Por Sebastián Saharrea

Dos revelaciones de los últimos días relacionadas con el conflicto entre dos empresas mineras a ambos lado del límite y sus respectivos países por basura arrojada de un megaproyecto en Chile hacia el lado sanjuanino, han sacudido el tablero político trasandino. Una, la difusión de un paper reservado de la dirección de Minería de ese país contradiciendo a la propia ministra de la actividad, Aurora Williams, quien había extendido una extraña certificación de buena fe a los operadores de Pelambres sobre sus actividades en plena cordillera sanjuanina.

Otra, la parábola de un funcionario de máximo nivel designado por la presidenta Michelle Bachellet, Jorge Insunza, como secretario general de la Presidencia, quien debió renunciar a escasos 28 días de haber asumido porque se conoció que había trabajado para empresas mineras (entre ellas Antofagasta Mineral, la dueña mayoritaria de Pelambres) mientras presidía la comisión parlamentaria de minería.

Pelambres es el nombre del emprendimiento minero situado justo a la altura de San Juan, pero del lado chileno y a muy pocos kilómetros. Es un verdadero gigante de la actividad porque es la segunda mina de cobre chilena y la quinta en actividad de todo el mundo. Está controlada por la compañía Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.

Desde hace un año, mantiene un serio litigio con la sanjuanina Pachón, dueña del terreno pegado al límite con Chile, donde la empresa Glencore planea construir una gran mina de cobre del lado argentino con una inversión de U$S 3.000 millones.

El motivo del litigio es que se descubrió una escombrera con material desechado por la mina en Chile arrojado del lado argentino del límite, además de basura como cubiertas de los grandes fuera de ruta. Pelambres negó los cargos señalando que lo hicieron con la autorización del Instituto Geográfico Militar de ese país, que le indicó que la localización del botadero estaba comprendido en terreno chileno, y que luego hubo una comisión que corrigió los hitos limítrofes.

Del lado argentino respondieron que no hubo ninguna corrección de hitos fronterizos y que la acción de la empresa chilena fue conociendo lo que estaban haciendo. En consecuencia, entablaron una acción civil contra Pelambres en el los juzgados federales de San Juan, y cayó en el juez Miguel Gálvez. Le pidieron una cautelar que los obligue a remediar el daño, llevarse el botadero a Chile y pagar una suma de dinero en concepto de daños y alquiler. En abril agregaron también una querella penal contra los máximos directivos de Pelambres.

Esa acción de la empresa argentina en Chile ocasionó una fuerte repercusión en el país trasandino, que acaba de sacudir con un par de remezones en la coyuntura política de ese país. Hace algo más de un mes -el 8 de abril pasado- el abogado de Pelambres Andrés Jana Linetsky, le comunicó a la ministra Aurora Williams sobre la querella a la que estaba siendo sometida la empresa y le solicitó un certificado de "buena fe”. Esa petición, relevada por sitio on line chileno The Clinic, indica que "nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.

En un tiempo asombrosamente rápido, el ministerio respondió el 22 de abril con la firma del jefe de Gabinete de Williams, Adolfo Galindo, con un documento oficial, incluyendo el membrete ministerial y consignando precisamente lo solicitado: la "buena fe” de Pelambres. Agrega The Clinic que la ministra Williams se desempeñó antes de ser secretaria de Estado como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, controlada en un 65 % por el Grupo Luksic –a través de las sociedades SAAM Puertos SA e Inversiones Punta de Rieles Ltda.-, es decir la misma controladora de Pelambres.

La decisión del ministerio de emitir el certificado de buena fe generó una sensación extraña en Chile. Porque la cartera no puede emitir una certificación de ese tipo a una empresa a la que debe regular: The Clinic cita a un ex ministro al que no identifica, quien sostiene que no existe una atribución ministerial para certificaciones de ese tipo.

Y eso que no se conocía el documento interno, del director de Minería, indicando que por el contrario, la conducta de Pelambres no fue la correspondiente en cuanto a la cuestión limítrofe. Un mes antes del pedido de Pelambres, Ignacio Moreno, jefe de la repartición elaboró una minuta reservada poniendo en duda lo que luego escribiría la ministra Williams.

Lo primero que dice Moreno es que desde 2013 Pelambres viene sosteniendo la participación del estado chileno para enfrentar la situación, ante lo cual "se les ha manifestado explícitamente” que se trata de un problema entre dos privados "sin perjuicio de colaborar en la búsqueda de una solución”. Es la primera contradicción con el certificado de buena conducta emitido por el Ministerio con el que se defiende Pelambre.

Luego va más al hueso la minuta del director. Señala que –según lo que publicó The Clinic- al solicitar los permisos para construir el basurero en las alturas "Luksic omitió recurrir a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tal como era su obligación dado el lugar en que proyectaba eliminar los desechos de su actividad minera y según refiere la cartografía del Instituto Geográfico Militar de 1985”.

El texto de Moreno echa por tierra la tesis de la buena fe al consignar que la Cartografía del Instituto Geográfico Militar señala que "con antelación a toda actividad en terreno que las personas naturales y/o jurídicas, sean de derecho público o privado, desarrollen dentro de una faja de 5 kilómetros desde el límite internacional, deberá ser consultada la Difrol”. Y a la Difrol no acudieron.

Agrega Moreno que "Minera Los Pelambres ha argüido, indirectamente, que es responsabilidad del Estado haber autorizado el botadero comprometiendo territorio argentino ya que la empresa se habría basado de buena fe en una cartografía oficial del Estado. Sin embargo, Sernageomín, quien autorizó el botadero, no tiene competencia respecto a límites y sólo autoriza el botadero considerando las normas vigentes de seguridad minera. Por otro lado, la referida cartografía exige a MLP recurrir a Difrol previo a cualquier actividad en dicha zona, acción que ésta no realizó”.

Agrega la publicación chilena que desde Los Pelambres aseguran que Moreno se equivoca ya que las autorizaciones de la empresa se sustentaron en el mapa de 1996 donde no se exige que se pida permiso a la Difrol para construir y operar. En el ministerio de Minería hubo un sumario interno para evaluar la conducta del funcionario que firmó el certificado de "buena fe”. Por ahora, Williams sigue al frente de la cartera.

El otro efecto político que caló hondo en la coyuntura chilena relacionado con Pelambres fue la corta parábola del ya ex secretario general de la presidenta Bachellet, Jorge Insunza. Fue designado en medio de la remoción masiva que hizo la mandataria luego del hallazgo de las actividades de su propio hijo –también funcionario- con una deuda bancaria para un megaemprendimiento inmobiliario paralelo a su trabajo como funcionario. Debió irse acusado de tráfico de influencias y su madre pidió la renuncia a todo su equipo.

Allí fue cuando señaló a Insunza para que se hiciera cargo de una de las sillas de mayor confianza de la presidenta, la secretaría general. Pero la permanencia del nuevo funcionario duró poco, hasta que se descubrió que durante su trabajo como diputado prestó asesoramiento rentado a un par de empresas mineras: la todopoderosa estatal Codelco y Antofagasta Minerals, justamente la dueña de Pelambres y en el mismo momento en que se produjo el certificado de buena fe emitido por el ministerio de Minería sobre sus actividades en la Argentina. Para redondear la situación, Insunza se desempeñó hasta la designación de Bachellet como presidente de la comisión de Minería.

Insunza reaccionó publicando sus trabajos para esas compañías. Y la semana pasada utilizó el clásico patio de los naranjos de La Moneda para anunciar su alejamiento y señalar un desafío a la oposición política –la derechista UDI- a someterse a los mismos filtros de honestidad bajo sugerencia de que esa doble asignación pública-privada es muy común en toda la dirigencia del país. La presidenta Bachellet le aceptó inmediatamente la renuncia, a sólo 28 días de haberlo designado.