La declaración que el 25 de junio prestó el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, no sólo se centró en los $ 15 millones que la ex autoridad recibió de la empresa Asesorías y Negocios SPA (AyN), perteneciente al operador político Giorgio Martelli. También trató un aspecto desconocido de su gestión en el organismo: las eventuales presiones del ahora ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para frenar la investigación en contra de la Sociedad Química y Minera (SQM).
El testimonio en calidad de imputado que entregó Jorratt al fiscal nacional, Sabas Chahuán, contiene 13 páginas, de las cuales cinco aluden a las supuestas presiones del ex jefe de gabinete. En su testimonio relató que en noviembre de 2014 recibió la primera “inquietud” del entonces ministro Peñailillo. A través Andrea Palma, jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se “me indicó que el Ministerio del Interior estaba muy preocupado que el SII investigara a Soquimich, me dijo que ella no tenía clara la razón de esa preocupación del ministro, me agregó que estuviera tranquilo porque el ministro de Hacienda jamás me pediría que hiciera algo que no correspondiera y que él respetaba la autonomía del SII, pero que me tenía que transmitir esa preocupación porque venía del ministro del Interior”.
Según Jorratt, a esa fecha aún desconocía el hallazgo de una boleta emitida a SQM por la cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. Sin embargo, señaló el ex director del servicio, este antecedente ya estaba en conocimiento de Peñailillo.
“Me sorprendió que el ministro del Interior estaba muy al tanto de las acciones que realizaba el SII y que pudieran vincular a SQM. Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2014 me llamó la jefa de gabinete de Hacienda para decirme que el ministro del Interior quería saber porqué el SII había citado a declarar a Tatiana Aránguiz Palacios. Yo ni siquiera sabía quién era esa persona y por qué había sido citada, le pregunté al subdirector Jurídico (Cristián Vargas) y me respondió que le había emitido (boletas) a la UDI, Fundación Jaime Guzmán y SQM. Y así me enteré muchas veces de acciones que realizaba el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet), a través de información que venía del Ministerio del Interior, siempre en relación con SQM”.
Consultado sobre eventuales presiones directas de secretarios de Estado, el otrora director del SII aseguró que “nunca me llamó el ministro del Interior, ni el ministro de Hacienda, para realizar tales consultas, siempre fue la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, de forma personal, quien decía transmitir información o preocupaciones de Rodrigo Peñailillo”, relató.
Michel Jorratt ex Director del SII
Una de las situaciones de mayor tensión entre Peñailillo y Jorratt, tuvo cabida el 9 de enero de 2015. De acuerdo a su declaración, tras presentar una querella contra Wagner y su cuñada, María Carolina de la Cerda, por la emisión de una boleta a SQM -y donde el SII pidió incautar documentos contables de la minera no metálica-, “la jefe de gabinete de Hacienda me solicitó que fuera a su oficina y me contó que el ministro del Interior estaba enfurecido por la querella citada, y en particular las diligencias que se solicitaban en esa querella, porque ellas abrían las puertas al fiscal para que pudiera investigar la empresa”.
Tras dar explicaciones al gobierno, Jorratt fue citado a una nueva reunión “con un abogado asesor del Ministerio de Interior, para entender el alcance de la querella”, dijo. En dicha cita estaría presente “Samuel Donoso, a quien yo no conocía (...). El señor Donoso se expresa con prepotencia y critica al actuar del SII. Todo fue una discusión entre los abogados Vargas y Donoso, con argumentos técnicos. No hubo ningún acuerdo o compromiso en esa reunión. Agrego que esa reunión fue muy rara y cuando a los pocos días supimos que Donoso era abogado de SQM, lo comentamos con Vargas, quien lo encontró impropio”.
Los días posteriores, la instrucción para frenar el caso se hizo explícita, según Jorratt. Tras reunirse con la asesora de Arenas, “me señaló que el ministro de Interior había dado la instrucción que el SII no debía hacer nada más en relación a SQM, cito textualmente: ‘que no se moviera’”. Fue por esta razón que en marzo de 2015, dijo Jorratt, luego que la minera no metálica presentó en el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad para evitar la entrega de información contable de 2009 a 2014 al Ministerio Público, Peñailillo ordenó que “el SII concurriera hasta el domicilio de SQM, si era necesario, con camiones para llevarse toda la información contable de tal forma que la fiscalía no encontrara ningún antecedente”.
Según el ex director del servicio, una vez que el fiscal Chahuán pidió al SII la información contable de SQM, Palma “me transmitió la idea del Ministerio del Interior de que el SII entablara un juicio de contienda de competencia para evitar hacer entrega de la información, idea que habría sido sugerida por otro abogado que asesoraba a SQM, cuyo nombre no recuerdo y que no era Donoso. Me pareció increíble que los abogados defensores de los imputados estuvieran asesorando al Ministerio de Interior”. De acuerdo a Jorratt, aún cuando recibió presiones, éstas no habrían influido en la presentación de las querellas. Por esta razón, declaró, incluso un senador de la UDI se presentó en su oficina para intentar frenar las acciones legales. En la cita, de acuerdo a Jorrat, el senador Juan Antonio Coloma “hizo una defensa de Novoa en términos de sus cualidades personales y de su importancia como figura para la UDI. Finalmente, me señaló que la UDI esperaba que no se presentara una querella en su contra, pero que de haberla no les quedaría otra alternativa que contraatacar o reaccionar”.
El ex ministro de Interior acudió a declarar ante la Fiscalía Nacional, ocho días antes que el ex director de SII entregara también su testimonio al Ministerio Público. Pese a que ese miércoles 17 de junio -cuando Peñailillo declaró por casi seis horas-, Jorratt ya había denunciado públicamente haber recibido presiones de parte del Ministerio del Interior, pero según fuentes vinculadas a la investigación, en su declaración, dichas acusaciones no habrían sido abordadas. Sin embargo, en el entorno del ex secretario de Estado recibieron ayer con cautela las acusaciones de Jorratt.
Según describen sus cercanos, Peñailillo dijo a su círculo más íntimo que nunca conoció al ex director del servicio. Negó haber estado alguna vez en una reunión con él, como también haber hablado por teléfono con Jorratt mientras fue ministro. Explican que el ex jefe de gabinete de Michelle Bachelet, fue enfático ante su entorno, al negar haber ejercido presiones al servicio y en particular a Jorratt, y enumeró a sus cercanos las veces en que dijo públicamente que las instituciones debían funcionar. Las mismas fuentes describen que hasta ahora no ha sido citado a declarar, y tal como describen, en el entorno del ex ministro no ven razón para recibir una nueva convocatoria puesto que hasta ahora, las versiones no son materia de la investigación.
El ministerio de Minería anunció que la titular de la cartera Aurora Williams, decidió remover a su jefe de gabinete, Adolfo Galindo Fuentes, perteneciente a la llamada G90 y por ende cercano a Rodrigo Peñailillo, lo que prueba que incluso trabajó en el comando de Michelle Bachelet.
De acuerdo a lo informado por la secretaría de Estado, tras la salida de Galindo, a contar de este miércoles asume como nuevo jefe de Gabinete Patricio Eduardo Díaz Ríos, trabajador social de la Universidad Técnica Metropolitana.
Hasta la fecha, Díaz Ríos se desempeñaba como asesor encargado de la Unidad de Minería y Sociedad del ministerio.
Sin embargo, Adolfo Galindo se mantendría trabajando para el Gobierno pues fue reasignado a otra repartición no especificada desde el Ejecutivo.
La investigación que apunta a Galindo
Esta remoción, vista con buenos ojos desde La Moneda, se generó también por el sumario administrativo cursado en dicho gabinete, debido al rol que jugó Galindo en la situación judicial que enfrenta a las mineras Antofagasta Minerals (del grupo Luksic) y Glencore, que tiene operaciones en Argentina.
Galindo emitió un informe pagado por la minera de Luksic con timbres del gabinete ministerial, siendo que estos no fueron hechos ni pagados por ellos.
Documentos que luego fueron usados por la minera de bandera chilena en contra de Glencore, los que al reclamar, dejaron al descubierto dicha irregularidad, iniciándose la indagatoria.
