Una vez más el juez neoyorquino Thomas Griesa, uno de los principales blancos de las críticas de Cristina Kirchner luego de darles la razón a los llamados fondos buitre en 2012 por un monto original de US$ 1330 millones más intereses, le pone plazos y marca los términos de un litigio que promete ser millonario y envuelve a la Argentina.
El magistrado dispuso que la petrolera YPF tiene hasta agosto para rechazar una demanda que le planteó Burford Capital Limited, un megabufete internacional con activos por más de 500 millones de dólares que compró a principios de año un juicio en España. Burford encabezó el reclamo a través de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi había creado en España junto con otra empresa bajo las leyes australianas para comprar una parte de la compañía, en 2008.
Tras la estatización, ambas empresas quebraron y la familia argentina perdió el control de esos activos. En ese proceso, la justicia española les vendió la posibilidad del juicio a quienes hoy querellan contra el país.
Una orden firmada por Griesa el miércoles pasado indica que la petrolera que conduce Miguel Galuccio tiene hasta el 17 de agosto para poner a disposición "su respuesta o moción para rechazar la demanda" que presentó Burford a principios de abril.
El bufete demandó a la Argentina e YPF en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con accionistas de la petrolera. Los acusan de no haber respetado el estatuto de la compañía en el momento de la estatización. Tienen un punto a su favor: el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, lo reconoció en su presentación en el Congreso tras la estatización de la firma. "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15 por ciento, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", lamentó. Esas palabras están citadas en la demanda de Burford.
Rodrigo Cuesta es el mayor responsable de los asuntos legales de empresa. Forma parte de la agrupación kirchnerista La Cámpora y es cercano al propio Kicillof. Quienes trabajan con él lo consideran bien formado para el cargo.
A diferencia de lo que ocurre con la discusión por la deuda soberana argentina y la situación de los holdouts, que maneja el equipo de Economía y tiene como principal gestor a Kicillof, habitualmente muy crítico de los reclamos de esos acreedores, el equipo de YPF parece haber tomado un camino distinto.
Por lo menos en esta instancia del litigio, Cuesta le indicó al estudio Chadbourne & Barke (el bufete de YPF en Nueva York) un primer acercamiento con los demandantes. El objetivo, definir fechas. Sucede que la petrolera no fue notificada oficialmente de la apertura del proceso, cuyo expediente en la justicia norteamericana se comenzó el 8 de abril. Eso habilitó a que comenzaran a transcurrir los plazos .
Fuentes al tanto de las discusiones indicaron que representantes de YPF se reunieron con los de Burford para establecer el momento en el que se dieron por notificados. Eso no implica que hayan reconocido ni un solo punto de la demanda. Es una carta que la petrolera tiene consigo: uno de los puntos de la nota de Griesa estipula de manera explícita que YPF se reserva todas las defensas sobre la acción en curso, incluida la jurisdicción de la Corte sobre la empresa o sobre el asunto en discusión.
Aunque para algunos se trata de una formalidad, no se trata de una salvedad ingenua para la Argentina, enemistada de manera pública con Griesa. Los demandantes, además, fueron quienes sugirieron explícitamente que la causa recayera sobre ese magistrado.
Según la resolución de Griesa, si YPF rechaza la demanda, su contraparte tendrá un plazo de hasta 45 días, pero no menos de 30 para plantear cualquier eventual oposición. Luego la petrolera argentina tendrá otros 25 días para presentar sus quejas.
A diferencia de la petrolera, el Estado argentino aún no se dio formalmente por notificado.
Es probable que YPF les responda a sus demandantes en términos similares a los que en ocasiones anteriores les contestó a los fondos buitre que trabaron su denuncia en el despacho de Griesa. Sencillamente, YPF dirá que no tuvo nada que ver con la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la empresa, porque eso fue una decisión del gobierno argentino en la que no influyó la compañía.
Argentina se enfrentará una vez más al juez Griesa a causa de una demanda contra YPF por la estatización de la petrolera.
El megabufete Burford Capital Limites presentó una demanda contra Argentina en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por un incumplimiento de compromisos asumidos con los accionistas de YPF.
YPF está acusada de no haber respetado los estatutos de la empresa en el momento de su estatización. Los reglamentos indican que cualquier oferta por alguna porción de la petrolera debe extenderse al resto de los accionistas.
Axel Kicillof reconoció ante el Senado esta transgresión a los estatutos y afirmó que enfrentaran la acusación.
La demanda del estudio Estaounidense fue encabezada a través de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, creadas por la familia Eskenazi en España para obtener créditos de Repsol, empresa que controlaba YPF. Luego de la estatización de la petrolera, ambas empresas fueron vendidas por la justicia española para cubrir las pérdidas.
La demanda la tratará el magistrado neoyorquino y esto se debe a un petitorio presentado por Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. En mayo de 2012 este parlamento llevó adelante la demanda de Repsol y el fondo de Texas Yale Capital Corp luego de la estatización de la petrolera, la causa finalizó con un acuerdo voluntario.
Este antecedente favorable, aunque en contextos diferentes, permitiría que el litigio se resolviera de manera eficaz y sin repercusiones graves.
Para adquirir sólo una gran porción de control de la petrolera YPF, Argentina debía realizar una inversión millonaria sobre el total de la compañía aunque no fuera lo planeado. Kicillof, admitió ante el senado "Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!".
Estos dichos fueron suficientes para que los demandantes pudieran comprobar que el país no cumplió con las leyes y era necesario aplicar una sanción.
Frank Maas, fue designado como ‘juez magistrado’ para las cuestiones preliminares pero Griesa será quien tome la decisión final.
El año pasado se aprobó el fallo del juez Griesa en favor de NML, Aurelius, Blue Angel y otros inversores por el pago de una parte de deuda argentina en default por más de US$ 1600 millones.
CFK y Kicillof comenzaron un raid internacional para dejar en evidencia el funcionamiento de la justicia estadounidense y el hambre voraz de los buitres.
La demanda iniciada por el grupo de abogados de Nueva York surgió a causa de la estatización de la petrólera y la caída de las empresas de los Eskenazi. En 2012 Burford Capital Limits compró la posibilidad de litigar contra YPF a través del juicio.
El director del megabufete, Daniel Hall, considera que accionar sobre las deudas de los Estados Soberanos también es negocio. Para esto es necesario tener en cuenta las debilidades políticas de cada país para saber cuándo actuar.
En una entrevista a World Finance, el director de Burford explica que los bienes que se obtienen en el éxito de un juicio sirven para fortalecer el financiamiento y la libre circulación de capitales entre corporaciones que luego son aplicados a otros negocios.
Gracias a la compra de la empresa Focus Intelligence Consulting, en enero de este año, el bufete Buford tiene la capacidad de realizar una operación que le permita detectar los bienes y recuperarlos, buscar evidencias, testigos y huellas digitales de los bienes.
Las habilidades en capital e inversión de Burford y los conocimientos en inteligencia de Focus, empresa fundada tiempo atrás por Hall (actual director del bufete), permiten mejorar los juicios a nivel global combinando estas habilidades, explicó el CEO de Burford, Christopher Bogart.
Las cuentas bancarias de la Embajada Argentina fueron nuevamente víctimas de NML, el hedge fund que tiempo atrás embargó las cuentas de la Embajada en Bélgica y en 2012 fue tras la Fragata Libertad.
El jueves pasado la embajadora argentina María del Carmen Squeff le informó a su personal acerca del embargo e informó que pondrá dinero de su bolsillo para afrontar los los gastos del cóctel para la conmemoración del 25 de mayo que incluyen exposiciones y conciertos.
No es la primera vez que Argentina debe recurrir a la justicia francesa para conseguir un fallo favorable ante el embargo de las cuentas bancarias de las cuentas bancarias de la Embajada en París.
Seguramente la ministra Squeff recupere el dinero invertido de su bolsillo porque es muy probable que la justicia francesa brinde un fallo favorable para Argentina contanto con el antecedente de Bélgica.
Luego del cuarto embargo Argentina tomó precauciones y hace tiempo los sueldos del personal no llegan a llegan al BBVA sino que son girados directamente a las cuentas personales de los diplómaticos. A pesar de esto la situación altera el funcionamiento de la Embajada porque imposibilita el pago de alquileres, electricidad, gas, agua, nafta, entra otras cosas.
NML es un buitre ya conocido por Argentina. En el 2012 ordenó la retención de la Fragata Libertad en Ghana. La estadía del buque escuela en el país africano duró 77 días y fue liberado luego de la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
