El gobierno de Brasil tiene un plan de concesiones de entre R $ 130 y R $ 190 mil millones para la construcción de aeropuertos, puertos y carreteras. Y algunas de las empresas que están participando en estas licitaciones están envueltas en el caso de corrupción más grande del país carioca.
El Ministro de la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil, Valdir Simão, afirmó que hay empresas que están sospechadas de estar implicadas en la trama de corrupción de Petrobras, las cuales no están impedidas de participar en el paquete de concesiones que dará a conocer el gobierno de Dilma Rousseff.
Según explicó el funcionario, para que estas empresas se vean impedidas de firmar contratos con organismos públicos deben ser declaradas ineptas al final del proceso administrativo de la CGU.
Pese a que algunas de estas empresas se sabe que están siendo investigadas en la Operación Lava Jato, “técnicamente, no hay ningún impedimento a la hora de participar en cualquier proceso de licitación ", dijo el jefe de la UGE, quien explicó que aunque tengan una declaración de incapacidad –que es la pena más grave-, no tendría impacto en los contratos.
Simão agregó que se debe tener en cuenta que los procesos de rendición de cuentas tienen un plazo de 180 días pero que se pueden extender, al igual que los acuerdos de clemencia solicitados por cuatro de las empresas investigadas.
En total son 29 las empresas investigadas por la Operación Lava Jet por presuntas irregularidades en los contratos de Petrobrás. Cuatro de ellas han negociado ya con el Gobierno “acuerdos de clemencia”, que si no aprobados, podrían continuar sus contratos con el gobierno. Si se demuestra la culpabilidad de estas empresas, no solo perderían los contratos con el gobierno, sino que serán multadas y sancionadas por el Ejecutivo
Los desvíos en Petrobras, que le costaron US$ 2.053 millones desde 2004, son investigados desde 2014 y ya han ido a prisión cinco ex directores de la petrolera estatal y a una veintena de ejecutivos de importantes constructoras del país.
