El litio y sus potencialidades se pusieron de moda en la política. En los últimos tiempos la Cámara de Diputados de la Nación se pobló de proyectos que procuran establecer el carácter de mineral estratégico al mineral de la Puna.
Ahora se le sumó otro proyecto, que va más allá y propone su nacionalización y manejo a través de una empresa estatal y de una comisión reguladora ad hoc.
Los diputados nacionales del Partido Solidario, Carlos Heller y Juan Carlos Junio, impulsan en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara “las reservas minerales de litio como recurso natural de carácter estratégico” y califica como “de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados” con el objetivo de garantizar “el desarrollo sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales”.
La iniciativa parlamentaria crea la empresa Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado como “ejecutora de las políticas nacionales sobre el litio”. En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que la creación de la empresa, “de naturaleza estatal y con participación de las provincias, está fundada en mantener la soberanía sobre un recurso natural no-renovable (…) que será indispensable como fuente energética y de aplicación de alta tecnología”. La norma además prevé que “el Estado Nacional, a través de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado, tendrá la primera opción para adquirir, en las condiciones de precio y modalidades del mercado, el litio y sus derivados producidos en el país”.
El proyecto de ley señala que más del 80% del litio existente en el planeta está en lo que se conoce como el “triángulo del litio”, una zona que abarca el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina, y destaca que “si bien Bolivia tiene las mayores reservas mundiales de litio, Argentina cuenta con los salares de mejor calidad y de mayor grado”.
En su capítulo II, la iniciativa parlamentaria plantea que “los yacimientos de litio situados en el territorio de la República Argentina pertenecen al dominio privado de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren” y que “la actividad de exploración, explotación, concesión de explotación, comercialización, proceso e industrialización del litio y sus derivados estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria”. Además establece que los permisionarios y concesionarios deberán realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de la ley les corresponda “observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes; y adoptar las medidas necesarias para proteger el ambiente, los recursos naturales y culturales, y actividades regionales, y sobre las comunidades que habiten la zona”.
El proyecto de ley, que también lleva la firma de Carlos Raimundi (SI), Juan Mario Pais, Luis Basterra, Jorge Rivas, y Lautaro Gervasoni (FPV), contempla asimismo la creación de la Comisión Nacional de Explotación del Litio (CNEL) como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con capacidad para actuar en los órdenes científico, técnico, comercial, industrial, administrativo y financiero.
La CNEL será administrada por un directorio constituido por un presidente y siete miembros que representen “uno a las provincias que tengan yacimientos comprobados de litio; uno a las universidades nacionales con sede en las provincias con yacimientos de litio; uno al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; uno al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); uno a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; uno a la Secretaría de Minería de la Nación; y uno a las comunidades originarias que habiten en las zonas donde se encuentra el mineral”.