NOEMÍ OBREGÓN

Se ha explicado paso a paso cómo se han levantado las observaciones presentadas por la UNOPs en el nuevo EIA de Tía María, aun así continúan las voces opositoras ¿Por qué?
Las 138 observaciones presentadas por la UNOPs se han usado como pretexto técnico para decir no al proyecto Tía María. El nuevo EIA tiene ha resuelto cada una de estas observaciones y tiene la opinión favorable de instituciones como DIGESA, MINAGRI, ANA, DICAPI, entre otros.

El proyecto no causa ningún impacto al valle por la generación de polvos. Solo utilizará agua de mar y no tendrá ningún vertimiento. Además la zona donde se ubica Tía María no tiene conexión con el río Tambo.

Es claro que el tema es político y hay que empezar a hacer la batalla a ese nivel.

La presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, señaló que pagará una revisión al EIA ¿El MEM está de acuerdo?
Como ella, cualquier ciudadano o institución puede revisar el EIA y si nos demuestran técnicamente que hay cosas por mejorar, tomaremos las medidas complementarias del caso.

¿Cómo trabajar a nivel político si la población ha perdido la confianza en sus autoridades?
Efectivamente, ahora nadie cree en nadie. Los pobladores del Valle del Tambo no creen en la empresa, ni en el Estado, ni en sus dirigentes. Para poder llevar el proyecto adelante, lo primero que hay que hacer es restablecer la confianza. No sé cuánto nos llevara.

Hay que aclarar que el temor a la contaminación es más un tema de percepción en las personas. Sabemos que la tecnología actual permite vivir de forma armónica la minería y la agricultura. El valle de Copiapó en Chile o la mina Martha en Nueva Zelanda son grandes ejemplos.

Es evidente que las protestas se ha vuelto políticas, ¿pero qué ha hecho el Estado y la empresa para que lo sucedido en el 2010 no se repita? 

Más allá de los aciertos y desaciertos que hemos tenido el Estado y la empresa, debemos tener un mayor acercamiento con las comunidades. La gran conclusión de Tía maría es que debemos mejorar la sociabilización de los proyectos.

Además, no es posible ni justo, hablando de las bondades de la minería y del crecimiento del país, que las comunidades cercanas a los proyectos mineros sigan siendo pobres. Es algo que tenemos que trabajar y cambiar. Llega un momento en que cansa y esto es aprovechado por algunos dirigentes y organizaciones.

El responsable de cubrir los servicios básicos es el Estado y ha sido el gran ausente.
Más allá de quien tuvo la culpa, los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) debemos trabajar para que la gente tenga agua, luz, salud, educación, etc. Que no es responsabilidad de la empresa.

¿Qué sigue ahora?
Empezar a trabajar en el acercamiento. Las oportunidades que tiene Arequipa, sobretodo la provincia de Islay, son enormes. No solo es Tía María. Estamos hablando del Gasoducto Sur Peruano que va a llegar a Matarani, del Nodo Energético, de una central petroquímica, etc.

Luego de los Pepe-audios, ¿cómo saber quiénes representan la verdadera voluntad de la población?
Se ha pedido al Gobierno Regional de Arequipa que establezca los interlocutores válidos en el nuevo proceso de sociabilización del proyecto.

Algunos especialistas sostienen, que es necesario contemplar una base legal para cancelar proyectos inviables socialmente ¿es válida esta propuesta?
No es necesario establecer una base legal al respecto. Las empresas saben que si su proyecto no es aceptado socialmente no se va a llevar adelante. Hay que trabajar mejor la sociabilización.

Todas las empresas mineras tienen un problema socio-ambiental. Pequeñas, medianas o grandes.... es parte de la convivencia, pero eso no quiere decir que el proyecto no va. Aquí lo importante es que las empresas tienen que honrar sus compromisos. Si hay algo que las comunidades tienen muy presente es la mentira.

Es cierto que la minería puede convivir con el agro, pero los pasivos ambientales son la base de las percepciones.
Sí. Estamos un poquito lentos en la remediación ambiental. Esto pasa por hacer estudios y perfiles, pero estamos en esa línea.