"La justicia no escapa a la situación de pobreza institucional extrema que tiene la Argentina"; fue el contundente diagnóstico de Ricardo Gil Lavedra cuando le tocó hacer uso de la palabra en el panel en el que ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa) reunió a referentes de los poderes Judicial y Legislativo para hablar sobre la Justicia en la Argentina.
Este debate, coordinado por Juan Pablo Simón Padrós, presidente de ACDE, fue pensado como un "precalentamiento" de lo que será el tema del XVIII Encuentro Anual de la asociación el próximo 2 de julio: El Valor de la Justicia".
En términos generales, hubo acuerdo en que la administración y el acceso de todos los ciudadanos a la justicia tiene muchos déficits en el país; los desacuerdos surgieron en torno a si las últimas iniciativas y leyes votadas o su implementación son pasos positivos o no, el control de constitucionalidad y el respeto a la división de poderes.
María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la agrupación Justicia Legítima, Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados, el senador Rodolfo Urtubey (FPV, Salta), la diputada Laura Alonso (Pro CABA) y el ex juez y referente político radical Ricardo Gil Lavedraexpusieron sus puntos de vista y luego respondieron a las preguntas de una treintena de empresarios; entre ellos, Jaime Campos, Juan José Aranguren, Luis Bameule, Alejandro Preusche, Federico Quintana, Marcelo Paganini, Miguel Blanco, Sara Shaw de Critto, Patricio Bulgheroni y Máximo Fonrouge.
Una de las preguntas, a modo de disparador, fue si existe en el país un "riesgo de progresivajudicialización de la política" o de "politización de la justicia".
Otro tema propuesto: el nuevo Código Procesal Penal y la necesidad de contar con una "justicia independiente, ágil y eficaz que garantice el adecuado acceso a la justicia de todos los ciudadanos" y "asegurar una tutela efectiva de los derechos".
Sin sorpresas, la titular de Justicia Legítima expresó su preocupación por la sobreabundancia de amparos que traban la aplicación de leyes promulgadas por el Congreso, una tendencia a la que comparó con la abundancia de juicios por calumnias e injurias que se generan en el ámbito de la farándula, algo que para ella se debe a que "el Poder Judicial es un medio muy económico para obtener notoriedad".
La multiplicación de amparos "pone al Poder Judicial en la instancia de convertirse en una parte más del procedimiento de elaboración de leyes", dijo Garrigós de Rébori, lo que desvirtúa su función. "Los amparos –siguió diciendo- son una herramienta fantástica para la defensa de los derechos de los no poderosos, a quienes les cuesta acceder a los bienes jurídicos. El amparo defiende a amplias mayorías que son minoría", desde el punto de vista de su vulnerabilidad
También defendió la intangibilidad de los ingresos y la condición vitalicia de los nombramientos como garantías de independencia de los jueces. "Pero, con el pretexto de la independencia, no somos controlados –agregó-. Por eso, desde Justicia legítima proponemos la oralidad en todos los procesos judiciales".
"QUE EL CONTROL DE CAPACIDAD DE UN JUEZ LO TENGA LA FAMILIA NO ESTÁ BIEN" (GARRIGÓS DE RÉBORI)
La magistrada argumentó que eso evitaría la "delegación" de tareas y las "incapacidades", en lo que inevitablemente fue escuchado como una referencia a la situación del juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, sobre el que el oficialismo ha lanzado una ofensiva para forzarlo a renunciar en razón de su avanzada edad. "Que el control de capacidad de un juez lo tenga la familia no está bien", remató.
Sin embargo, minutos después, cuando en la primera ronda de preguntas, un empresario le pidió directamente que aclarase si se estaba refiriendo al decano de la Corte Suprema, Garrigós de Rébori pareció dar marcha atrás: "No aludía al doctor Fayt", respondió.
Al respecto, Ricardo Recondo criticó el límite de 75 años de edad fijado por la reforma constitucional de 1994 para los jueces. "Lo digo en defensa propia", bromeó.
En cuanto a la interacción entre Poder Ejecutivo y Judicial, Recondo señaló que, "entre elección y elección, debe existir la República, y quien ganó debe gobernar para todos, no para su mayoría, y para eso están los controles".
"EL HOMBRE IMBUIDO DE PODER TIENDE A ABUSAR DE ÉL" (RICARDO RECONDO)
"El hombre imbuido de poder tiende a abusar de él", dijo, citando a Friedrich. A diferencia de Garrigós, sostuvo que los jueces ya están controlados en sus sentencias por las propias partes de un juicio, que pueden criticar, apelar, etc. También los plazos actúan como control, en su opinión.
Señaló además que el juez no sólo debe ser independiente de los poderes político, mediático, y otros, sino también internamente. "Me ha pasado reiteradamente que otros jueces me digan 'pienso como vos pero no lo puedo decir porque estoy concursando", ejemplificó.
Para la diputada Laura Alonso, uno de los principales problemas es la selección de los operadores del sistema de justicia: jueces, fiscales y defensores. "Se detienen nombramientos, crecen las vacantes y aparecen los subrogantes", dijo. También criticó que una entrevista personal al candidato a juez tenga más peso que el concurso. Como ejemplo citó el caso del juez Sebastián Casanello que quedó último en una lista pero "entró en la terna luego de la entrevista personal".
"La política se judicializa porque hay imposición y no consenso" en la elaboración de las normas, agregó la diputada, a modo de justificación de los amparos.
"Se acaba de aprobar una ley inconstitucional", dijo en referencia ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y demás normas que reglamentan la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, votadas en las últimas horas. "Haber apoyado ayer el paquete de leyes en 10 horas me da vergüenza; son leyes con la mácula del autoritarismo", afirmó.
Esta declaración motivó un cruce con el senador Urtubey quien lamentó "la irresponsabilidad de Alonso". "La Ley de implementación del Código Procesal tuvo más de 25 horas de debate en la comisión bicameral, con participación de asociaciones civiles, gremiales, de juristas, y con presencia de la minoría; se introdujeron más de 70 reformas", explicó.
"Si 25 horas son suficientes, soy irresponsable", subió la apuesta Alonso, destacando que hay un 28% de subrogantes, concursos que se prolongan por casi 40 meses, tremendas demoras en la elevación de pliegos, entre otras anomalías.
"LOS ACTOS POLÍTICOS NO SON JUDICIABLES" (URTUBEY)
Pero el senador salteño recogió el guante de las críticas y recordó la doctrina de los "actos políticos no judiciables" y el hecho de que la declaración de inconstitucionalidad es la "ultima ratio" y por lo tanto de "aplicación excepcional". Su interpretación debe ser restrictiva para no violar la división de poderes, dijo. En cambio, según él, actualmente "la declaración de inconstitucionalidad se ha convertido en la primera ratio". "No creo que se justifique, como si la arbitrariedad del Poder Ejecutivo fuese tan grande que haya que apelar a ella (la inconstitucionalidad) todo el tiempo". Recordando la legitimidad democrática del Poder Legislativo para dictar normas, concluyó que sólo queda la auto-restricción en la apelación a la inconstitucionalidad, en aras del respeto a la autonomía de los poderes.
"EL PROBLEMA NO ESTÁ EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. LO HORROROSO ES LA IMPLEMENTACIÓN" (GIL LAVEDRA)
"El problema no está en el Código Procesal Penal que es un salto hacia adelante. Lo horroroso es la implementación", sentenció Ricardo Gil Lavedra. "La ley aprobada ayer es parte del catálogo de cosas que hay que modificar", agregó. Apuntó en particular al nombramiento de subrogantes. "La Corte ya fijó los estándares (al respecto). Se los viola nada más que para poder llenar cargos", denunció.
También destacó el "caso irracional" de la creación de una Cámara Federal en Piedrabuena(Santa Cruz): "¿Qué carga de trabajo tendrá? Es sólo para saltear a la cámara de Comodoro Rivadavia".
Las inquietudes de los empresarios presentes iban desde la influencia de sectores de Inteligencia sobre los jueces federales a la cantidad de presos en las cárceles (45.000 en todo el país, fue la respuesta), pasando por la "enorme ineficiencia" y la "enorme corrupción" de la justicia, la ausencia de discusión seria de las leyes –"el debate es ir a poner la cara y la mayoría se impone", dijo uno de ellos-, las deficiencias del sistema carcelario y la desigualdad en el acceso a la justicia.
También fue reivindicado el papel de las asociaciones civiles. "Nuestro principal enemigo son las asociaciones sin fines de lucro porque nos dictan la agenda"; es la frase que uno de los empresarios presentes aseguró haberle escuchado a un miembro del "poder gobernante de turno".
"Puede que no coincidan las agendas de las ong con las del Gobierno; problema de las ong–replicó Garrigós de Rébori-; el gobierno ha sido elegido por la mayoría y tiene legitimidad".
Laura Alonso, ex integrante de Poder Ciudadano, defendió lógicamente el rol de las asociaciones civiles en señalar errores y sus logros. Incluso apeló a los presentes, "como personas influyentes que son", pidiéndoles que aporten a esa tarea de control ciudadano de los poderes.
"Discrepo con que haya mucha corrupción", señaló por su parte Recondo. Según él, "hay una vidriera muy pequeña", la de los jueces federales. "Hay poquísima corrupción", insistió y apuntó contra la difusión masiva de los casos más escandalosos. El presidente de la Asociación de Magistrados también minimizó la influencia de los lobbies sobre los jueces.
En nombre de los organizadores, Guillermo Lipera, miembro de la agrupación Será Justicia, fue el encargado de cerrar el debate. Falta mejorar el acceso a la justicia y agilizar los procesos, dijo. "El obrero que tiene un accidente tarda 4 años en encontrarse con su indemnización", ejemplificó. Yapuntó a la responsabilidad del Consejo de la Magistratura al que la reforma constitucional de 1994 atribuyó la función de mejorar el funcionamiento de la justicia. "El Consejo está en falta. Tiene que vigilar los concursos, crear más juzgados", sugirió.
El abogado Miguel Cullen, defensor del profesor de educación física que fue denunciado por supuestos casos de abuso infantil, dijo que la investigación “recién está comenzando” y agregó que hay que analizar la calificación legal que se da a la causa ya que “los supuestos abusos no serían tales”.
Tras ello, recordó la importancia de no dar a conocer datos que identifiquen a las víctimas para evitar que las mismas sean revictimizadas y recordó que el Código Procesal Penal establece sanciones graves para quienes puedan emitir opiniones sobre la culpabilidad o no de las personas que están siendo investigadas. “Hemos notado que, como ha pasado en otros casos, la sociedad ha condenado sin que siquiera se haya demostrado la existencia de los hechos, a un sujeto que no ha comenzado a ejercer su derecho de defensa porque no está imputado”, dijo.
Además se refirió a lo que se ha publicado en las redes sociales, principalmente Facebook, sobre su defendido. La supuesta foto del profesor comenzó a ser compartida en varios perfiles, acusándolo de los abusos. “Es un hecho tristísimo, uno lo entiende desde la bronca y la indignación que provoca la noticia que podría existir este tipo de hechos”. Y agregó que “lo de las redes sociales es casi inmanejable porque se trata de sujetos particulares que elevan consideraciones y comentarios, pero desde la defensa estamos tratando de tomar las medidas correspondientes. Son tecnologías nuevas, muy difíciles de controlar, pero estamos tratando de poner medidas para que se acote el tremendo daño que se está haciendo”.
Finalmente, Cullen afirmó que desde el Ministerio Fiscal se está trabajando en el caso “con mucha seriedad y han tratado de calmar las aguas”.
