La selva más rica del sur peruano está atravesada por una cicatriz desértica que da la idea de un planeta a punto de partirse: de un lado está la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, una de las regiones con mayor diversidad biológica del mundo; del otro, el último bosque que debía amortiguar cualquier amenaza exterior. En esa zona media ya no hay árboles, sino troncos caídos; tampoco ríos, sino piedras y tierra con lagunas pestilentes. Le llaman La Pampa, y es el mayor campamento de la minería ilegal del Perú. El epicentro de la fiebre del oro que depredó miles de hectáreas en esta parte de la Amazonía se ubica a pocas horas de la frontera con Bolivia y Brasil, pero a miles de kilómetros de las corporaciones que han recibido el mineral extraído de estos territorios en la última década

OjoPúblico –luego de viajar a los centros de extracción de mineral en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, acceder a los documentos judiciales y policiales sobre el tráfico ilegal de metal y analizar las exportaciones auríferas salidas de esta región– identificó a los financistas de la fiebre del oro que devastó extensos territorios de Sudamérica en los últimos años: un grupo de compañías de EE.UU., Suiza, Italia y Emiratos Árabes Unidos, asociadas o vinculadas a través de otros grupos empresariales al London Bullion Market Association (Lbma), el gremio que fija el precio del oro a nivel internacional y que concentra a los principales comerciantes de este activo en el mundo.  

Estas corporaciones –Metalor Technologies y MKS Finance, de Suiza; Northern Texas Refinery (NTR Metals) y Republic Metals Corporation (RMC), de EE.UU., Italpreziosi de Italia y el grupo Kaloti del emirato de Dubái– además son sospechosas de lavar cientos de toneladas de oro de presunto origen ilegal que han sido enviadas por exportadoras sudamericanas dirigidas por operadores de esta actividad ilícita vinculados al blanqueo de dinero, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de metal. 

Las autoridades judiciales del Perú tienen en la mira a las compañías del circuito londinense (que también adquieren oro en Medellín, La Paz y Guayaquil) por los 25 casos penales originados tras la incautación de una tonelada de metal en el Callao entre el 2013 y el 2014, y por otros procesos por lavado de dinero de la minería ilegal. También se investigan los verdaderos capitales de estas corporaciones, sus millonarias transferencias de dinero para comprar oro en zonas de extracción del sur del Perú en los últimos años, así como los contactos que los ejecutivos de estas empresas establecieron con los dueños de las exportadoras en Lima y otros países amazónicos para despachar las cargas de origen ilícito a sus filiales en Miami, Zürich y Roma

Esta investigación periodística además retrata las rutas del tráfico de oro ilícito en Sudamérica y profundiza en la responsabilidad de las compañías vinculadas al London Bullion Market –algunas de ellas certificadas como comerciantes de lingotes de alta calidad (good delivery)– en la destrucción de zonas como Huepetuhe y La Pampa en Madre de Dios; del lecho de los ríos bolivianos Pando y Beni, que llegan hasta el Madeira, en la selva brasileña; la selva del Caquetá y los bosques del Chocó en el Pacífico de Colombia, así como en las montañas de Nambija en la frontera con Perú.  

Los documentos judiciales sobre las millonarias operaciones revelan que estas corporaciones negociaron la compra de oro amazónico con capos de la minería ilegal, acopiadores del crimen organizado, propietarios de exportadoras fantasmas y testaferros que fingen ser empresarios. Además con traficantes de dinero y socios de casas de cambio, controvertidos inversionistas rusos y chinos, contrabandistas peruanos, bolivianos y brasileños, directivos de empresas en paraísos fiscales del Caribe y hasta personajes investigados por la DEA.  

Cuatro de las seis compañías compradoras de oro integran directamente el London Bullion Market; mientras que las otras dos: NTR Metals y Kaloti forman parte de grupos comerciales (la refinería Ohio Precious Metal de EE.UU. y el Dubái Multicommodities Centre, ubicado en dicho emirato) que sí están incluidos en este gremio. Todas centralizaron sus operaciones en Lima en los últimos años, pero además compran a un grupo de exportadoras sospechosas de La Paz, a donde llega el metal del altiplano y la Amazonía boliviana en la frontera con Brasil; de Medellín, ciudad de acopio de mineral de los bosques tropicales colombianos dominados por las FARC; y de la frontera entre Ecuador y Perú.

OjoPúblico conoció que hasta el año pasado, Metalor, Kaloti e Italpreziosi tenían espacios alquilados (los principales en Sudamérica) dentro de la compañía de transporte y custodia de valores Hermes en Chorrillos, a una hora del aeropuerto de Lima. De estas tres, solo la refinería suiza, que figura en expedientes judiciales por la compra de oro sospechoso en Perú desde fines de los ‘90, mantiene su filial al interior de Hermes. Se desconoce si MKS (dueña de la refinería PAMP en Suiza), NTR Metals (que dejó su local en la sede de Prosegur en Surco hace algunos meses) y Republic Metals Corporation tienen oficinas o representantes en la capital peruana.  

Los principales impulsores de las incautaciones de oro ilegal del 2013 y 2014, la Procuradora de Lavado de Activos de Perú, Julia Príncipe, y el Intendente Aduanero de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat), Gustavo Romero, confirmaron que las seis compañías citadas en este reportaje forman parte de las investigaciones fiscales y policiales contra las exportadoras peruanas involucradas en casos de lavado de la minería ilegal.