En una suerte de propuesta preliminar a sus acreedores por una deuda cercana a los U$S 450 millones en bonos impagos que la llevaron al default en 2014, el directorio de Impsa avanza en una alternativa inédita en su historia: la posibilidad de cederles 25% de su paquete accionario, convirtiéndolos así en socios.
Algo que, si bien se plantea como una descripción indicativa más que una oferta "no vinculante”, desde el seno de la compañía admiten que difícilmente se modificará tras notificarlo a los entes de control.
“Los accionistas controlantes indicaron su voluntad de considerar la posibilidad de transferir a un fideicomiso hasta 25% del capital accionario de la sociedad, para beneficio de todos los acreedores”, señaló Impsa en un comunicado firmado por Hernán Iglesias, responsable de Relaciones con el Mercado, que detalla “lineamientos de una eventual propuesta”.
En realidad, es la tercera pata de una reestructuración tripartita para revertir el cese de pagos que acumula 9 meses. Las otras dos son la refinanciación de una deuda sustentable nominal equivalente a U$S 221 millones en un bono “par” que promete cancelar en 2031, junto a otro tipo “discount” (a una tasa menor) de U$S 225 millones, y se suma un pago adicional de U$S 100 millones.
Al momento de declararse el default, la deuda estimada era de U$S 380 millones. Se estiman en unas 300 cuentas, entre particulares y fondos de inversión, con las que el holding Pescarmona debe ponerse de acuerdo para enderezar un rumbo financiero de alto riesgo: de hecho, el 9 de junio la calificadora Standard & Poors volvió a bajarle la nota, de D (en Default, o “incumplimiento de pago sobre compromisos) a D-- , un escalón más bajo, ante la falta de señales de que tal condición se revierta.
Hasta ahora, los bonistas han seguido de cerca todas las noticias vinculadas al devenir de Impsa: desde el procedimiento de empresa en crisis que avaló la Subsecretaría de Trabajo, con suspensiones y reducción de sueldos, la falta de actividad en el país y la promesa de salvataje del Gobierno nacional, hasta la convocatoria de acreedores de WPE en Brasil, aún en proceso.
De ahí que algunos, desde que se incumplieron los vencimientos de las ON serie X y XI entre setiembre y octubre 2014 que los tenían como beneficiarios, son escépticos. Tal vez por eso, con la primera versión de la oferta, un inversor porteño aseguró que “si bien la propuesta está, hay que ver el plan de negocios de la empresa y cómo sigue su evolución”.
En un escrito dirigido a la Comisión Nacional de Valores, desde la compañía señalaron como su objeto “realizar un proceso ordenado cuya finalidad es dar continuidad a las operaciones de la empresa y recuperar el valor para todas las partes involucradas”. Algo que una fuente de Industrias Pescarmona confirmó como la base de una presentación formal.
Cómo ser socio de Impsa
“Avancemos con los acreedores, pero la prioridad es mantener operativa a la empresa. Que se entienda: si la empresa se muere no hay cumplimiento posible”, vociferaba días atrás un alto ejecutivo de Impsa en diálogo telefónico con representantes de WPE (Wind Power Energy) en Brasil.
Extraoficialmente trascendió que los ejes de la oferta para Argentina es muy parecida a la que WPE apura para sus acreedores brasileños, teniendo en cuenta que junio es el tope impuesto por la Justicia para la convocatoria de acreedores que disparó la falta de cobro del parque eólico Santa Catarina.
De ahí que algunos inversores argentinos, con información preliminar y a la espera de la oferta formal, toman con pinzas la intención de Impsa, al considerar que “la transferencia de acciones no está clara: una cosa es ponerlas en garantía en un fideicomiso en proporción a los bonos, como en Brasil, donde pasan directo a manos de los bonistas. Además, en las condiciones actuales de refinanciación la capacidad de pago es pobre”.
Algunas cuentas muestran la conveniencia del acuerdo para Impsa: si 80% de los tenedores aceptara la propuesta concentrándose en un bono par, de un global cercano a U$S 3.000 millones entre ambos países, la firma se “ahorraría” U$S 640 millones. Todo depende del nivel de aceptación en el lapso de 60 días, una vez oficializada la oferta.
Compromisos de la firma
La historia del default había empezado con un bono impago el 18 de setiembre y terminó de confirmarse ante otra obligación sin cancelar el 30 de setiembre: así, Standard & Poors degradó la calificación de riesgo crediticio de RaCC (revisión con implicancias negativas, por obligación susceptible de no pago) a D (default).
Esto luego de que Impsa confirmara “la necesidad de posponer el pago de intereses correspondientes a la fecha de pago del 18 de setiembre de 2014 de sus ON y de sus restantes obligaciones con acreedores”, por su crisis financiera.
El 1 de octubre, el estudio financiero Quantum había empezado a negociar la deuda con fondos de inversión tenedores de bonos WPE 2020, por U$S 380 millones, para lograr una reestructuración a noviembre. Más allá de que haya o no acuerdo con los bonistas, el rating de riesgo crediticio sólo ponderará cuando vuelvan a efectivizarse los compromisos.