba entonces 35,1% del total de su cartera de créditos. Sólo los $ 40.600 millones que tiene prestados a las seis empresas líderes en el ranking de deudores del sistema equivalían a 46% de todos los créditos otorgados por el banco al sector privado y a más de 91% del patrimonio neto del gigante estatal.
La carta orgánica del Banco Nación, recuerda Pablo Curat, socio de Curat, Martínez Larrea & Asociados, fija como su objetivo "primordial" prestar asistencia financiera a pymes, al campo, a la industria, al comercio y a la minería, entre otras actividades. Establece además un límite al monto que puede prestar por empresa y destaca que el banco no puede asumir más de 50% del pasivo de una compañía en el sistema financiero. Pero contempla la posibilidad de que el directorio considere "excepciones, previa intervención de dos calificadoras de primera línea".
En tal sentido, dice Curat, las excepciones han sido básicamente para financiar empresas públicas o fideicomisos públicos en los que el Banco Nación es el único prestamista. "¿Por qué sólo el Banco Nación les da créditos? Probablemente porque no pasarían la evaluación de riesgo de un banco privado", agrega.
Las empresas públicas ganaron preponderancia en el cuadro de deudores a partir de 2013, según la información disponible en el BCRA. En 2009, sólo tres empresas del Estado figuraban entre las primeras 10. Mientras que en 2003, antes de la gestión kirchnerista, el ranking estaba cubierto por empresas privadas financiadas por una gran cantidad de bancos.
Ha habido en la última década un crecimiento en el número de empresas estatizadas, como es el caso de YPF y de Aerolíneas-Austral. Pero, más allá de eso, el último ranking de deudores del sistema refleja la necesidad del Gobierno de hacerse de fondos adicionales para financiar la importación de combustible, para así poder mantener las tarifas baratas. De ahí la fuerte presencia Cammesa, de Enarsa y de fideicomisos que, en la práctica, tienen una función similar a la de estas compañías estatales.
En los primeros cinco meses del año, Cammesa fue de hecho la receptora de la mayor cantidad de subsidios del Estado, acaparando $ 40.001,7 millones, al tiempo que Enarsa se llevó otros $ 10.800 millones, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP).
Un caso aparte es el de Aerolíneas, otra de las grandes empresas deudoras del Banco Nación. La compañía que dirige Mariano Recalde recibió, además de los créditos del Banco Nación, subsidios por $ 1868 millones.
Del editor: por qué es importante. La tendencia no muestra sólo el avance del sector público, sino también cómo el Estado aspira financiamiento que podría ir a los privados.
