Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB ) reveló las siete primeras áreas protegidas donde se desarrollarán actividades de exploración hidrocarburífera en 2016. Éstas se encuentran en Chuquisaca, Santa Cruz,  Tarija, Cochabamba, Beni y La Paz.

El 20 de mayo, el Gobierno aprobó el Decreto 2366 que da luz verde al desarrollo de actividades petroleras en áreas protegidas del país. Según la norma, los proyectos hidrocarburíferos ejecutados en estas zonas deberán “incorporar y utilizar mecanismos, equipos, tecnologías más adecuadas y limpias de última generación, en forma progresiva que mantenga por objeto minimizar el impacto negativo e incentivar los positivos, priorizando la tecnología helitransportable (sic)”.

La norma “tiene incidencia en todas las áreas protegidas actualmente definidas en el territorio nacional. Sin embargo, existen algunas en particular donde las actividades exploratorias se desarrollarían de manera más temprana”, informó YPFB en respuesta a un cuestionario enviado por La Razón.

Iñau en Chuquisaca, Carrasco en Cochabamba, Amboró Espejos en Santa Cruz, Aguaragüe y Tariquia en Tarija, Pilón Lajas en Beni y el este de La Paz y Madidi en La Paz son las primeras siete áreas protegidas identificadas por la petrolera estatal donde se realizarán operaciones petroleras.

PROCESO. El informe de YPFB revela que las actividades de exploración “ya se han iniciado en algunas de estas áreas” con la obtención de información a través de estudios de sísmica y pozos perforados en años anteriores.

Esta “información ha sido valiosa para indicar que existen condiciones técnicas que facultan una mayor adquisición de datos (sísmica 2D) para definir prospectos de perforación exploratoria en dichas zonas, para corroborar la existencia de hidrocarburos”.

“Considerando los plazos actuales, podemos indicar que el próximo año se iniciarán estas nuevas actividades” de sísmica 2D adelantó la estatal.

El informe indica que la industria petrolera, al estar evolucionando de forma constante, es la que menos impacto socioambiental causa en el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales.

“Efectivamente para las futuras actividades en las áreas protegidas se utilizarán equipos de reciente generación. YPFB será celoso en la exigencia a las operadoras (prestadoras de servicio) de la aplicación de la tecnología de última generación en estas áreas, como también en el desarrollo de las operaciones sin la necesidad de apertura de nuevos caminos con el fin de preservar el entorno ambiental”.

Todas estas actividades serán licitadas tomando en cuenta empresas especializadas con presencia en Bolivia y de no existir la calidad suficiente se efectuarán licitaciones internacionales.

Anunciarán nuevas reservas

Líquidos

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, anunció que en los próximos días se confirmarán nuevos reservorios hidrocarburíferos en el  área Huamampampa H3.”Las exploraciones han dado nuevos reservorios de hidrocarburos, principalmente líquidos”, dijo.

SFD analizará el suelo de todo el país

El Gobierno destaca la importancia del proyecto exploratorio no invasivo

Wálter Vásquez

El proyecto SFD de YPFB, cuyos resultados se conocerán en noviembre, analizará el subsuelo de todo el territorio nacional en busca de datos que orienten la detección de anomalías geomorfológicas asociadas a la posible presencia de hidrocarburos.

El inédito proyecto de $us 16,5 millones, ejecutado por la canadiense NXT, se basa en un método geofísico aéreo no invasivo con el que se obtienen datos que correlacionados con la información sísmica existente reducen el riesgo exploratorio de un proyecto. Esta iniciativa “tendrá incidencia en todo el país. Se ha planificado adquirir (información de) 8.732 kilómetros en 112 líneas de vuelo”, reveló el titular de YPFB, Guillermo Achá.

Los datos se obtienen a través de sensores especialmente calibrados para el área sobre la cual se volará, luego se los almacena en discos duros para ser posteriormente cargados en los sistemas de procesamiento de NXT ya instalados en Bolivia. Los resultados generados serán estudiados por expertos de YPFB y de la canadiense. “Gracias a este método vamos a garantizar nuevas reservas de gas y líquidos”, remarcó  Achá. El SFD, agregó, generó resultados importantes en México, Colombia, Argentina, Canadá, EEUU y otros países.

“El SFD contribuirá al reto que tenemos de llegar a tener 15 TCF (de gas) en los próximos cinco años”, ya que “vamos a ser más exactos en hacer la sísmica, más rápidos en perforar pozos”, dijo el ministro de Hidrocarburos, José Luis Sánchez, tras subrayar que esa tecnología contribuirá con la venta del energético a cuatro países.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, considera que el Decreto Supremo 2366 que autoriza el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas del país, está al margen de la Constitución Política del Estado, porque podría violentar la convivencia de los pueblos indígenas.

"¿Este decreto está en el marco de la Constitución? No, ese es el problema central, ese es el problema", afirmó Villena a la ANF, al mostrar su preocupación por los efectos que podría generar el ingreso de las empresas de exploración de hidrocarburíferas en las 22 áreas protegidas que existen en el país.

La norma fue aprobada el 20 de mayo, establece que el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos se produce en el marco de su carácter constitucional estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida".

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) señala en un documento en su página web que el decreto termina por "legalizar" el trastocamiento de las áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas destinadas al extractivismo.

Asimismo, precisa que alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende al menos el 22% del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 áreas protegidas.

El Defensor cree que también tendrá un impacto en los pueblos indígenas que viven en esas áreas y demandó que la visión de desarrollo no afecte en su cosmovisión. "Que los pueblos indígenas asentados en los parques nacionales sean respetados en su cosmovisión y no hayan interferencias o argumentaciones que si bien pueden ser legales pongan en duda o posterguen este derecho legítimo", sostuvo.

Otro de los temas que advirtió la Defensoría del Pueblo es que la responsabilidad el Estado estaría siendo diferida para que las empresas nacionales lleguen a acuerdos aislados con las comunidades afectadas que habitan en los parques, ya se podría estar frente a la "extinción" de algunos pueblos indígenas.

El procurador General del Estado, Héctor Arce, aseveró el domingo que no corresponde al defensor del Pueblo, Rolando Villena, juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica, en alusión al Decreto Supremo 2366 de exploración y explotación de recursos naturales.

    "El Defensor del Pueblo es una autoridad constitucional cuya finalidad no es pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma (ley o decreto), él tiene la finalidad de defender a la sociedad", señaló de acuerdo a un boletín institucional.

    En una entrevista con la Radio Panamerica desde Buenos Aires, Arce le recordó a Villena que está facultado a presentar al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción abstracta de inconstitucionalidad si tiene dudas o considera que alguna norma atenta contra el texto constitucional.

    "La labor de juzgar la constitucionalidad o no de una norma es del Tribunal Constitucional Plurinacional, y el Defensor del Pueblo justamente es una de las cuatro autoridades legitimadas para hacer uso de la Acción Abstracta de Inconstitucionalidad", sostuvo.

    Respecto al Decreto Supremo 2366 de 20 de mayo de este año, el Procurador aclaró la norma pretende desarrollar las bases constitucionales establecidas en los artículos 306 y 316 de la Constitución Política del Estado (CPE), referidos a la exploración y explotación de recursos naturales en beneficio de todos los bolivianos, dado su carácter eminentemente estratégico para el desarrollo del país.

    Asimismo, aseguró que el mencionado decreto no contradice la consulta a los pueblos indígenas, que de acuerdo al artículo 352 del mismo texto constitucional debe darse sobre la explotación de los hidrocarburos.

    "Los recursos hidrocarburifeos son patrimonio de todos los bolivianos y su aprovechamiento como recurso estratégico le corresponde al Estado, solamente así tendremos un Estado fuerte y solvente en materia económica que al mismo tiempo pueda generar políticas de redistribución de la riqueza en favor de quienes más lo necesitan, los hidrocarburos no son propiedad ni de empresas extranjeras ni de minorías, son patrimonio del pueblo boliviano", explicó.

    Respecto a otras versiones de algunos dirigentes indígenas que también cuestionaron el Decreto Supremo, Arce recordó que los recursos energéticos, hidrocarburíferos y todos los recursos naturales son de propiedad de los bolivianos y deben ser utilizados en su beneficio y no sólo a algunos grupos políticos, empresariales nacionales y extranjeros como era en el pasado.

    "Si en el pasado estos recursos fueron entregados a pequeñas minorías empresariales que se beneficiaron de los recursos naturales en desmedro del interés nacional, hoy no se puede permitir que haya un exagerado condicionamiento de algunos sectores minoritarios, que no son los pueblos indígenas, sino algunos dirigentes que tienen intereses políticos", sostuvo.