Las cifras son preocupantes. En mayo los conflictos mineros, encabezados por el de Tía María, dejaron 5 muertos y 208 heridos. Hubo Nueve casos nuevos y apenas dos, se pudieron resolver.
"El 2015 se ha convertido en el año con la mayor cantidad de heridos de los últimos diez años, a pesar no haber llegado a la mitad del año", advirtió la Defensoría, quien mostró su preocupación ya que esto demuestra que los actores involucrados están recurriendo cada vez más a la violencia como forma de expresar sus diferencias.
Con este panorama, en mayo se contabilizaron 211 conflictos sociales (152 activos y 59 latentes). Respecto al mes anterior, cuatro casos pasaron de estado activo a latente.
Según el Reporte de Conflictos Sociales N° 135 de la Defensoría del Pueblo, los casos nuevos se presentaron en Áncash (pobladores de San Marcos denuncian que Antamina no está cumpliendo acuerdos), Cajamarca (pobladores de Hualgayoc exigen a la Dirección de Salud la entrega de los resultados de análisis de plomo en la sangre), Ica (trabajadores ligados a Shougang exigen atención de su pliego de reclamos) y en Lambayeque (trabajadores activos y jubilados exigen a la empresa Tumán el pago de remuneraciones vencidas).
En Lima Provincias (pescadores de Chilca denuncian que han sido afectados por la empresa termoeléctrica Enersur-GDF), Puno (población de Moho protestan contra la concesión de 30 ha del Lago Titicaca, pobladores de Vila Vila reclaman acuerdos con la empresa Aruntani, y pobladores de Pomata que protestan contra el otorgamiento de concesiones mineras en Puno) y Ucayali (el frente de defensa de Curimaná exige al Ejecutivo la atención de las necesidades del distrito y a la empresa Duke Energy que desarrolle actividades de responsabilidad social).
Por otro lado, se resolvieron dos conflictos. El primero se trató de un caso laboral en Lambayeque entre la empresa agroindustrial Pomalca y sus trabajadores. El segundo fue un caso socioambiental en Oyón (Lima Provincias) entre la comunidad campesina Quichas y la empresa minera Raura S.A. En ambos casos los conflictos se resolvieron con la suscripción de actas de acuerdos entre los actores involucrados.
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Áncash (21) y Puno (20). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más abundantes (67.8%). En relación a actividades extractivas relacionadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (66.4% de los casos). Estas proporciones prácticamente no han variado con respecto al mes anterior.
