Hace siete años, la Corte Suprema de Justicia firmaba un fallo histórico: condenaba a los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral de saneamiento del Riachuelo, para terminar con la contaminación y los problemas de salud que afectaban a millones de habitantes de la cuenca. Siete años después, es muy poco lo que cambió. Las organizaciones no gubernamentales encargadas de monitorear el avance del plan denuncian que, si bien se hicieron algunas mejoras en cuanto a la limpieza y recolección de residuos, el agua sigue tan contaminada como al comienzo.
“Se avanzó en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue”, se quejó Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca. Esta es una de las cinco instituciones designadas por la Corte Suprema para controlar el avance del plan, las otras son Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Todos coinciden en que, a la vista, la situación del Riachuelo parece mejor. Ya no hay basurales en los terraplenes, y entre otras cosas, el Gobierno porteño dispuso un plan de limpieza de márgenes por el cual se utilizan barcos para limpiar el agua. Ya levantaron, por ejemplo, más de 50 carrocerías de autos, y toneladas de residuos plásticos que fueron reciclados. Además, Prefectura Naval sacó 64 carcasas de barcos hundidos.
También hubo una recuperación visible de lo que se llama “camino de sirga”, las franjas de 25 metros a cada lado del río que estaban ocupadas ilegalmente por fábricas, asentamientos o basurales. Del lado de Capital Federal, por ejemplo, se relocalizaron más de 400 familias que vivían en los asentamientos El Pueblito, Magaldi y Luján, más el 60% de la villa 26. También hubo relocalizaciones en Lanús y otras localidades del GBA. Pero el tramo más crítico, el de la villa 21-14, sigue casi sin avances.
En su página oficial, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, el órgano compuesto por los tres gobiernos), señala también que se instalaron 14 estaciones meteorológicas en todos los municipios de la cuenca, para prevenir y asistir a la población en caso de sudestadas o crecidas del río. Además, se realizaron campañas sanitarias con la población.
Pero aunque el olor a podrido se sienta menos, la contaminación está. “Si se toman los resultados de las mediciones de calidad de agua que realizó la propia ACUMAR, se ve que el nivel de contaminación es el mismo que al comienzo. Evidentemente los planes de reconversión de industria que se anunciaron no se completaron o fueron insuficientes, porque se siguen encontrando los mismos niveles de cromo, arsénico, plomo y otros metales pesados. Y el agua sigue sin tener oxígeno suficiente para que haya vida. Todos los plazos que dispuso la Corte Suprema están vencidos, falta decisión política para poner en caja a la industria contaminante”, reclamó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace.
El otro gran problema es el vuelco de desechos cloacales. En este sentido, la empresa AySA informó que ya están en etapa preliminar los principales proyectos: la construcción de una planta de tratamiento en la zona de Dock Sud y de un gran colector en la margen izquierda del río, desde la zona de avenida Fernández de la Cruz y General Paz hasta la planta, que junto con otras instalaciones (como otra planta depuradora en Aldo Bonzi) permitirán tratar las aguas servidas de manera de que cesen los vuelcos al Riachuelo. Estas obras se financiarán mayormente con un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, más fondos que debe poner el Estado nacional. Si bien están muy retrasadas, en AySA aseguraron que en plazos de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas instalaciones.
“Es imperioso que se ponga en marcha el crédito del Banco Mundial y que se controle a las industrias. Además, insistimos con que ACUMAR debe modificar su normativa respecto de la calidad de agua, porque los límites actuales son muy permisivos y no servirán para realmente recuperar el Riachuelo”, advirtió Andrés Nápoli, de la FARN.
Hace siete años, la Corte Suprema de Justicia firmaba un fallo histórico: condenaba a los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a llevar adelante un plan integral de saneamiento del Riachuelo, para terminar con la contaminación y los problemas de salud que afectaban a millones de habitantes de la cuenca. Siete años después, es muy poco lo que cambió.
Las organizaciones no gubernamentales encargadas de monitorear el avance del plan denuncian que, si bien se hicieron algunas mejoras en cuanto a la limpieza y recolección de residuos, el agua sigue tan contaminada como al comienzo.“Se avanzó en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue”, se quejó Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca.
Esta es una de las cinco instituciones designadas por la Corte Suprema para controlar el avance del plan, las otras son Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.Todos coinciden en que, a la vista, la situación del Riachuelo parece mejor. Ya no hay basurales en los terraplenes, y entre otras cosas, el Gobierno porteño dispuso un plan de limpieza de márgenes por el cual se utilizan barcos para limpiar el agua. Ya levantaron, por ejemplo, más de 50 carrocerías de autos, y toneladas de residuos plásticos que fueron reciclados. Además, Prefectura Naval sacó 64 carcasas de barcos hundidos.También hubo una recuperación visible de lo que se llama “camino de sirga”, las franjas de 25 metros a cada lado del río que estaban ocupadas ilegalmente por fábricas, asentamientos o basurales. Del lado de Capital Federal, por ejemplo, se relocalizaron más de 400 familias que vivían en los asentamientos El Pueblito, Magaldi y Luján, más el 60% de la villa 26. También hubo relocalizaciones en Lanús y otras localidades del GBA. Pero el tramo más crítico, el de la villa 21-14, sigue casi sin avances (ver Apenas 107 familias)
.En su página oficial, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR, el órgano compuesto por los tres gobiernos), señala también que se instalaron 14 estaciones meteorológicas en todos los municipios de la cuenca, para prevenir y asistir a la población en caso de sudestadas o crecidas del río. Además, se realizaron campañas sanitarias con la población.Pero aunque el olor a podrido se sienta menos, la contaminación está. “Si se toman los resultados de las mediciones de calidad de agua que realizó la propia ACUMAR, se ve que el nivel de contaminación es el mismo que al comienzo. Evidentemente los planes de reconversión de industria que se anunciaron no se completaron o fueron insuficientes, porque se siguen encontrando los mismos niveles de cromo, arsénico, plomo y otros metales pesados. Y el agua sigue sin tener oxígeno suficiente para que haya vida. Todos los plazos que dispuso la Corte Suprema están vencidos, falta decisión política para poner en caja a la industria contaminante”, reclamó Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace.
El otro gran problema es el vuelco de desechos cloacales. En este sentido, la empresa AySA informó que ya están en etapa preliminar los principales proyectos: la construcción de una planta de tratamiento en la zona de Dock Sud y de un gran colector en la margen izquierda del río, desde la zona de avenida Fernández de la Cruz y General Paz hasta la planta, que junto con otras instalaciones (como otra planta depuradora en Aldo Bonzi) permitirán tratar las aguas servidas de manera de que cesen los vuelcos al Riachuelo. Estas obras se financiarán mayormente con un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, más fondos que debe poner el Estado nacional. Si bien están muy retrasadas, en AySA aseguraron que en plazos de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas instalaciones.
“Es imperioso que se ponga en marcha el crédito del Banco Mundial y que se controle a las industrias. Además, insistimos con que ACUMAR debe modificar su normativa respecto de la calidad de agua, porque los límites actuales son muy permisivos y no servirán para realmente recuperar el Riachuelo”, advirtió Andrés Nápoli, de la FARN.
