La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 136, correspondiente al mes de junio, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que durante ese período se registraron 210 conflictos sociales (149 activos y 61 latentes). "Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron dos casos nuevos, se resolvió uno, dos casos salieron del registro debido a su inactividad prolongada y cuatro casos pasaron de estado activo a latente", explica la entidad.

De acuerdo al informe, los dos casos nuevos se presentaron en la regiones Ica y Puno, respectivamente. En el primer caso, la población de Pisco se opone a la construcción del terminal portuario San Martín-Pisco por presuntas afectaciones ambientales y a actividades comerciales y turísticas y, en el segundo caso, los pobladores de Juliaca protestan por presuntas irregularidades en la construcción del sistema de drenaje pluvial, desarrollado por la Municipalidad Provincial de San Román.

Por otro lado, el Reporte de Conflictos Sociales N° 136 señala que se resolvió un conflicto en la región Huánuco entre la comunidad campesina Pillao y la empresa Generación Huallaga S.A. que ejecuta obras de la hidroeléctrica Chaglla-Pillao. El conflicto se resolvió con la firma de un acta de acuerdos entre la empresa, la comunidad, la Municipalidad Distrital de Chinchao y el Instituto Vial Provincial de Huánuco.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Áncash y Puno (21 cada una). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más abundantes (67 %). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (66 % de los casos). Estas proporciones prácticamente no han variado con respecto al mes anterior.

En cuanto a la violencia en los conflictos, el informe da cuenta que, entre el 1 y el 30 de junio, no se registraron heridos ni muertos. La Defensoría del Pueblo resalta este dato y exhorta nuevamente a todos los actores involucrados en conflictos a continuar la vía del diálogo como una forma de gestionar sus casos.

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