No es para menos; sus números provocan escalofríos en una escalada de pérdidas que hizo eclosión con el balance del 2014: las casillas en rojo treparon a 324 millones de dólares, lo que significa que abrir sus puertas le cuesta a Ancap por día casi un millón de dólares.

Y estamos hablando de un ente estatal monopólico, que tiene todo el mercado de combustibles uruguayo a su disposición, nadie le hace competencia ni hay posibilidad de recurrir a otra empresa, que fija los precios a su antojo y vende sus productos al costo más caro del continente: el gasoil un 30% por encima y las naftas un 25%.

Las deudas y las pérdidas no surgen solas por una "variación del tipo de cambio". Previamente hubo una decisión de realizar una inversión o de asumir y comprometerse a una determinada serie de gastos. Si la inversión o los gastos son productivos y racionales, o si se toman previsiones que existen en todo el mundo frente a posibles "variaciones del tipo de cambio", difícilmente se obtenga resultados calamitosos. Para quien invierte bien, o gasta bien, lo normal es que obtenga ganancias. Es por eso que hay gente que financia obras o actividades, es la esencia del capitalismo que mueve al mundo: el lucro de su inversión. Y cuando se trata de un particular, bien que estudia y analiza los riesgos que asume al hacer esa "apuesta" y cuáles serán los beneficios que obtendrá.

En los monopolios públicos, no. Quien lo posee se considera amo y señor de un área determinada y poco importa la capacidad técnica de sus autoridades, el acierto o el error de sus políticas. Nadie puede hacerle sombra, porque nadie convive y menos le disputa los clientes. Y, además, llegado el caso —si las cosas le salen mal— el Estado (todos nosotros) sacaremos la cara y la plata del bolsillo por él.

El agujero negro que tiene Ancap, que se viene arrastrando con distinta intensidad en los últimos años, es producto de decisiones rayanas con el espanto y una muestra de desaprensión absoluta con los dineros públicos. Por un lado, sus autoridades se afiliaron a la filosofía del "clientelismo político" y de 2.100 empleados que había en 2005 (luego de un proceso de reducción de vacantes) lo elevaron a 2.900 (los costos fijos de Ancap saltaron de US$ 130 millones en 2005 a los US$ 330 millones de hoy) y, por, otro desplegaron un espíritu aventurero a la hora de hacer inversiones que fueron un rotundo fracaso.

Si se aumenta el gasto incorporando funcionarios y se financian emprendimientos que no arrojan beneficio alguno, sino que por el contrario, dan pérdidas, el resultado no puede ser otro que el que hoy tenemos a la vista. La plata sale y sale, pero no entra por ningún lado y si lo hace es en forma de moneditas.

La empresa se ha caracterizado en los últimos años por lanzarse a aventuras de dudosa rentabilidad en nuestro país y fuera de fronteras. Aquí tiene emprendimientos emblemáticos por los costos que le significan: ALUR, la producción de cal que ha intentado encarar y las cementeras. Son negocios deficitarios que se mantienen y se insiste con ellos. Creado uno por razones ideológicas (ALUR por los cañeros de Bella Unión), otro porque erró feo en sus cálculos de ingreso en el mercado brasileño, y el tercero porque cuando estaba en manos privadas funcionaba bien, pero al cambiar a manos públicas, no. Pero además tiene inversiones y sociedades en Argentina y Venezuela que son manejadas por subsidiarias de derecho privado del ente y, como tales, no están sujetas al control del Tribunal de Cuentas de la República.

El "muerto" de Ancap, entre 2013 y 2014, ascendió a 500 millones de dólares. En lo que va del 2015 puede estimarse en US$ 120 millones, solo por el tipo de cambio. Parece hora de que se transparente todo Ancap y que se explique de forma convincente a la ciudadanía qué fue lo que pasó, cuáles son las responsabilidades y quiénes deben dar explicaciones. La negativa del Frente Amplio de permitir la actuación de una Comisión Investigadora a nivel parlamentario es una decisión política que da a entender que hay muchas cosas que ocultar. Si todo fuera cristalino, nadie cierra las puertas a que se conozca la verdad. Cuando se hace, quedan dudas y sospechas sobre procederes y probidad de dirigentes, los que quedan marcados para siempre.

Pero eso, que en otros tiempos era un valor innegociable, ahora parece que importa poco. Así vamos.

Así, preguntó si eso es malo y respondió que “no para quienes defienden las empresas públicas”. De ese modo, el líder de la Vertiente Artiguista aseguró que “podrá haber descalce entre el tiempo de las inversiones y el tiempo de su retorno, pero no hay joda como sí hubo en Argentina”.

Para Rubio “cualquiera se da cuenta de que hay que desdolarizarse y reperfilar el endeudamiento en moneda y plazos, pero las inversiones están a la vista”. Asimismo, dijo que “no es compatible que se tome la principal empresa pública para hacer caja o como herramienta contra la inflación con su reequilibramiento” y apuntó que “esto viene de atrás”.

Según el exlegislador, “eso no quiere decir que el ritmo de las inversiones fuera el más adecuado, pero una cosa es una cosa y no otra”. En tal sentido, concluyó que “una cosa es mejorar la gestión, y otra el escándalo como factura política”.

Vale recordar que el senador Lacalle Pou se manifestó sorprendido “por algunos números ” en la situación de Ancap, y dijo que no descarta la posibilidad de solicitar una comisión investigadora para el ente. “Estamos evaluando acciones legislativas, y por qué no una comisión investigadora”, manifestó al respecto.

Las cuantiosas pérdidas de ANCAP se originan en pobreza de gestión, reflejada en la baja productividad de su refinería y en errores de planificación en inversiones no redituables dentro y fuera del país. El ente opera a pérdida o con costos desmesurados en sus áreas principales, especialmente en la refinación de combustibles, la producción de cemento y la de etanol sobre la base de la caña de azúcar de ALUR. Las ineficiencias de la refinería de La Teja han sido reiteradamente informadas. Se derivan de un tremendo exceso de personal, hasta 10 veces más del necesario, lo que redunda en un bajo nivel de productividad. Tiene alrededor de 1.000 trabajadores cuando en países más eficientes, por ejemplo Estados Unidos, una refinería pequeña de tamaño comparable funciona con no más de un centenar.

El área del cemento también trabaja a pérdida, excepto por un breve período de exportaciones a Argentina años atrás, que condujo, con poca previsión, a expandir instalaciones con nuevas inversiones costosas que hoy carecen de suficientes compradores que las justifiquen. ALUR, por su parte, surgió del compromiso del presidente Tabaré Vázquez, en su primera campaña electoral en 2004, de reabrir la planta Espinillar, cerrada durante la administración Lacalle. Transformaciones y dificultades operativas a lo largo de los años desembocaron en la actual producción de etanol, que la empresa vende al ente madre en condiciones financieras que esconden subsidios, según aseguran expertos en el tema.

A las claudicaciones dentro de fronteras se agregan las deficitarias aventuras en Argentina y Venezuela. La compra de una red de estaciones de servicio en Argentina, realizada antes de que el Frente Amplio llegara al poder, resultó un mal negocio que todavía hoy afecta las finanzas del ente petrolero. Ha invertido también en una improductiva asociación minoritaria con la deteriorada Pdvsa estatal de Venezuela. Las consecuencias de la acumulación de errores de gestión son las pérdidas en aumento que ANCAP acumula año a año. Fueron de US$ 169 millones en 2013, US$ 323 millones en 2014 y, según se ha informado, alcanzó los US$ 100 millones en los primeros meses de este año.

Esta situación complica aun más las dificultades financieras que enfrenta el gobierno. Proyecta que las empresas públicas aumenten sus aportes a Rentas Generales para ayudar al prometido abatimiento del déficit fiscal en un punto, a 2,5% del PIB. Pero el estado de las cuentas de ANCAP apuntan a que, en vez de arrimarle más recursos, el gobierno tenga que salir al rescate de la más grande pero deficitaria empresa del país. No todas las empresas públicas están en igual situación ya que algunas, como UTE y ANTEL, han sido mejor administradas para mejorar servicios a través de la transformación del marco energético y el desarrollo de las comunicaciones mediante la fibra óptica. Hoy Uruguay está solucionando los problemas de abastecimiento de energía y depende cada vez menos del petróleo. Además se ha colocado a la vanguardia de las telecomunicaciones en América Latina con acceso universal a servicios de calidad.

La solución expeditiva de cortar pérdidas y actuar con sentido empresarial choca con la inamovilidad del empleo público y la parsimonia oficial. Es un intríngulis que desafía la decisión del gobierno de ordenar las finanzas del Estado, meta solo alcanzable a largo plazo si se asegura la buena administración que hoy lo elude en tantas áreas.