La feroz crisis política que enfrenta Brasil por el caso "Lava Jato" podría impactar ahora sí de manera severa a su maltrecha economía. La decisión de la justicia de ordenar esta madrugada la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la mayor compañía de ingeniería y construcción de América Latina y principal empleador privado de Brasil, Odebrecht SA, tuvo impacto global y preocupó por sus consecuencias económicas.
En un operativo lanzado antes del amanecer se realizaron 12 arrestos en cuatro estados, que incluyeron la detención de otro coloso de la construcción brasileña: Otávio Marques Azevedo, presidente de Andrade Gutierrez, la segunda mayor constructora de Brasil.
Según informó la agencia Reuters, el fiscal Carlos Fernando dos Santos Limas dijo que "no tenía dudas" de que Odebrecht y Andrade Gutierrez encabezaban lo que llamó un "cártel" que cobró de más a Petrobras por trabajos y traspasó el exceso de fondos a ejecutivos y políticos. El funcionario judicial acusó al conglomerado administrado por su familia de liderar un esquema de sobornos por 2.100 millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.
El prestigioso analista brasileño Paulo Moreira Leite, advirtió de inmediato que esta escalada judicial -que tendría en la mira a la propia presidenta Dilma Rouseff, que ya está acosada por la sombra de un impeachment- podría agravar la recesión brasileña.
"Con las detenciones de los presidentes de las constructoras Norberto Odebrecht y Andrade Gutierrez, el Operativo Lava Jato entró en una etapa en que una acción judicial supera la frontera de lo legítimo y razonable para asumir la fisonomía de una operación abiertamente política, capaz de destruir sectores aún saludables de la economía, agravando todos los sacrificios que han sido hechos y serán hechos por la población en los próximos meses", sostuvo Moreira Leite, según reflejó el portal 247.
Es que estas detenciones "preventivas" del juez Sergio Moro han sido muy cuestionadas hasta por el Tribunal Constitucional brasileño, porque es más que evidente que empresarios de la talla de Odebrecht y Azevedo no van a fugarse (ver recuadro).
"Las detenciones crean una situación innecesaria de incertidumbre e inseguridad", señaló el analista y advirtió que "habituada a justificar las detenciones preventivas con el argumento de preservar el "orden público", a partir de este viernes 19 de junio del 2015 el Lava Jato se convirtió definitivamente en una amenaza al orden público".
"Por más que ejecutivos de grandes empresas puedan ser acusados de ilícitos -actos que deben ser investigados y, si fuera el caso, castigados de forma responsable-, sus compañías forman parte de la historia de Brasil. Ayudaron a construir la séptima economía del mundo. Responden por miles de empleos. Están presentes en mercados importantes de la economía global. Su detención es una pésima señal interna y externa. Ayuda a debilitar el país y puede contribuir a empeorar las condiciones de vida de la población", advirtió el analista.
Y anticipó acaso una de las posibles consecuencias del impacto de esta invesyigación en el sistema político: "Ya sabíamos que el modelo de trabajo del juez Moro es la Operación Mani Pulite, la que entregó Italia al bunga-bunga de Silvio Berlusconi y transformó una de las glorias culturales y políticas de la humanidad en un reino de segunda clase, dependiente y subordinado a potencias vecinas, empezando por Alemania".
La empresa Odebrech es un gigante regional con inversiones multimillonarias en todo el continente y grandes proyectos en Marcha en Argentina -como la planta potabilizadora del Conurbano Norte y el Soterramiento del tren Sarmiento-, en Estados Unidos, Ecuador, Cuba y México, entre otras obras.
El arresto de Odebrecht, ocurre luego que se revelaran supuestos vínculos personales con el ex presidente Lula da Silva y es parte de una investigación que está cercando el corazón del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en lo que parece una operación de pinzas sobre la propia Dilma Rouseff.
Rouseff era la presidenta del directorio de Petrobras durante la presidencia de Lula y siempre afirmó desconocer los presuntos hechos de corrupción que datan de al menos 2004.
El mes pasado, fiscales federales abrieron otra investigación para determinar si Lula usó en forma inapropiada sus vínculos para beneficiar a Odebrecht, pues dijeron que desde 2011 el ex mandatario ha viajado a menudo al extranjero a costas de esta compañía, como parte de las actividades de su fundación.
El Instituto Lula negó haber incurrido en irregularidades en ese momento y este viernes declinó a formular comentarios.
La investigación del "Lava Jato" ya alcanzó a decenas de legisladores, la mayoría de ellos del PT.
La abogada del grupo Odebrecht, Dora Cavalcanti, ofreció a LPO sus argumentos de porqué considera irregulares las detenciones "preventivas" que realiza el juez a cargo de la causa del "Lava Jato". "Las medidas de búsqueda e incautación y prisión cumplidas en el día de hoy son completamente innecesarias y por eso mismo manifiestamente ilegales", afirmó la abogada.
"El Supremo Tribunal Federal, STF ya tuvo la oportunidad, en el ámbito de la operación Lava Jato, de reiterar que la prisión preventiva es una medida de excepción, que no puede convertirse en una anticipación de la pena y el comportamiento de Odebrecht y de sus ejecutivos a lo largo de este más de un año de investigación muestra claramente la injusticia de una prisión sin proceso. Permanecieron en sus casas, junto a sus familias, cumpliendo sus obligaciones", agregó.
La abogada explicó que "los ejecutivos que hoy fueron arrestados ya fueron escuchados en las investigaciones que se tramitan en el STF y en el Superior Tribunal de Justicia, STJ. Además, en más de una ocasión, manifestaron por escrito su disponibilidad para prestar declaración ante la Policía Federal de Curitiba. Asimismo, la empresa presentó todos los documentos y aclaraciones solicitados por el juez federal Sérgio Moro."
Y destacó que "no hay un hecho nuevo en la decisión" y subrayó que "la decisión llega al punto de penalizar a las empresas que no hicieron delación premiada o acuerdo de colaboración. Al contrario de lo que afirma la decisión judicial, la empresa posee un rígido código de conducta y un programa de conformidad reconocido internacionalmente."
Finalmente la abogada anunció que "la empresa está tomando todas las medidas judiciales pertinentes y confía en que pronto serán restablecidas la normalidad procesal y las garantías constitucionales."
La Constructora Norberto Odebrecht (CNO) confirma la operación de la Policía Federal en sus oficinas en São Paulo y Rio de Janeiro, cumpliendo mandatos de búsqueda e incautación. Al mismo tiempo, se emitieron algunos mandatos de prisión y conducción coercitiva.
Como es de conocimiento público, CNO mantiene que estos mandatos son innecesarios, ya que la empresa y sus ejecutivos, desde el comienzo de la operación Lava Jato, siempre estuvieron a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones.
La policía brasileña inició hoy una nueva fase de la investigación sobre las corruptelas en la estatal Petrobras y detuvo a los presidentes de las constructoras Andrade Gutiérrez y Odebrecht, dos de las más importantes empresas del país.
Según informaron fuentes oficiales, la operación se desarrolla en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul, y tiene como objetivo la detención de 59 personas.
La Policía Federal confirmó que, entre las personas que ya han sido detenidas, figuran los empresarios Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo, quienes presiden las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, respectivamente.
Marcelo Odebrecht: problemas por el caso Petrobras
Esas dos compañías están entre las más importantes constructoras de Brasil y mantienen operaciones en decenas de países, en los que actualmente desarrollan desde obras para trenes y metros hasta represas hidroeléctricas.
Ambas empresas, al igual que otras 25 firmas, son investigadas por su supuesta participación en una vasta red de corrupción enquistada en Petrobras, que durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos 2 mil millones de dólares.
Según la policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y las diferencias eran repartidas entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.
Por este mismo caso, las autoridades también investigan a medio centenar de políticos, que en su mayoría pertenecen a la coalición que respalda al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
Algunos de los que figuran son los presidentes de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y del Senado, Renán Calheiros.
Entre los detenidos está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, quien está acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.
