Durante toda la última década, el cuidado del medio ambiente ha sido siempre el área que menos gasto público ha recibido...".
Con una corona naval sobre sus cabezas, un cóndor y un huemul quedaron inscritos en nuestro escudo nacional, 45 años antes del combate naval de Iquique, no solo como un símbolo de nuestras fuerzas marítimas, sino también como representación de la fuerza y de la singularidad de nuestro país y de sus habitantes.
De estas dos especies, el huemul, habitante endémico del Cono Sur de América, enfrenta un alto riesgo de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El cóndor, por su lado, está catalogado como especie casi amenazada, con una población que sigue decreciendo.
Hoy en día, estos dos animales no solamente representan la fuerza y la originalidad con la que nos identificamos en nuestro escudo, sino que nos recuerdan también la vulnerabilidad de nuestro patrimonio nacional, que comprende tanto lo cultural como lo natural, según la convención de la Unesco de 1972 ratificada por Chile.
No obstante lo anterior, durante el año 2013 el gasto público para la protección del medio ambiente en Chile sumaba CLP 114 mil millones (USD 215 millones), es decir, solo el 0,4% del gasto total de nuestro gobierno central.
Durante toda la última década, el cuidado del medio ambiente ha sido siempre el área que menos gasto público ha recibido. Como vemos difícil que ello cambie, será positivo facilitar la participación de toda la sociedad en la conservación de nuestro ecosistema, en vez de dejar esta tarea solo en manos del Estado.
Como primer paso en esta dirección, durante el año 2013 se reformó la Ley Valdés para otorgar incentivos a la protección de Santuarios de la Naturaleza. Sin embargo, su aplicación para fines medioambientales sigue siendo muy limitada. El proyecto más exitoso de reproducción de huemules de la fundación Huilo Huilo, por ejemplo, todavía no ha podido aprovechar los beneficios de dicha ley.
Debemos recalcar que nuestro marco regulatorio incentiva aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas a las más diversas áreas de interés público, como la pobreza, la discapacidad, la cultura, la educación, el deporte, la ciencia e investigación, los bomberos, los partidos políticos o la ayuda en zonas de catástrofe, dejando fuera un área tan importante como el cuidado del medio ambiente.
La normativa actual es una seria limitante para que la sociedad civil pueda involucrarse en la protección del patrimonio natural. Los aportes voluntarios de empresas para estos fines son multados con un 35% de gasto rechazado. Además de esta multa, se les aplica el impuesto a las donaciones, que llega al 25% y necesitan la autorización previa de un juez.
Las personas naturales tampoco pueden aportar sus recursos privados al cuidado del medioambiente sin contar con dicha autorización judicial y pagar el mencionado impuesto sobre la donación.
Considerando lo anterior, vemos como muy buena noticia que cinco senadores -Iván Moreira, Patricio Walker, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes y Antonio Horvath- hayan firmado en conjunto una indicación que busca facilitar iniciativas de protección, recuperación y cuidado de la naturaleza por parte de personas naturales y jurídicas, en el marco del proyecto de ley que crea el "Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas".
A la indicación, ya se sumaron los senadores Alfonso de Urresti, Andrés Zaldívar, Isabel Allende, José García Ruminot, Juan Antonio Coloma y Alberto Espina.
Esperamos que el Gobierno apoye esta indicación para dar con ello una señal clara de ir implementando una agenda de verdadera cooperación público-privada, junto con aumentar la prioridad del cuidado de nuestro patrimonio natural.
Entre los muchos debates que envuelven a nuestro país, es bueno recordar que la naturaleza no depende de nosotros; sin embargo, nosotros sí dependemos de ella.
