A pesar de las continuas mesas de diálogo implementadas para obtener la aprobación social del proyecto minero Tía María, el gran problema para su postergación ha sido precisamente la falta de diálogo. Así lo reveló un estudio realizado por la consultora arequipeña Aurum.

A la pregunta ¿cuál considera que ha sido la causa del conflicto social en torno al proyecto Tía María? 42.8 % de las respuestas señalaron que hubo falta de diálogo entre Southern y la población.  

Para Joaquín Alcázar Belaunde, gerente de Aurum, los resultados revelan claramente que Southern no sociabilizó el proyecto correctamente. De otro modo no se entiende porque la misma encuesta señala que el 47 %  está a favor del proyecto, pero no entiende porque no sale adelante.   

"En este momento es importante el diálogo, pero lo hubiera sido más cuando se empezó a socializar Tía María en 2008. La minera Southern debió tener otras actitudes al hablar con la gente, dándoles un trato respetuoso. Ahora tiene que buscar, de ser necesario con ayuda del gobierno, llegar a la población para explicar su propuesta", sostuvo Alcázar.

Precisamente sobre la percepción negativa de Southern, el 85 % teme que el inicio de operación de Tía María contamine el agua y deprede la agricultura.

Al respecto, Alcázar sostuvo que, “independientemente de todo, hay una percepción común en la población de que la minería contamina. Pero hay que tener claro que todas las actividades contaminan, incluso la agricultura e industria".

Otro dato revelador de la encuesta es que el 15.5 % señaló que se desató por la falta de intervención del Gobierno central y regional.  Asimismo un 13.3 afirmó que se debe a intereses políticos de los opositores.

Estas cifras develan que hay una gran disconformidad con el rol que han cumplido cada uno de estos actores durante el desarrollo del conflicto.

“Nadie hizo bien las cosas. Se desconfía de la Policía, por las acciones de represión durante las protestas. No se cree en la mina, tampoco hay credibilidad de los líderes opositores por las denuncias de presunta extorsión. También se duda del gobierno por los intereses que manejaría, para sacar el proyecto.”, enfatiza Alcazar.  

La encuesta  fue aplicada a 400 personas, de los 13 distritos de Arequipa metropolitana.