En el Perú, cuando hablamos de minería, la asociamos a dos cosas: riqueza y conflictos sociales. En los últimos seis años, hemos sido más sensibles a los conflictos sociales ante la presencia de la industria minera.
Estos han desembocado, en muchas ocasiones, en violencia por parte de las fuerzas del orden y de la comunidad afectada.
Algunos ven a la minería como una vía para el desarrollo y como actividad responsable en gran parte de la dinamización de la economía; otros como la principal protagonista de la destrucción del medio ambiente. La industria minera representa cerca del 11% del Producto Bruto Interno (PBI).
Asimismo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el crecimiento del PBI se estima en 3.9%, 5.3% y 5.8% para el 2015, 2016 y 2017, respectivamente; se sustenta principalmente en el incremento de la inversión minera, que, se prevé, aumente en 11.9% en el 2015 y 17.8% en el 2016.
Según el último informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), como resultado del retraso de los proyectos mineros en el país, durante el periodo 2008-2010 la economía dejó de crecer 2.9 puntos porcentuales, mientras que entre el 2011 y el 2014 se perdieron 13.4 puntos porcentuales de crecimiento.
Del total de proyectos mineros para ser desarrollados del 2008 al 2014, el 22.8% fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se encuentran en plazo de ejecución, el 8.7% han sufrido demoras por factores internos (propios de las empresas) y el 32.3% (15 proyectos) han sido paralizados o retrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas.
El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el periodo descrito.
Así, la inversión que el país dejó de percibir en los últimos siete años es de 21,515 millones de dólares, mientras que la producción perdida en dicho periodo fue de 24,640 millones de dólares.
Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el resto de la economía (US$21,048 millones), el Perú perdió 67,203 millones de dólares.
En el 2014, si los proyectos mineros se hubiesen ejecutado de acuerdo con el plan inicialmente trazado, el PBI habría crecido 6.8% en lugar del magro 2.4%. La minería habría permitido generar más puestos de trabajo, incrementar la recaudación de impuestos y reducir la pobreza a pesar de la desaceleración internacional (el menor crecimiento de China, la crisis de Europa y el estancamiento de Estados Unidos).
Roque Benavides, presidente del directorio de la minera Buenaventura, señala que, en los últimos cuatro o cinco años, han puesto en producción La Zanja y Tantahuatay en Cajamarca; Mallay, muy cerca de Lima, en Churín; la planta procesadora de Río Seco y la hidroeléctrica de Huanta.
Benavides enfatiza en que “hay proyectos que se han podido realizar, pero obviamente Conga, Tía María y Santa Ana han hecho primeras planas. Nuestros proyectos no han hecho primeras planas y venimos trabajando, operando y produciendo, con dificultades, pero hemos logrado seguir adelante, así que tenemos que ver las cosas con cierto optimismo. Quisiéramos tener mucho más respaldo, pero eso no nos va a vencer, vamos a seguir operando; tenemos una responsabilidad muy grande. En nuestro caso, son 12,000 personas que trabajan en la empresa. Mucha gente no es consciente de la cantidad de personal que puede tener una compañía minera, sobre todo en zonas rurales altoandinas descentralizadas de nuestro país”.
Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens, reporta que, mientras en el 2007 el Perú tenía una participación de 5.6% en la minería mundial, actualmente solo bordea el 4%. Así, para Prialé, “la preponderancia del Perú en la industria minera mundial ha caído como consecuencia de un crecimiento interno de la industria mucho más lento”.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la fecha existen 95 conflictos socioambientales en el sector minero. La mayoría se concentra en la sierra sur (Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y Junín).
Kurt Burneo, economista y vicerrector de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, remarca que hoy ve el caso de Tía María como una reproducción del conflicto de Conga, que vivió cuando estaba en el gabinete. Al respecto, comenta que “muchas veces las empresas mineras no toman una parte muy activa a la hora de buscar la legitimidad social entre las comunidades.
Además, la lógica del Gobierno Nacional muchas veces va en contra de la lógica del gobierno regional o municipal, sencillamente porque a veces el gobierno local hace demasiado cálculo político a la hora de tomar el liderazgo para poder explicar a la población los beneficios que tiene la actividad minera y deja aislado al Gobierno Nacional. En ese sentido, en Tía María y Conga había gobiernos regionales contrarios al desarrollo del proyecto. Las relaciones no solo son de no colaboración, sino de oposición. Pero, en ambos casos, otro elemento común que encuentro es que las empresas mineras no desarrollaron una parte proactiva que creo que les correspondía”.
De otro lado, Carlos Arredondo, alcalde provincial de Yauli-La Oroya, afirma: “Es paradójico que, mientras en proyectos como Conga (Cajamarca) o Tía María (Arequipa) la población rechaza la presencia de la minera, en La Oroya la población se moviliza exigiéndole al Estado que existan la minería y la metalurgia. Considero que la minería es la principal y única fuente económica de toda la población. Dependemos del funcionamiento del complejo metalúrgico, pues este genera el dinamismo de diversos sectores”.
La postergación de los proyectos mineros de mediana o gran envergadura tiene un impacto en la economía del país y generalmente sobre el bienestar de todos los peruanos; eso es absolutamente incuestionable,indica Rodrigo Prialé.
Raúl Jacobs, vicepresidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala: “Estamos dejando de generar puestos de trabajo bien remunerados que resultan de gran importancia en las zonas donde se encuentran los proyectos, que usualmente coinciden con zonas alejadas de los grandes centros urbanos o zonas de ingresos deprimidos”.
Roque Benavides hace una autocrítica e indica: “Las empresas tenemos que aprender a integrarnos con la comunidad muchísimo más. Tenemos que aprender su cultura, su idioma. Uno va a la casa de una persona que lo invita y habla en el idioma de la persona. Yo creo que hay un tema cultural, lingüístico y de tradiciones que hay que respetar. Ciertamente, nos preocupamos de esos aspectos, que podrían ser considerados blandos, pero que son duros en el fondo. Hay que valorizar la cultura y el idioma con los que tenemos que tratar”.
Para Kurt Burneo, el Perú es un país minero y eso es algo que no se puede obviar. Además, indica: “Es un absurdo decir no a la minería, pero se entiende que estamos hablando de una actividad minera que sea respetuosa del medio ambiente, que tenga un derrotero claro cuando se abordan yacimientos mineros, con perspectivas de las actividades económicas que tienen las comunidades que se encuentran alrededor del yacimiento minero y como se practica en otros países, como Canadá o Australia, donde, de la mano de la minería, se pueden desarrollar otras actividades económicas”.
Carlos Arredondo espera que un nuevo gobierno pueda tener mejores políticas en cuanto a medio ambiente y actividad minera para que, sobre todo, haga un trabajo de sensibilización a las comunidades, a las poblaciones donde hay presencia minera. El alcalde remarca: “Esto le faltó hacer al gobierno actual en las zonas sur y norte del país. En La Oroya lo que falta es comunicación. Al gobierno le faltan mecanismos para poder impulsar proyectos mineros importantes en el país”.
Roque Benavides señala que espera que el próximo gobierno evalúel a eficiencia de la denominada “permisología”, que en muchos casos ha sido un proceso que ha trabado el desarrollo de operaciones sencillas como también de ampliaciones.
Kurt Burneo destaca, como parte de su experiencia en el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), “la necesidad de diferenciar las demandas de las poblaciones afectadas por el desarrollo de la actividad minera. Así, cuando se soslaya la diferencia de agendas y se trata de aplicar un mismo molde, se entra en problemas. En el caso de Tía María, faltó una mejor evaluación de cuáles son las actividades importantes, cuál es el nivel de ingreso de la población involucrada”.
Prialé enfatiza que la minería es un importante generador de divisas, pero se deben buscar otros sectores que de manera paulatina aporten al PBI, como ocurre en otros países. Raúl Jacobs manifiesta que el Estado debe cumplir su rol de asegurar la tranquilidad pública, además de respetar los derechos de las comunidades y los procedimientos establecidos.
El Perú es un país minero. La minería en nuestro país representa más del 50% del ingreso de moneda extranjera por concepto de exportaciones, el 20% de la recaudación de impuestos, el 11% de la capacidad productiva nacional (Producto Bruto Interno) y la mayor parte de la inversión extranjera. Este sector es un pilar de la economía peruana.
Además, somos uno de los principales productores de minerales en el mundo: exportadores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros metales. Casi la totalidad de la producción del sector es exportada a los principales mercados, como EE.UU., China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea.
Nuestro potencial geológico, por la presencia de la Cordillera de los Andes, constituye la principal fuente de recursos minerales.
Sin embargo, el clima social y político ha dificultado el desarrollo de importantes proyectos de explotación minera. Desde 2008, se han retrasado 15 proyectos mineros distribuidos en ocho regiones del país, que representan inversiones por más de 21 mil millones de dólares, según un estudio sobre el costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y trabas burocráticas del Instituto Peruano de Economía (IPE). No lo dude, el Perú es un país minero.
