Hoy comienza la anunciada huelga macro-regional en contra del proyecto Tía María, que viene siendo respaldado por varias organizaciones de la región sur. Las protestas se extenderán a las regiones de Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno, Ayacucho y Cajamarca, ampliando el escenario de riesgo para la población ante posibles actos de violencia, como la ola de terror desatada los últimos días.

Ante este escenario, que tiene en vilo a las autoridades, el Gobierno ha desplegado a las Fuerzas Armadas en estas siete regiones a fin de garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía.

Además, el jefe de la PCM, Pedro Cateriano y los ministros de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, viajaron ayer a Puno para entablar una mesa de diálogo con el Presidente Regional, Juan Luque y autoridades locales, para explicar los proyectos de inversión minera en la región. Luego llegarán a Cusco y Arequipa.

El Premier invocó a los pobladores de la región a garantizar la paz y tranquilidad durante la huelga macro-regional, mientras que el Ministro de Ambiente dijo el único camino posible es restablecer el diálogo con aquellas autoridades que no son violentas.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, exhortó a los dirigentes y a la ciudadanía de las regiones que han anunciado plegarse al paro a que respeten los derechos de las personas que no participan de esta medida y eviten cualquier acto de hostilización o agresión que pueda afectar valores como la vida, la integridad, la tranquilidad.

Asimismo, hizo un llamado a las fuerzas del orden a “privilegiar las acciones de inteligencia y disuasivas y recordó que el uso de la fuerza se debe hacer, siempre, de manera proporcional y necesaria de acuerdo con los Principios de Naciones Unidas”.

Debemos recordar que las protestas contra Tía María han dejado cuatro muertos, aproximadamente 300 heridos, 50 familias refugiadas en la ciudad de Arequipa, actividades paralizadas, clases escolares suspendidas, daños materiales y desabastecimiento.

“La violencia a la que se ha llegado es inaceptable. Esperamos que las relaciones se puedan reconstruir entre todos los actores y se pueda reiniciar el diálogo”, enfatizó Vega Luna.

Actualmente la provincia de Islay está en Estado de emergencia. Eso significa que la población tiene suspendidos sus derechos de reunión y tránsito. Por lo cual, sería una situación muy crítica si algunos grupos lo desafiaran.

“La Policía debe estar preparada para una circunstancia así, considerando en todo momento el respeto a los derechos”, advirtió el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque.