Mining Press reproduce aquí el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual hizo lugar a la medida cautelar de no innovar pedida por Minera Triton, la filial argentina de Pan American Silver.
Por la sentencia, Santa Cruz deberá abstenerse de reclamar administrativa o judicialmente las sumas que se hubiesen devengado en concepto de Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera como así también las que se devenguen en el futuro, los intereses y las multas que se hubieren aplicado a la mina Manantial Espejo.
Tampoco podrá trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad con fundamento en dicha deuda, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
Florencia Donovan
La creciente presión fiscal se ha transformado en los últimos años en uno de los grandes focos de conflicto entre las empresas mineras y las autoridades nacionales y provinciales. Pero la semana pasada una minera de Santa Cruz se anotó una primera victoria en la Corte Suprema, que, de seguir avanzando, podría terminar allanándoles el camino a muchas empresas del sector.
El máximo tribunal le concedió un amparo a la Minera Triton, que está a cargo en Santa Cruz del proyecto Manantial Espejo, y le ordenó a la provincia que se abstenga de cobrarle el nuevo impuesto inmobiliario hasta tanto no se expida en la cuestión de fondo, que sería definir si tal tributo es o no violatorio de la denominada ley de estabilidad fiscal, que rige para toda la industria.
Según la ley de inversiones mineras, siempre que comienza un proyecto, los gobiernos asumen el compromiso de mantenerle estable la carga tributaria por un período de 30 años, lo que implica que en ese plazo pueden crearle o eliminarle impuestos, siempre y cuando no le modifiquen la carga tributaria total.
La provincia de Santa Cruz, no obstante, instauró hace dos años un nuevo impuesto para las mineras que operan en su territorio, en función del cual las compañías están obligadas a pagar por el equivalente al 1% de las reservas que tienen bajo tierra.
La medida fue cuestionada por algunas empresas que ya estaban operando y que tenían un acuerdo de estabilidad fiscal, como el caso de Triton, y provocó quejas entre otras compañías chicas, que argumentaban que el impuesto ponía en riesgo sus operaciones. Y es que como el impuesto era sobre las reservas probadas, todas las empresas tenían que pagarlo aun antes de comenzar la explotación del yacimiento.
Para Triton, subsidiaria de la empresa Panamerican Silver, el tributo representaba, a marzo pasado, el desembolso de $ 26,9 millones adicionales.
Con el agravante, según señalan en la compañía, de que el de Manantial Espejo es un proyecto minero que ya está en proceso de cierre, lo que significa que ya está prácticamente finalizado.
"Si bien la Corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión -dice Carlos Saravia Frías, socio de Saravia Frías Abogados y asesor de Triton-, es alentadora esta pronta y clara resolución que viene a ponerle coto al desenfrenado intento del Estado de seguir aumentando la carga tributaria, en franca violación de la norma aplicable."
Además de Minera Triton, en Santa Cruz también están afectadas por el nuevo impuesto inmobiliario Minera Santa Cruz, que opera la mina San José; Yamana Gold, a cargo de Cerro Moro, y Goldcorp, con su proyecto Cerro Negro.
En la industria, no obstante, muchos esperan que el caso de Minera Triton pueda aplicarse más allá de Santa Cruz, dado que son varias las empresas que tienen reclamos similares en las provincias en las cuales operan y la mayoría viene a su vez cuestionando históricamente la política de retenciones a las exportaciones que aplica el gobierno nacional.
"La ley de inversiones mineras es, sin dudas, la base normativa fundamental de la actividad -subraya Saravia Frías-. De más está decir que por tratarse de inversiones de alto riesgo y largo plazo de recupero, se precisan reglas de juego claras y estables en el tiempo.".
El Diputado provincial se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que la semana pasada convalidó el reclamo de la minera Tritón SA, dictando una medida cautelar por la que prohíbe al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz reclamar el pago del Impuesto Inmobiliario.
En la víspera, TiempoSur había dado a conocer el fallo con el que el máximo tribunal nacional hizo prevalecer el “daño” que podría causarle a la operadora del yacimiento “Manantial Espejo” el pago del Impuesto Inmobiliario, cuya deuda ya llevaba acumulados más de 27 millones de pesos.
Ayer, el diputado radical y jefe de la bancada opositora, Héctor Roquel, se refirió al fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, indicando que
“Lo que hizo la Corte fue dar lugar a las medidas cautelares. Yo no sé qué estrategia tiene ahora la Fiscalía de Estado para sostener el derecho de la provincia” aunque, de cualquier manera “esto amerita revisar una cuestión de fondo” porque “el conflicto en normas superiores como puede ser una ley provincial, se da ante la ausencia de federalismo” entonces “los estados provinciales buscan todos los caminos posibles para tener recursos y una mayor participación en la renta minera”.
Para Roquel, esta instancia “es un paso más en la lucha que se tiene que dar desde las provincias para tratar de recuperar el federalismo” y que los recursos que “se repartan de otra manera entre provincia y nación”.
Asimismo, el Legislador se refirió al proyecto de Acuerdos Voluntarios presentado por el oficialismo en la figura de Martin Paiva, criticando que en realidad “van incluidos dentro de esta misma ley que están cuestionando las mineras” por lo que “a mí me parece que nunca el Estado debe perder las atribuciones que tiene” a la hora de “imponerle a todos los ciudadanos, a todas las personas jurídicas que tienen una actuación económica dentro del territorio” entonces “los acuerdos voluntarios me parece que no son el camino” argumentó.
Consultado por si se avanzó en la discusión de los acuerdos voluntarios, Roquel precisó que “normalmente esta Legislatura en las comisiones no discute nada sino que vienen a las comisiones con los despachos hechos” denunció, marcando un paralelismo entre estas iniciativas y la Ley Arabel “que fue un fracaso, de cumplimiento imposible” concluyó.
