El sindicato de trabajadores SQM Salar, interpuso este viernes un recurso de protección contra Corfo -cuyo representante legal es su vicepresidente Ejecutivo, Eduardo Bitrán- tras conocerse el rechazo del Consejo Directivo de la estatal a una propuesta de conciliación con la compañía, en el marco del juicio arbitral con el que la entidad fiscal busca adelantar el término de las concesiones a la minera en el Salar de Atacama.

El acuerdo, planteado por el juez arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Héctor Humeres, consistía en el pago de 17 millones de dólares y la modificación del contrato de arrendamiento que mantienen desde 1993. Sin embargo, el Consejo Directivo de la estatal lo rechazó el pasado 11 de junio.

El recurso señala que Corfo expone la fuente de trabajo “que puede quedar sin sustento efectivo de la noche a la mañana” si la estatal mantiene la posición de rechazar la conciliación y continuar con el procedimiento hasta la dictación del fallo arbitral.

El presidente del Sindicato SQM Salar, Claudio Castillo, señaló a The Clinic Online que la medida es parte una ofensiva de los trabajadores que se verán afectados por esta decisión, que suman más de 3.500 de manera directa y otros 3.000 trabajadores relacionados al transporte y distribución.

“Lo que está haciendo la Corfo es frenar la economía del país si se finalizan los contratos. La cesantía se verá incrementada y tendremos un oscuro panorama porque nuestros trabajadores se verían directamente afectados por algo que no corresponde”, señala.

Mantener el contrato

El recurso fue presentado este viernes luego de que la semana pasada se hiciera público el rechazo de Corfo a la salida propuesta por el juez arbitral, por parte el Consejo Directivo de la estatal, que está compuesto por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el Vicepresidente Ejecutivo, Eduardo Bitrán; y los ministros Rodrigo Valdés (Hacienda); Heraldo Muñoz (RR.EE.), Marcos Barraza (Desarrollo Social); y Carlos Furche (Agricultura), más un representante de la Presidencia, rol que cumple el empresario Rafael Guilisasti.

El recurso alude la vulneración de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°16 y N°22 de la Constitución, que hablan del derecho a la libertad del trabajo y su protección y a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

De esa forma la acción busca que se “restablezca el imperio del derecho, disponiendo que la recurrida mantenga el actual contrato vigente entre ambas instituciones, conservando todas las estipulaciones contenidas en el contrato antes aludido, así como también sus beneficios”.

El texto agrega que a fin de evitar graves perjuicios, se decreta orden de no innovar para que Corfo no pueda de manara unilateral solicitar el término anticipado del contrato de arrendamiento con SQM Salar por los 28.054 hectáreas de propiedad fiscal, para la explotación de potasio, litio y cualquier otra sustancia que pudiere explotarse en el Salar, el que tiene un plazo de vigencia hasta el 31 de Diciembre del año 2030.

Según Castillo, la medida vendrá a aparejada de otras acciones y no se descarta que los trabajadores radicalizen sus acciones con bloqueos de caminos y pasos internacionales de ser necesarios. “Nadie se ha preocupado de la situación de los trabajadores, que nada tienen que ver con las polémicas de los directivos de la empresa”, recalca el dirigente.

Cabe recordar que Corfo rechazó hace una semana un eventual acuerdo, tras la demanda que inició la estatal el 16 de mayo de 2014, cuando se pidió el término del contrato de arrendamiento, el pago de indemnización de rentas por percibir hasta el 31 de diciembre de 2030, el pago por daño moral de 30% de los daños materiales que se determinen en juicio arbitral y la restitución de las pertenencias mineras.

Dicho contrato permite a la compañía de Ponce Lerou a explotar recursos en un total de 81.920 hectáreas hasta el 31 de diciembre de 2030. Nada menor para la empresa privatizada en dictadura, ya que las operaciones en el Salar de Atacama le reportan casi el 40% del total de ingresos a la firma. En 2014, SEM tuvo ingresos por 2.014 millones de dólares.