Una ley de protección de glaciares actualmente en discusión en el Parlamento de Chile impondrá una nueva condición a proyectos mineros que en algunos casos será muy significativa, dijo el martes el regulador ambiental local.
El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, dijo en una entrevista con Reuters que aunque la entidad limita su fiscalización a lo establecido por el permiso ambiental de las iniciativas, éstas deberán adecuarse a los cambios que discuten los legisladores.
"En términos generales, obviamente la regulación de glaciares va a imponer una condición adicional a los proyectos, que creo que en algunos casos va a ser muy significativa", dijo Franz.
La iniciativa legal de protección y preservación de glaciares fija reconocimiento legal a las distintas clases de estos cuerpos, los declara bienes nacionales de uso público y prohíbe constituir derechos de agua sobre ellos.
Una vez aprobada la ley se podrán revisar, pero no revocar, todos los permisos vigentes y pedir nuevas medidas de mitigación a las empresas.
Varios proyectos en el mayor productor mundial de cobre se encuentran ubicados en las alturas de la Cordillera de Los Andes, incluyendo también yacimientos de oro.
Actualmente la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) trabaja en una reformulación de sanciones por diversos incumplimientos contra el polémico proyecto aurífero binacional Pascua-Lama, enclavado en los Andes en la frontera con Argentina, y que actualmente se encuentra paralizado.
Entre las múltiples denuncias que pesan sobre el proyecto, se le acusa de destruir glaciares cercanos, aunque en marzo un tribunal ambiental determinó que el proyecto de Barrick no los ha dañado.
Otra iniciativa en altura es la ampliación de la mina Andina de la estatal cuprífera Codelco, que enfrenta a una creciente oposición de grupos sociales ante la preocupación por el impacto sobre glaciares y fuentes de agua en una zona cercana a la capital chilena.
La SMA, con pocos de años de funcionamiento tras la aprobación de un nuevo marco regulatorio, ha lanzado importantes fiscalizaciones y sanciones a grandes proyectos mineros y energéticos que llevaron incluso a detenciones de actividad y fijación de planes de cumplimiento.
Empresarios afirman que el marco regulatorio ambiental del país, que ha elevado la judicialización de proyectos por parte de grupos sociales, se está convirtiendo en un freno para multimillonarias inversiones.
"Cumplir con la normativa ambiental no creo que alguien en su sano juicio puede decir que es un obstáculo para la inversión", afirmó Franz.
Incluso, el funcionario consideró que el aumento en el rol fiscalizador de la SMA ha provocado un "círculo virtuoso", al permitir una mejoría en la gestión ambiental por parte de los desarrolladores.
"Más que proyectos que van hacia un camino de inviabilidad o hacia un despeñadero, veo proyectos que en realidad quieren mejorar producto de la fiscalización", apuntó.
Sin embargo, reconoció que actualmente aún "tenemos proyectos grandes con problemas, algunos serios", aunque declinó nombrar las iniciativas.
Pese a que algunos grupos ambientalistas han criticado que el monto de las sanciones impuestas por el regulador pueden ser bajas en consideración con la magnitud de los daños provocados y las ganancias que obtienen anualmente las compañías, Franz se mostró satisfecho con el régimen actual.
"No creo que nuestro marco sancionatorio sea en ese sentido limitado y que haya que aumentarlo. Creo que está bien, creo que es adecuado, creo que es el marco sancionatorio más alto de lo que hoy en día existe en Chile", afirmó.
