Decir que la semana pasada la Corfo le golpeó la mesa a SQM, es quedarse corto. La verdad, el equivalente sería decir que la golpeó, y luego la dio vuelta. Todo esto en el marco del arbitraje -en etapa de conciliación que ya se toma por fracasada- por los contratos de concesión del Salar de Atacama.
“SQM debe entender una cosa básica que es inherente a la ética: los contratos se deben cumplir y de buena fe y el socio privado debe ser idóneo para asociarse con el Estado. SQM ha incumplido gravemente los contratos suscritos -basados en un contrato firmado en 1986- y eso justifica, legal y éticamente, que Corfo pida el término de los contratos, lo que posteriormente permitirá relicitar un nuevo contrato por la explotación de Salar a privados, en condiciones de mercado, y asegurar las fuentes laborales”, arremetió el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Bitran, en un comunicado de prensa.
Después de estas declaraciones, varios comenzaron a preguntarse -independiente del tiempo que pueda demorar el proceso arbitral, y los eventuales recursos de casación que se puedan presentar ante la justicia-, cuáles debieran ser las características del nuevo socio que tendría que encontrar Corfo para concretar esta idea. Esto, además, considerando que la idea traerá costos para el Estado, ya sea por dejar de percibir la renta correspondiente, como también por el eventual incremento en los niveles de desempleo de la zona, ya que se estima que entre 5.000 a 6.000 personas trabajan ligados a la operación.
Alta inversión en instalaciones
Si bien el método de extracción de potasio y litio que ocupa la compañía controlada -indirectamente- por Julio Ponce Lerou es de las más eficientes del mundo -gracias al uso de agua y características especiales del Salar-, la inversión que conlleva no es menor. La semana pasada, SQM informó que había invertido unos US$ 2.000 millones en las instalaciones.
Sin embargo, hay que considerar que el desembolso comenzó hace más de 20 años, y según fuentes del proceso, si una empresa quisiera partir desde cero, debería destinar entre US$ 5.000 y US$ 6.000 millones sólo en infraestructura, y la construcción podría demorarse hasta unos cinco años, calculan.
Pero antes de comenzar siquiera a marcar el terreno, la compañía debiera tramitar los respectivos permisos ambientales, y encargar informes geológicos e hidrogeológicos necesarios para llevar a cabo las faenas, ya que los actuales son propiedad de SQM.
Además, también tendría que negociar con la minera no metálica los derechos de agua que se usan en la operación -que son fundamentales para explicar el bajo costo de explotación- y, a menos que también quiera construir una planta procesadora de litio, debería negociar con la compañía el uso de la que la actual arrendataria posee en Antofagasta.
Interesados
Desde el gobierno estiman que si se concretara la salida de SQM del Salar de Atacama y Corfo licitara nuevamente, el interés por quedarse con el convenio sería fuerte.
Dicen que en general el proceso de tratamiento de las salmueras es relativamente simple, ya que las piscinas y la evaporación del agua juegan un rol importante en cómo se trabaja la salmuera. Esto -agrega- no supondría grandes niveles de inversión para comenzar a operar. Lo que podría darse es un período largo de tramitación ambiental.
Hay quienes ven en Rockwood -vecino de SQM en Salar- un interesado natural si es que se llega a concretar la amenaza de Corfo. Otros dicen que firmas como la estadounidense Li3 Energy -que participó en la fallida licitación que impulsó el gobierno de Piñera-, la japonesa Mitsui y la coreana Posco, podrían tener interés, dado que han estado viendo oportunidades en este mercado.
LO QUE DIJO LA COMISIÓN DEL LITIO
Tras varios meses de trabajo, la Comisión del Litio encabezada por el Ministerio de Minería despachó su informe a fines de enero. Una de las medidas de corto plazo que establecía era que Corfo revisara los contratos que mantiene con SQM y Rockwood, para que el Estado tuviera un rol más activo. Algunos ex miembros dicen que fue importante para elaborar esa recomendación una exposición que hicieron desde Corfo, donde hacían una suerte de autocrítica porque no se contaba con las herramientas necesarias para fiscalizar los contratos.
La comisión fue más allá y propuso que no se ampliaran las autorizaciones de explotación ni se permitiera una renovación futura bajo los términos actuales. De todos modos, decía que el Estado debía reafirmar su interés en el desarrollo de las actuales operaciones en un marco de sustentabilidad social, ambiental y económica.
