El presidente del Comité Argentino de Presas (CAP, que reúne a profesionales de la ingeniería que participan del diseño, construcción, mantenimiento y explotación de represas),Enrique Blasco, estimó que “aún haciendo un cálculo modesto, en los próximos años la actividad creará no menos de 12 mil empleos directos”.
Blasco sustentó su análisis en las obras actualmente en construcción, especialmente las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, que permitirán adicionar al Sistema Interconectado Nacional una potencia instalada de 1.740 Mw y una energía media anual de 5.246 Gwh.
En declaraciones periodísticas, el titular del CAP resaltó que esas hidroeléctricas permitirán un ahorro anual de más de mil millones de dólares en importación de combustibles, y generarán más de 6 mil empleos directos y 10 mil indirectos.
Blasco también se refirió a la obra hidroeléctrica Los Blancos, en Mendoza, que demandará 3.500 personas para la construcción y será administrada por el Estado, si bien el financiamiento será mixto (964 millones de la Nación y 610 millones de dólares de la unión de empresas Cartellone–OAS).
Otros proyectos mencionados por el analista son los de Chihuido I y II en Neuquén y la repotenciación de la planta de Salto Grande en Entre Ríos (binacional con Uruguay).
Por último, Blasco mencionó en declaraciones recogidas por el sitio web Energía Estratégica a la represa de Punta Negra, en la provincia de San Juan, cuyo grado de avance es hoy de 83% y se espera que concluya antes de fin de año.
La iniciativa del diputado nacional por Corrientes, Gustavo Valdés, y busca la promoción de actividades productivas que se instalen en un radio de 30 km al pie de las represas hidroeléctricas ubicadas en todo el territorio argentino.
Para esos proyectos se plantea el cobro de energía a valor del Precio del Mercado Mayorista.
"El objetivo que proponemos alcanzar con la sanción de esta ley apunta a generar mecanismos de promoción para incentivar a todos aquellos empresarios que quieran iniciar algún emprendimiento económico en la zona de influencia de la Represas Hidroeléctricas ubicadas en el país, para que puedan acceder al beneficio del cobro de energía a un valor de precio de mercado mayorista (MEM), para desarrollar su producción" explicó el legislador.
Señaló que al momento de instalación de una obra hídrica de envergadura como lo son las represas Yacyretá, Salto Grande, El Chocón y las muchas más construidas a los largo del país, las provincias en las que se instalan ceden terreno y en muchos casos soberanía, con consecuencias que suelen ser irreversibles en términos del impacto ambiental. Pero a su vez, el proceso de construcción de las mismas genera la instalación de mano de obra híper calificada que queda subocupada una vez que las obras han concluido.
Al respecto, el proyecto pretende ser un "salvoconducto" para atraer inversiones que decidan instalar sus emprendimientos en un radio de 30 Km al pie de las represas con el fin de volver a dotar de dinamismo económico las zonas de influencia de las represas, generando empleo de mano de obra y desarrollo productivo a partir de otorgar un beneficio en el cobro de energía. "También puede pensarse en términos de reparación por todo aquello que las provincias ceden a los fines de permitir la instalación de estas mega obras en su territorio" agrega Valdés.
