A través de una argucia legal, y en medio un ahogo financiero, la provincia busca reflotar la adjudicación de un bloque petrolero a la empresa pampeana Enercana. Se trata de la desconocida firma que promete abonar unos 300 millones de pesos al Tesoro para operar en Parva Negra Oeste, un yacimiento gasífero que licitó la estatal GyP el año pasado.
Por decreto, el gobernador Jorge Sapag creó un registro provincial de empresas hidrocarburíferas, un requisito de forma que deben cumplir todas las firmas del sector que quieran operar en Neuquén. Se trata de un hermano gemelo del registro que tiene la Secretaría de Energía de Nación y al cual nunca pudo ingresar Enercana. Esta es justamente la única traba por la cual no pudo firmar el contrato de adjudicación con la firma pampeana.
Sin embargo, con la creación de esta nueva nómina, el escollo quedaría salvado y la ignota petrolera podrá ingresar al negocio neuquino, previo pago del bono de acceso de 300 millones de pesos. El dinero oficiaría como un bálsamo en momentos donde el gobierno busca un auxilio financiero para afrontar el pago del medio aguinaldo del primer semestre.
Este "by pass" legal se suma a una larga lista de concesiones que la provincia tuvo con esta compañía, la única oferente por este yacimiento y una firma desconocida en el sector. Entre ellos, se cuentan varias prórrogas de tiempo otorgadas antes y después de confirmada la adjudicación del bloque, situación que no estaba contemplada en el pliego original de licitación.
Sobre el tema en cuestión, el documento aclara que no podrá ser oferente aquella empresa que "se encuentre suspendida o inhabilitada en el Registro de Empresas Petroleras de la Secretaría de Energía de Nación". Es decir que el pliego debería ser enmendado para cambiar el registro nacional por el provincial.
El nuevo registro inaugurado por Neuquén debutará en julio. Desde su puesta en marcha quedarán inscriptas, de forma automática, todas aquellas firmas que estaban regularizadas en el nacional.
La provincia argumenta que a partir de la Ley Corta la jurisdicción de los recursos es local.
Si es la provincia la que licita, es la provincia la que debe autorizar o no a una empresa para que licite, razonan desde el entorno del gobernador Sapag.
Todas las leyes, tanto nacionales como provinciales, avalan esta creación, en apariencia un mero requisito de forma. Sin embargo, se esconde detrás una puja política con Nación e YPF.
