Por Cledis Candelaresi

Aún con diferencias de estilos y tiempo, las visiones de Daniel Scioli y Mauricio Macri sobre el área energética tienen puntos de contacto. Menos subsidio,  más tarifas y estímulo a la producción de gas. Equipos técnicos dinámicos, con incorporaciones constantes

Aún los rivales más acérrimos pueden tener puntos de encuentro. La estrategia global en el área energética puede ser un buen ejemplo de cómo este principio se honra en los equipos que hoy asesoran a los candidatos identificados con más chances de llegar a la Rosada y que descuentan como ineludible un ajuste de tarifas después de diciembre.

Aunque ninguno se haya pronunciado aún públicamente sobre un tema tan incómodo, tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli descuentan que deberán aplicar una suba en el precio del gas y la electricidad, no sólo para alivianar la carga pública de subsidiar la energía sino para darle otro dinamismo a la inversión en esos rubros.

También cierta comunión entre los entendidos que arriman ideas a esos aspirantes a la máxima instancia del Ejecutivo.

Juan José Aranguren desde hoy dejó la presidencia de Shell en manos de Teófilo Lacroze y se sumará PRO con entusiasmo juvenil. Sin embargo, es bien considerado por algunos viejos técnicos peronistas con llegada al gobernador bonaerense y otros referentes del PJ a los que el flamante ex directivo, a su vez, suele consultar.

Más aún, un conspicuo dirigente menemista y ex funcionario del PJ acaba de sumarse al más estrecho círculo de pensadores macristas. Algo que sugiere que las diferencias a veces son más de estilo y matices que de fondo. La incógnita a despejar es qué distancia concreta tomaría uno y otro de la estrategia adoptada por el kirchnerismo, en particular en el sensible renglón de los precios.

El entorno sciolista empezó a trabajar en el tema energético con técnicos de la Fundación Dar y otros próximos al secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta. Con mucho recato, a este equipo se sumaron algunos hombres clave de YPF y, naturalmente, se añadirán massistas como Rubén Maltoni o Ricardo Delgado, que son, ante todo, peronistas. Puertas adentro las diferencias son más atenuadas que hacia afuera: se disputan espacios de poder pero no confrontan estrictamente proyectos.

Más gas  y más tarifas

Algunas de las ideas rectoras de ese grupo ampliado es que hay que erradicar los subsidios, reservando la ayuda estatal para los estrictamente necesitados, que algunos estiman en alrededor de un 25% del padrón. La definición pendiente es de qué modo y en qué tiempo.

Otro principio es que hay que profundizar la gasificación de la matriz energética del país y que la explotación de los hidrocarburos no convencionales tiene que orientarse a este producto más que al petróleo. En particular en esta coyuntura con bajos valores para el oil.

La nafta podría bajar, aún en desmedro de YPF. Pero hay que alentar la producción petrolera incluso con subvenciones, para evitar una caída de la actividad.

Hasta acá, no hay diferencias sustanciales con la visión de los técnicos allegados al macrismo,  varios de los ex secretarios de Energía, entre otros.

Ambos bandos también aspiran a la revisión de algún aspecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, que para los peronistas históricos recorta demasiado el poder de las provincias, y para los macristas está demasiado sesgada en favor de YPF.

Quién conducirá la principal petrolera del país es otra definición en ciernes. Que Miguel Galuccio haya tenido un encuentro con Macri exponiendo su visión encogió el estómago a más de uno en la troupe oficialista. Pero muestra una vocación genuina a la hora de reservar espacios de poder para sostener una reestatización exitosa.

El pasado no siempre condena

En el 2003, el entonces vicepresidente Daniel Scioli avaló públicamente un reajuste en las tarifas de servicios públicos, que habían sido pesificadas y congeladas tras la salida de la convertibilidad y la declaración de la emergencia económica.

La opinión de Scioli fue tan honesta como perturbadora, ya que iba en dirección opuesta a la elegida por Néstor Kirchner, que tenía sus propios fundamentos.

El entonces presidente descartó un aumento generalizado de aquellos precios, a la luz de que las empresas concesionarias tenían utilidades operativas y bajo el principio de que sus deudas en dólares implicaban un riesgo propio de la gestión privada.

En otras palabras: que los usuarios de los servicios, aún azotados por los efectos de una devaluación importante, no debían pagar ningún seguro de cambio a las firmas privatizadas, que en muchos casos habían priorizado la distribución de utilidades sobre la inversión.

Claro que en doce años el cuadro cambió drásticamente y muchas de esas compañías hoy tienen números en rojo. Las distrubuidoras Edenor y Edesur son quizás el ejemplo más claro, al punto que necesitan de los fondos públicos hasta para pagar sueldos.

Transportadora de Gas del Norte –la firma que opera Techint– asegura que con el reciente ajuste del 69% en sus tarifas, sus pérdidas habrían menguado de 4 millones a 2 millones de pesos mensuales, por citar otro ejemplo.

Miguel Bein, protagónico asesor de Scioli, se refiere en sus trabajos a “la distorsión” de los precios internos de los servicios públicos, en particular de la energía, y cuestiona que los subsidios ya representen el 4% del PBI, un tercio del aumento del gasto público en los últimos años. Otro indicio de en qué línea trabajaría.