La Ley 26.190, sancionada hace 9 años, establecía que en 2016 un 8% de la generación eléctrica nacional provendría de fuentes limpias. No se llegó ni al 1,5% y el Congreso debate actualmente modificaciones. En un contexto de crisis energética que obliga a importar combustibles por u$s 14 mil millones anuales, las renovables son una gran deuda de la última década.
Mientras hoy se celebra en todo el mundo el Día del Medioambiente, en la Argentina quedan varias cuentas pendientes con el planeta. Una de ellas es el impulso a las energías renovables, plasmado en una Ley auspiciosa, la 26.190, que no se cumplió. La normativa, sancionada en 2006, establecía que, para el año próximo, un 8% de la generación eléctrica del país debía provenir de fuentes limpias. Una década más tarde, el porcentaje de renovables dentro de la matriz apenas alcanza al 1,4%.
La matriz energética argentina es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, básicamente petróleo y gas, que representan el 87% de la oferta energética total. En cuanto a la generación eléctrica, el 66% proviene del gas natural, un recurso no renovable, y que genera emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), responsables del cambio climático.
Entretanto, el país importa combustibles por u$s 14.000 millones anuales, siendo este déficit energético el principal causante del deterioro de las cuentas fiscales y el cepo cambiario. “Valorizando las compras del 2014 entre costos y logística el gasto en gasoil fue de u$$ 1.200 millones el año pasado” , apunta Julio Menendez, gerente de la Cámara de Energías Renovables (CADER).
De acuerdo a cálculos de Juan Carlos Villalonga, ex Greenpeace y actual director de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño, una contribución renovable del 8% hubiera implicado un ahorro de 10.114 GW/h (equivalente a 2.121 MMm3 de gas natural) de los 126.421 GWh de energía eléctrica que se demandaron en 2014. “Tomando como referencia un barco con capacidad de 130.000 m3 de LNG (78 MMm3 de Gas Natural), tenemos que el 8% de la demanda total de energía son 27 barcos y, a 2016, podríamos decir 30”, puntualiza.
Expertos ambientales y juristas destacan que la Ley de Energías Renovables es coherente con el potencial de recursos naturales presente en la Argentina. “La meta es absolutamente factible y la norma promovía determinadas medidas que ayudaban a que se lograra”, señala Villalonga. Uno de los problemas, justamente, fue que estas normas nunca fueron aplicadas.
“Hubo voluntad política para que el Congreso sancione esta ley, pero faltó financiamiento y un marco legislativo apropiado para que se canalicen inversiones con tasas de retorno atractivas para el sector”, apunta, a su vez. “Argentina tiene, geográficamente un enorme potencial para eólica y solar. Y la biomasa (energía a partir de materia orgánica y residuos), tiene hoy un costo muy competitivo frente al gasoil”. “Este mercado se maneja con inversiones altas, plazos largos a 18 o 20 años, y tasa de retorno baja, por eso se necesitan herramientas de financiamiento y un marco legal que permita que las inversiones, que suelen ser en dólares, puedan recuperarse moneda dura”, completa.
Otra de las barreras que encontró el cumplimiento de la Ley, en palabras de Andrés Di Pelino, subdirector del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía (CEEGE) de la UBA, fue su falta de articulación con una política energética integral, que tendiera a la normalización del sector. En la actualidad, la generación eléctrica en la Argentina se sostiene por medio de subsidios, los cuales (entre energía y transporte) están por encima de los 4 puntos del PBI y representan más del 20% del gasto público.
La entidad que gerencia –CADER- elevó su propuesta a las comisiones de Energía y Presupuesto y Hacienda de Diputados, que, por estos días, debate modificaciones a la incumplida ley. La iniciativa de modificación fue impulsada por el senador Marcelo Guinle (FPV, Chubut), y se basa en hacer obligatorio el cumplimiento de la cuota de 8% de renovables para las grandes empresas y usuarios, que representan el 30% del total de la demanda.
Entre otros puntos, CADER plantea que se debe sujetar también a las distribuidoras a la misma obligación, y asegurar que todas las fuentes de energías renovables (y no sólo las “más rentables” al momento de sancionarse la ley) tengan participación en la matriz energética nacional.
La entidad impulsa la creación de líneas de crédito promocionales para la compra de bienes de capital y obras de infraestructura aplicables a la producción de energía limpia. También propone la aplicación de un cargo tarifario específico a los consumidores de energía eléctrica, a fin de conformar el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, y multas por incumplimiento, cuyo valor establecerá CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.).
Asimismo, propone el desarrollo de incentivos para el desarrollo de generación energética distribuida (tendiente a que cada establecimiento y complejo de viviendas generen su propia energía limpia para uso propio y para volcarlo a la red, algo que la legislación actual no permite); y la libre importación de equipamiento, con arancel cero, de equipos para el desarrollo de energías renovables hasta que se alcance una potencia de 2.000 Megawatts.
Además del impulso a las energías renovables, la Argentina tiene una deuda pendiente con la implementación de políticas de eficiencia energética. No se trata de “reducir el consumo” -que aumentó significativamente en la última década al ritmo del crecimiento económico- sino de volverlo más racional.
Según el informe “Escenarios Energéticos 2013-2020”, elaborado por el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética junto con el ITBA, y las fundaciones FARN y Avina, “Argentina se ahorraría 6.000 MW de energía si implementara políticas de eficiencia”. Esto equivale a dos represas hidroeléctricas similares a Yacyretá y un ahorro en costos de capital de U$S 31.000 millones a 2030. Además, reducir el consumo de energía ayudaría a mitigar el cambio climático, ya que el 47% de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país proviene del sector eléctrico.
“Hay que cambiar el foco de la discusión energética. Debemos dejar de pensar sólo en producir más y empezar a consumir en forma eficiente, que es más económico, amigable con el ambiente, y permitiría solucionar más rápido la crisis del sector”, afirma Carlos Tanides, responsable del Programa Energía y Ambiente de Fundación Vida Silvestre Argentina.
En los hogares, los calefones, estufas y termotanques consumen cerca de 2,5 millones de m3/día de gas utilizados sólo en función piloto. Su reemplazo por dispositivos electrónicos de encendido, podrían generar un ahorro de consumo de gas similar a lo que se necesitaría para producir la electricidad que genera la central de Embalse Río Tercero. Si a esto se suman medidas adicionales como la aislación térmica en edificios, artefactos más eficientes y la implementación gradual de sistemas de agua caliente termosolar, el potencial de reducción alcanza a 1.5 veces el volumen de gas licuado importado en 2012.
En la industria, la co-generación de energía utilizando subproductos de procesos industriales (por ejemplo en las calderas), permitiría volcar al sistema unos 6.300 MW de aquí a 2030, lo que equivale a 2 centrales hidroeléctricas de 3.200 MW, como Yacyretá.
Otra de las promesas incumplidas del fomento a las energías renovables que tuvieron lugar durante la década K fue el programa de Generación de Renovables, mejor conocido como GENREN, que fue lanzado en mayo de 2009 por el Ministerio de Planificación y Enarsa, la empresa estatal de energía. Por su intermedio, en 2010, se licitaron obras para la generación de 895 Mw de electricidad sustentable (mayormente eólica, con 754 Mw), que fueron adjudicadas a una docena de empresas locales o asociadas con extranjeras. Al día de hoy, solo un 10% de estas obras han sido realizadas y fue nuevamente la falta de financiación la principal razón por la que otro no fue el resultado.
