En un escenario donde la minería ve fuertemente golpeada su competitividad tanto por los altos precios de la energía, la escasez de agua, la baja productividad, y las reformas tributaria y laboral; hay un elemento que podría estimular la inversión.
Esto, porque si bien el Gobierno busca la derogación del Decreto Ley 600 a partir del 1 de enero de 2016, en el nuevo marco normativo se contemplaría un período de transición que busca que durante los cuatro años posteriores a esa fecha se mantenga la invariabilidad tributaria, adelanta Alicia Domínguez, experta tributaria y socia de EY, auditora que realizará un seminario sobre la materia el 25 y 26 de mayo.
Con esto, los proyectos mineros que entren durante ese período podrían obtener este beneficio que tiene una duración de doce años. La ejecutiva explica que en la invariabilidad tributaria el Estado, representado por el Comité de Inversiones Extranjeras, compromete tres aspectos a las inversiones mineras. Primero, que no modificará el impuesto específico de la industria; segundo, que no impondrá al sector un nuevo tributo o gravamen que los afecte solo a ellos; y tercero, les da derecho a que no se les modifiquen las patentes mineras.
"La minería tiene tantas variables inciertas que no puede manejar, como el precio del commodity o los costos, que si en lo tributario cuenta con cierto grado de estabilidad en el largo plazo, ya le significa un atractivo adicional", explica.
Dificultades locales
"El entorno internacional para la minería viene duro, y el entorno local no está haciendo las cosas mucho más fáciles", enfatiza la abogada. Y aunque descarta un estancamiento del sector, sí piensa que el desarrollo será más lento, sobre todo por la pérdida de competitividad que afecta a la principal actividad económica del país.
Si bien advierte que la reforma tributaria influye por igual en todos los sectores, dice que con esto la industria minera enfrenta dos grandes desafíos: proteger los márgenes de rentabilidad de un sector que ya está seriamente afectado y dar cumplimiento al complejo nuevo marco normativo.
En el primer aspecto, Domínguez dice que la reforma los viene a afectar en el momento menos adecuado, puesto que enfrentan precios bajos, costos altos, y el marco regulatorio "no es todo lo protector ni facilitador que se necesita para desarrollar nuevos proyectos", comenta. Añade que el impuesto a la renta -que se incrementa del 20% al 25% o 27%, dependiendo de si la empresa elige el régimen atribuido o distribuido-, será un gravitante de costos adicional, y es un impuesto que no reconoce los diversos ciclos de la industria, al contrario del impuesto específico. Agrega que además la reforma impacta la renta de los dueños de las empresas, ya sean locales o extranjeros. Por otro lado, la socia de EY explica que cumplir las nuevas normas para las empresas será complejo, puesto que es enredoso, sofisticado, tiene múltiples plazos y los regímenes entran de forma escalonada, entre otros.
Huelga sin reemplazo
Alicia Domínguez también advierte los riesgo que plantea la reforma laboral para la minería. Dice que una huelga sin reemplazo significa que los trabajadores pueden paralizar faenas a un costo gigantesco; y agrega que la reforma va a afectar la productividad, que ya es de las más bajas del mundo. "Se pierde competitividad, y como las mineras van a tener planillas de empleados más caras, van a buscar reducir los proyectos, y con ello van a reducir personal. Entonces lo que en algún momento fue bueno para los trabajadores, en el largo plazo es negativo", enfatiza.
"(Con la reforma laboral) se pierde competitividad, y como las mineras van a tener planillas de empleados más caras, van a buscar reducir los proyectos, y con ello van a reducir personal. Entonces lo que en algún momento fue bueno para los trabajadores, en el largo plazo es negativo".
