La Cámara Federal porteña confirmó este martes la validez y la continuidad de la investigación por el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos para la ampliación de la explotación del yacimiento Cerro Dragón por 40 años, al confirmar el rechazo a las nulidades interpuestas por la empresa Pan American Energy.
La continuidad de la causa fue resuelta por la Sala II de la Cámara Federal al confirmar una decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral que había rechazado un pedido de nulidad de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, defensores de Carlos Alberto Bulgheroni.
Los letrados habían planteado la nulidad de todo lo actuado, a excepción de lo vinculado a la traducción de un exhorto librado en la causa, por tratarse de actuaciones que se realizaron en enero sin la correspondiente habilitación de la feria ni notificación a las partes, según la defensa.
Entre las medidas cuestionadas figuraba un procedimiento en Chubut para recolectar pruebas del supuesto pago indebido a funcionarios del área por parte de la empresa Pan American Energy, operadora del área de Cerro Dragón.
Los defensores cuestionaron al Fiscal de la causa porque ante la recepción de un correo electrónico del exprocurador de Chubut Eduardo Samamé, que le indicaba tener información útil para la investigación, en lugar de remitir la información a la Justicia inició una investigación preliminar mientras transcurría la feria.
El juez Canicoba Corral, en su resolución, que este martes fue confirmada por la Cámara, consideró en cambio, que la investigación preliminar se dispuso "con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal".
Con esta acción, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron la validez de todas las medidas ordenadas. Además por ello, se validaron las medidas llevadas a cabo por el fiscal Guillermo Marijuán, a las que se calificaron como actos "absolutamente válidos", ya que se ordenó su incorporación al proceso.
La continuidad de la causa Cerro Dragón fue resuelta por la Sala II de la Cámara Federal al confirmar una decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral que había rechazado un pedido de nulidad de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, defensores de Carlos Alberto Bulgheroni.
Los letrados habían planteado la nulidad de todo lo actuado, a excepción de lo vinculado a la traducción de un exhorto librado en la causa, por tratarse de actuaciones que se realizaron en enero sin la correspondiente habilitación de la feria ni notificación a las partes, según la defensa.
Entre las medidas cuestionadas figuraba un procedimiento en Chubut para recolectar pruebas del supuesto pago indebido a funcionarios del área por parte de la empresa Pan American Energy, operadora del área de Cerro Dragón.
Los defensores cuestionaron al Fiscal de la causa porque ante la recepción de un correo electrónico del exprocurador de Chubut Eduardo Samamé, que le indicaba tener información útil para la investigación, en lugar de remitir la información a la Justicia inició una investigación preliminar mientras transcurría la feria, informó Ámbito Financiero.
El juez Canicoba Corral, en su resolución, que este martes fue confirmada por la Cámara, consideró en cambio, que la investigación preliminar se dispuso "con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal".
Con esta acción, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron la validez de todas las medidas ordenadas. Además por ello, se ratificarón las medidas llevadas a cabo por el fiscal Guillermo Marijuán, a las que se calificaron como actos "absolutamente válidos", ya que se ordenó su incorporación al proceso.
Fue tras un pedido de nulidad de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, el cual fue rechazado en primera instancia por el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral. De esa forma, se ratificó la validez de todas las medidas ordenadas en la causa y ahora se espera el inicio de las declaraciones testimoniales a partir del martes.
Ayer los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzún y Eduardo Farah rechazaron la apelación de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, quienes habían solicitado la anulación de todas las medidas impulsadas por el fiscal federal, Guillermo Marijuan, en torno a la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en la renegociación del contrato con Cerro Dragón.
De esta forma, la Sala II de la Cámara Federal le dio un revés a Carlos Bulgheroni, titular de Pan American Energy (PAE), dando curso al avance de la investigación. Esto pese a que los letrados habían planteado la nulidad de todo lo actuado, a excepción de lo vinculado con la traducción de un exhorto librado en la causa, por tratarse de actuaciones que se realizaron durante la feria judicial de enero, sin la correspondiente habilitación de la misma ni notificación a las partes. Y también teniendo en cuenta que el fiscal había abierto una investigación preliminar durante el mismo período al no remitir información a la Justicia luego de que el ex procurador de Chubut, Eduardo Samamé, le enviara un correo electrónico donde le indicaba tener información útil para la investigación.
Cabe recordar que en primera instancia el juez federal Canicoba Corral, quien había autorizado los procedimientos solicitados por el fiscal, ya había validado los mismos, rechazando el pedido de los abogados. Lo hizo considerando que la investigación preliminar se dispuso “con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal”.
SE VIENEN LAS TESTIMONIALES
De esta forma, con la decisión de Cattani, Irurzún y Farah se ratificaron todas las medidas ordenadas en la causa, entre ellas el exhorto ejecutado por Marijuan el 24 de febrero en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson, mediante el cual solicitó información sobre las áreas involucradas en el supuesto pago de coimas, maniobra que también había sido denunciada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan.
Asimismo, se ordenó la incorporación de todas las pruebas recolectadas al legajo, mientras se aguarda el inicio de las declaraciones testimoniales del ex diputado provincial Carlos Lorenzo y de los senadores Mario Cimadevilla y Laura Montero, por la Unión Cívica Radical, así como la de los abogados Roberto Dromi y Jorge Vanossi, quienes fueron citados por Canicoba Corral.
Según se informó, el primero en declarar será Lorenzo, quien se presentará el 26 de mayo; un día después será el turno de Cimadevilla y posteriormente de Montero. Mientras, en la primera semana de junio declararán los abogados Dromi y Vanossi, quienes encabezan una denuncia contra el Gobierno provincial realizada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina y solicitan la nulidad del contrato con Pan American Energy firmado durante la gestión de Mario Das Neves.
Por Emilia Delfino.
En una nueva arremetida contraDiario Perfil por el caso Cerro Dragón, el ministro de Planificación, Julio De Vido, admitió por primera vez“corrupción” en las negociaciones por la explotación de ese área petrolera. Mientras es investigado en los Estados Unidos por el caso de supuestas coimas en la extensión de la concesión del yacimiento de petróleo más importante de la Argentina, el funcionario volvió a cuestionar las nuevas revelaciones dePERFIL del domingo.
El periódico reveló la existencia de un expediente oficial en la Fiscalía de Estado de Chubut que contiene cuatro borradores del contrato con la firma de De Vido y un decreto que iba a ser firmado por Néstor Kirchner avalando el negocio, y que demuestran la participación del ministro en las negociaciones que concluyeron con una concesión de 40 años para explotar el área petrolera.
Pero De Vido eligió una sugestiva forma de defenderse y trazó un paralelo entre el caso Cerro Dragón y Skanska, el conocido escándalo de sobornos en la obra pública. Según el ministro, en el caso existe corrupción pero es “entre privados”. Así apuntó sin nombrarlos a la empresa Pan American Energy (PAE) y al empresario José Luis Manzano.
PERFIL reveló el domingo 10 de mayo que Manzano –ex ministro de Carlos Menem– fue citado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, para que declare si De Vido y el gobernador Mario Das Neves le pidieron “commissions” (coimas) a cambio de negocios petroleros.
Fue en el marco de una investigación que la SEC lleva adelante junto a un fiscal de Nueva York y el FBI por el posible pago de coimas por Cerro Dragón."Si alguien investiga con seriedad e independencia lo ocurrido con la extensión del Yacimiento Cerro Dragón y profundiza las relaciones entre los accionistas de PAE, advertirá rápidamente que tiene similitudes con el llamado Caso Skanska, donde finalmente la Justicia no encontró ninguna vinculación con el Gobierno Nacional o el Ministerio de Planificación Federal, quedando demostrado lo que denunció en su momento Néstor Kirchner acerca de que era un hecho de corrupción entre privados", admitió De Vido en un comunicado difundido por la agencia Télam.
De Vido ya había salido a desmentir a PERFIL luego de que se revelara la citación a Manzano, en la que los investigadores hicieron preguntas concretas sobre el rol de De Vido y Das Neves en el negocio. Esta semana, el funcionario volvió al ruedo por la publicación del expediente oficial que demuestra que De Vido iba a firmar el contrato con PAE en 2006, antes de que se cambiara la ley y la potestad de la administración de los recursos petroleros pasara a manos de los gobernadores. Los dos primeros fueron intercambiados entre PAE y los funcionarios vía fax entre el 11 de septiembre de 2006 y el 3 de octubre de 2006. También demuestran que primero se negoció por extender la concesión por diez años y luego se llegó a un acuerdo por extenderla por “períodos sucesivos de diez años”.
El primer borrador del contrato salió del fax de PAE el 11 de septiembre de 2006 junto con nueve anexos, incluyendo un decreto presidencial. El decreto reza: “Apruébase lo actuado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”. Mientras el caso avanza en los Estados Unidos Manzano debió declarar en febrero, la misma denuncia fue reactivada en la Argentina.
Hoy, la Cámara Federal confirmó lo actuado en la causa por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Los abogados de PAE habían pedido la nulidad de lo actuado por el fiscal en los últimos meses, incluida una serie de allanamientos en sedes del gobierno de Chubut y el testimonio del ex Procurador General de la provincia, Eduardo Samamé,que contó a la Justicia la supuesta conexión de Manzano con el caso. Los estadounidenses preguntaron a Manzano detalles de la compra de tres áreas petroleras en Chubut que su compañía hizo junto con un consorcio de empresas.
El mendocino adquirió en esa provincia Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios.Das Neves se las entregó sin costo cuando era gobernador. Poco después, y a pesar de no encontrarse petróleo o gas, PAE le compró a Manzano esas áreas por US$ 47 millones. Al mismo tiempo, negociaba la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años.Tiempo después de adquirir las áreas desiertas, PAE las devolvió a la provincia sin reclamar nada a cambio. “La única explicación plausible es que esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa”, denunció Samamé, ante la Justicia argentina.
De Vido dijo: "Se repite, y así se hará cuantas veces sea necesario ante la necedad intencional de medios e intereses que éstos defienden desde las sombras de ignorar las normas elementales que establecen las competencias de cada jurisdicción en relación a las distintas materias, que no es competencia del ministerio a mi cargo intervenir en este tipo de acuerdos, ya que tanto por la Constitución Nacional como Ley es responsabilidad exclusiva de los Estados Provinciales.
Rechazamos nuevamente cualquier intervención en la redacción del acuerdo y desconocemos el borrador al que hace referencia Perfil, ya que el único documento válido es el firmado por las personas con competencia para hacerlo, del que la secretaría de Energía fue notificada, sólo a título informativo, en julio de 2008".
