Las reformas que impulsa el Gobierno para bajar los precios en las cuentas de la luz provocan discrepancias en las empresas del sector, que a su vez esperan una mayor participación en el debate.

Hay plena unanimidad en la población y en las empresas cuando se dice que Chile es uno de los países con los precios de la energía más caros, lo que contribuye a la pérdida de competitividad de la economía nacional. Sin embargo, más allá de las tarifas, existen detalles que preocupan tanto a las empresas distribuidoras como a las transmisoras de electricidad que van ligadas al desarrollo de los proyectos de ley que prometen equidad como eficiencia energética.

El director ejecutivo de Empresas Eléctrica, Rodrigo Castillo reconoce que el sistema de transmisión eléctrico necesita una importante reforma. “Nosotros hemos venido trabajando en conjunto con el Gobierno y con muchas otras instituciones desde hace mucho tiempo en la necesidad de hacer una reforma profunda al sistema de transmisión en Chile”.

El Gobierno coincide y el mismo ministro de Energía, Máximo Pacheco, reconoció que el debate debe centrase en los sistemas de transmisión y en la gestión de demanda.

Según cálculos de la asociación, en Santiago el 43% del costo total que finalmente llega las cuentas de los clientes residenciales corresponde a la generación de energía, un 13% es el costo de transmitirla por las torres de alta tensión y el 44% restante se explica por la distribución a hogares.

Interconexión

En la empresa Transmisora Eléctrica del Norte (TEN), filial de E-CL, aseguran que la interconexión entre sistemas que están construyendo no solo disminuirá los precios de la energía para los clientes residenciales, sino que también garantizará la robustez del sistema, lo que busca el Gobierno con los proyectos de ley. “De acuerdo con los estudios realizados se va a conseguir una baja en los precios para los consumidores, se potenciará el desarrollo de las renovables, se optimizará el sistema, se disminuirá la incertidumbre y finalmente se espera un ahorro de costos que rondarán los US$1.100 millones. Además va a permitir asegurar la robustez de todo el sistema eléctrico chileno”, explicó Carlos Regolf, director de proyecto interconexión SIC-SING de TEN.

En E-CL agregan que “la modificación al proyecto de ley es precisamente para hacer grandes carreteras en este caso de comunicación eléctrica”.

En Interchile, empresa con capitales colombianos que asumió protagonismo al anunciar que en octubre próximo comenzará a construir la línea troncal que unirá las subestaciones Polpaico y Cardones, fundamental para la continuidad de la línea que interconectará los sistemas, confían en que los proyectos de ley generarán reglas claras, factor que los decidió a invertir en Chile. “El país cuenta con una política de reglas claras y que genera confianza para el inversionista. Específicamente en lo que respecta a la interconexión, cuenta con una política energética clara y ambiciosa que apuesta por la llegada de nuevos actores”.

La empresa anuncia que mientras se promueva la competencia en estos proyectos de ley, serán parte de todos los procesos de licitación de transmisión que vendrán hacia adelante, y que ya tienen en carpeta cuatro proyectos de transmisión eléctrica.

Por el contrario, para Samuel Jerardino, socio de KAS, empresa que se encuentra construyendo una línea de 70 kilómetros entre Carrera Pinto y Cardones, la solución tarifaria no pasa por construir más líneas transmisoras. “Lo que sí falta es el desarrollo de sistema de líneas que hay que unir que son privadas o de mineras y que requieren realizar ciertas interconexiones que son líneas menores y que fortalecerán el sistema”.

Agrega que a eso “hay que sumarle incertidumbre en los proyectos de transmisión que se da por la servidumbre y los permisos ambientales”.

El Impacto en las Distribuidoras

Según Castillo para las distribuidoras el desacople de los ingresos de la energía que se vende es uno de los puntos que más debería generar debate en el proyecto de ley de eficiencia energética. “Implica una modificación en la estructura de ingresos tarifarios de las empresas distribuidoras justamente para generar una comunidad de intereses, es decir una promoción de intereses para que las empresas distribuidoras se conviertan en un actor clave en la promoción de eficiencia energética”, señala.

El Gobierno por su parte, enfatiza que en este proyecto “se está trabajando de manera abierta y se están recogiendo opiniones de distintos actores, incluyendo a académicos, consumidores, autoridades y distribuidoras”.

Discrepa de esto último, Carlos Bächler Magalhaes, gerente general de EEPA, empresa distribuidora del sur de la capital con más de 60.000 clientes. “No hemos sido parte de este proceso de manera alguna. Hace años venimos solicitando la aplicación de conceptos diferenciadores en el sistema tarifario: la consideración del ranking de calidad de servicio que configura la SEC anualmente entre todas las distribuidoras del país, de las tasas de accidentabilidad, de los tiempos de demora en atención de emergencias, etc.”.

Agrega que “actualmente, nuestro sistema sólo nivela hacia abajo, desconociendo a las empresas diligentes y premiando a las que no realizan bien su misión, en extremo relevante para el desarrollo de nuestra nación”.