La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) rechazó hace una semana una propuesta de conciliación con SQM, que consideraba, entre otros aspectos, el pago a la estatal de US$ 17 millones y la modificación de un contrato de arrendamiento que mantienen desde 1993. La alternativa fue planteada por el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Héctor Humeres, y buscaba poner fin a un conflicto por el eventual incumplimiento de los términos de ese acuerdo, por parte de SQM Salar, subsidiaria de la minera controlada por Julio Ponce.
El consejo directivo de Corfo está liderado por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el vicepresidente ejecutivo del organismo, Eduardo Bitrán. A ellos se suman los titulares de Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Agricultura, y un representante de la Presidencia de la República, que en este caso es Rafael Guilisasti.
Corfo y SQM Salar suscribieron en 1993 un contrato en virtud del cual la firma puede explotar recursos minerales en 81.920 hectáreas hasta el 31 de diciembre de 2030. La estatal alega que la empresa controlada por Julio Ponce no habría cumplido con el pago, íntegro y oportuno, de las rentas trimestrales desde 2009 en adelante.
En su demanda arbitral, iniciada en mayo de 2014, Corfo solicitaba el pago de rentas por US$ 8,9 millones, más intereses y gastos; indemnizaciones y el término anticipado del contrato.
Para SQM, grupo que el año pasado obtuvo ingresos por US$ 2.014 millones, el litigio no es menor. Los ingresos relacionados con los productos provenientes del Salar de Atacama representaron el 39,4% de sus ventas totales.
Y aunque no han sido notificados oficialmente de la decisión de Corfo, dijeron personas vinculadas a la empresa, en SQM confían en que no está en riesgo el estratégico contrato. “SQM Salar estima que sus argumentos prevalecerán en el proceso”, dice un documento oficial de la compañía enviado a la SEC, de Estados Unidos hace unas semanas. SQM sostiene que el término ancitipado del contrato solo puede fundarse en un “incumplimiento contractual sustancial que, en este caso, no existe”.
Camino a tribunales
Tras cerrar la puerta a la conciliación, el arbitraje continuará con las siguientes etapas procesales y algunos abogados recuerdan que el plazo máximo para un fallo de este tipo es de dos años. Así, SQM espera un dictamen recién en mayo de 2016. No creen lo mismo en Corfo, donde vaticinan un pronunciamiento del árbitro para las próximas semanas. Lo que sí habría resuelto el organismo estatal es fijar como meta el término anticipado del contrato. Y si no lo consiguen en el arbitraje, incluso evalúan llevar el caso a tribunales, dijeron fuentes cercanas al proceso.
¿Cuál es el argumento? El Estado no puede asociarse con empresas cuya ética y gobiernos corporativos se han deslegitimado, dicen cercanos a Corfo. En este escenario, cabe señalar que, en los últimos años, la minera, sus filiales y su controlador han protagonizado una serie de escándalos económico-políticos.
