(Por Mariano Bustos) Mientras que en la Legislatura se frenan los proyectos mineros a gran escala, los responsables de emprendimientos de segunda categoría afirman que son cada vez más castigados por el Gobierno provincial.
Por un lado, el Gobierno de la provincia plantea la necesidad de debatir una nueva matriz productiva para una economía en crisis. Sin embargo, por el otro le quita el respaldo a los escasos emprendimientos mineros que hoy funcionan en el territorio mendocino. Específicamente, los responsables de proyectos de extracción de minerales de segunda categoría acusan al gobernador Francisco Pérez de tener un doble discurso respecto a este tipo de actividad, la cual afirman que se ha visto asfixiada en los últimos años. "Están matando al sector", remarcó Norma Montoya, representante de los pequeños mineros en la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM)
A menos de un mes de que el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, reclamara en la Malargüe Mining que la Legislatura apruebe las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos como Hierro Indio y Cerro Amarillo, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros amenaza con quebrarse por la falta de respuestas a los pequeños productores.
Hoy en día, son poco más de una decena las minas que se encuentran activas en la provincia de Mendoza. Las mismas, se dedican en su mayoría a la extracción de cal, cemento, bentonita, talco y otros minerales considerados de “segunda categoría”. Los responsables de algunos de estos emprendimientos señalaron a MDZ que en la actualidad muchos de esos minerales son importados debido a la falta de apoyo del Ejecutivo para potenciar su tratamiento.
“Con apoyo podríamos duplicar la producción, generando puestos de trabajo, y se dejaría de importar muchos minerales. Pero para eso necesitamos que nos ayuden con problemas de insumos, ya que cuando importamos máquinas para procesar el mineral, nos las traban en la aduana”, remarcaron.
“El único beneficio que tenemos para el sector es el programa de huellas mineras de la Nación pero en la provincia no lo cumplen”, remarcó el empresario. En este sentido, aseveró que hay minas que llevan alrededor de 8 años esperando que se les desembolse el dinero destinado a este fin, pero que nunca llega.
“Sabemos que el gobierno nacional ya giró los fondos del 2014 al Ministerio de Hacienda de Mendoza, pero ahí ha quedado estancado”, agregó por su parte Natalia Viberti, de Molinos Viberti Minerales.
Por otro lado, aclararon que ése no es el único problema que afecta al sector, sino que año tras año se ven asfixiados por una presión tributaria desmedida.
“Pese a que somos productores primarios, a los pequeños mineros nos cobran ingresos brutos desde que estaba por salir San Jorge”, cuestionó Santecchia. “En ese momento, por el año 2010, los legisladores cambiaron la alícuota de ingresos brutos para el sector minero en general, dejándonos como rehenes. Nosotros somos productores primarios y tenemos los mismos problemas que los productores agrícolas. Por eso es que teníamos beneficios como la tasa cero, que una vez que nos los sacaron no hubo como revertirlo”, expresó.
Por si esto fuera poco, desde el sector aseguran que cada vez son menos las minas que permanecen activas en la provincia. “Francisco Pérez dijo que en su gestión iban a aprobar 20 proyectos mineros. No sólo no se comenzó con ninguno, sino que hay menos que antes”, afirmó Pablo Fioquetta, abogado de una empresa que extrae bentonita en Malargüe.
Incluso, destacaron que hay más de una mina clausurada en la provincia debido a la ineficiencia con la que se llevan adelante los trámites burocráticos para la aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental o problemas de linderos.
Por otro lado, Natalia Viberti aseguró que así como se clausura a minas que están en reglamento para operar, a otras que están cerradas por irregularidades se les permite seguir extrayendo material. “El yacimiento minero de Carbocalcio, radicado en Tupungato, se clausuró pero sigue trabajando. Nosotros denunciamos que estaban extrayendo, pero nos dijeron que no había Policía Minera para constatarlo”, subrayó.
Ante estas acusaciones, desde la Dirección de Minería aseguraron que no hay evidencias que comprueben que sea cierto que Carbocalcio siga funcionando y aclararon que es imposible tener una persona de la Policía Minera apostada en la puerta del yacimiento las 24 horas. “Hemos enviado a personal a verificar, pero estas denuncias tienen que ver con un problema societario de la empresa que extrae el mineral”, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Molina.
Lo cierto es que cada clausura pone en riesgo el trabajo de cientos de familias, que viven directa o indirectamente de estos emprendimientos. “La clausura de la mina de bentonita en Malargüe por problemas de linderos no sólo dejó sin trabajo a las personas que extraían el mineral en el sur de la provincia, sino que también amenaza a los que trabajan en Molinos Viberti en el procesamiento del mismo”, agregó Natalia Viberti.
