El fiscal de Estado de la provincia de Santa Cruz, Iván Saldivia, confirmó ayer que el 80% de las tierras a expropiar para la construcción de las represas ya está en manos del Estado.

En una entrevista con el programa radial Turno Mañana de FM Dimensión de El Calafate, el funcionario explicó detalles del accionar de la Fiscalía de Estado en el proceso de expropiación de parte de los campos ribereños al río Santa Cruz, por el cual la provincia desembolsará “en concepto de valuación fiscal más el 30%, estamos hablando entre 3 y 4 millones de pesos” como pago por dichas tierras.

“La ley 21 establece el procedimiento, en cabeza del fiscal de Estado, para realizar los juicios de expropiación, los que están todos iniciados. Lo único que nosotros hacemos es, en base a la ley de utilidad pública, iniciar el proceso judicial” sostuvo Saldivia.

Explicó que son 48 estancias afectadas, y como algunas pertenecen al mismo propietario, la cantidad de juicios es menor, estimando que son unos 38 juicios en total.

La ley estipula que al presentar la demanda de expropiación, el Estado debe pagar por cada expropiación la valuación fiscal más un 30%, “que se determina según la declaración fiscal de los mismos propietarios” indicó Saldivia, y agregó que junto con el escrito de presentación del juicio se hace el depósito correspondiente que queda consignado en la Justicia”.

Una vez hecho el depósito se emiten los mandamientos de posesión de acuerdo a la ley y de acuerdo a eso, a la fecha “tenemos entre un 80 y un 85% de mandamientos que ya fue diligenciado, en todo lo que es la zona de la represa Kirchner y Cepernic, y con esto, se hace la anotación de Litis, donde queda consignada en el Registro de la Propiedad la expropiación”.

Sostuvo que los mandamientos que faltan “que son muy poquitos, ha sido porque no se ha podido cumplimentar, fundamentalmente con el catastro, porque alguna medida no coincide, pero estimamos que pasada la veda invernal estaríamos diligenciando los últimos mandamientos de posesión que nos quedan”.

El paso siguiente es correr traslado de la demanda, donde se notifica a los propietarios a través del Juzgado el inicio del juicio, de tal forma que cada uno pueda plantear su disidencia o no, la valuación y depósito realizado.

Sobre qué significa la emisión de estos mandamientos y si esto implica que el Estado ya toma posesión sobre el bien, Saldivia contestó: “sí, es lo que establece la ley y nosotros lo cumplimentamos”. 

Y agregó que la ley 21 de Expropiación establece que no es necesario esperar la finalización del juicio para que el Estado tome posesión de las tierras. La ley vigente indica que aprobada la ley que declara la utilidad pública de dichas tierras, sujetas a expropiación por parte de la Legislatura Provincial y cumplido el trámite de mandamiento, el Estado puede tomar posesión del bien inmueble, cosa que ya viene ocurriendo.