Con el fallo que terminó con la medida cautelar que mantenía a los municipios de Andalgalá y Fray Mamerto Esquiú al margen la reglamentación para la inversión de las regalías mineras vigente desde 2013, la Corte de Justicia contribuyó a terminar con el despilfarro de la renta estatal proveniente de la minería. Los intendentes Alejandro Páez y Humberto Valdez habían objetado que las regalías, en lugar de depositarse automáticamente en las cuentas de sus comunas, fueran administrados por una Unidad de Gestión de Proyectos creada en la órbita de la Subsecretaría de Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción, que liberaría los fondos contra presentación y aprobación de los proyectos correspondientes.

El sistema de ningún modo implica que los municipios reciban menos fondos de los que les corresponden, pues pueden utilizarlos en su totalidad siempre y cuando los proyectos a los que se destinen se ajusten a los requisitos establecidos en la ley de distribución secundaria de las regalías. Tampoco implica merma de las autonomías municipales: solamente pretende evitar que los intendentes equiparen este concepto con la habilitación para gastar los fondos mineros de sus pueblos como se les antoje, independientemente de lo que la ley ordene.

El nuevo sistema instaurado vino a terminar con la práctica de usar las regalías destinadas como recursos de libre disponiblidad, que fue recurrente y generalizada entre los intendentes desde que comenzaron a embuchar los fondos en 2004. Los términos de la ley referidos al destino de los fondos son demasiado difusos, y hay que decir que jamás el radicalismo, mientras estuvo en el poder, aceptó hacerlos más específicos, pese a los proyectos que en tal sentido se plantearon en la Legislatura. Así, de 2004 a 2013, el gasto de las regalías en los municipios sólo estuvo sometido al control del Tribunal de Cuentas, organismo que también propuso en más de una oportunidad ajustar la normativa al mismo tiempo que renegaba por un volumen de trabajo que lo desbordaba.

En este marco, los intendentes perfeccionaron el "modus operandi" de gastarse las regalías de acuerdo a sus ocurrencias y apetencias políticas y personales sin siquiera esperar el visto bueno del TC, que podía demorarse años, para después maniobrar ante eventuales auditorías, que se demoraban más aún. El resultado fue un caótico dispendio de la renta minera destinada a los municipios, sin impacto de significación en la calidad de vida de las comunidades del interior. El ex intendente belicho Daniel "Telchi" Ríos admitió haber derivado las regalías al pago de becas. Sobre el ex intendente de Andalgalá y actual senador por el departamento, José Perea, pesan denuncias penales. Belén y Andalgalá son los municipios que mayor cantidad de recursos en concepto de regalías recibieron. El modo en que lo dilapidaron es paradigmático.

El ritmo del flujo de las regalías hacia las comunas depende ahora de los proyectos que presenten los intendentes, que cuentan con la posibilidad de asesorarse técnicamente en la Unidad de Gestión de Proyectos que funciona en Producción. Podrán hacérsele objeciones al sistema, seguramente, pero es evidentemente más propicio para aunar criterios de inversión y potenciar el impacto de las obras, incluso con la alternativa de consensuar la inversión de las regalías de una o más comunas en obras de alcance más regional. La sentencia de la Corte que acabó con las pretensiones de Valdez y Páez abona este terreno.