La charla llevaba casi una hora y el acuerdo parecía inminente. De pronto, Armando Cavalieri sorprendió a sus interlocutores, los empresarios Carlos de la Vega y Osvaldo Cornide, con un requisito adicional en la paritaria. Era la tarde de anteayer en la sede de la Cámara de Comercio, que conduce De la Vega, y el líder del sindicato mercantil venía contando que, dos días antes, desde el despacho de Axel Kicillof, había participado de una larga conversación telefónica con Cristina Kirchner. No hay nada como mirarse a la cara en una negociación. Con el ministro de Economía mudo, Cavalieri había propuesto un aumento salarial de 28%, la Presidenta retrucó con un 26% y acordaron finalmente en 27%.
Era la paritaria cerrada. Pero anteayer, delante de Cornide y De la Vega, luego de mostrarse satisfecho con ese 27% (un 17% retroactivo para abril y otro 10% en noviembre, más 1500 pesos no remunerativos en un mes por convenir), sacó la carta nueva: 100 pesos extra que las cámaras deberían descontarles a los trabajadores todos los meses para la obra social. Una picardía sindical de casi 80 millones anuales: que sean los empleados los que compensen parte de la eterna deuda que el Gobierno tiene con los gremios.
Los dos empresarios se opusieron. Dijeron estar dispuestos a aceptar la nueva medida sólo durante dos meses, pero no más porque, recordaron, ese esquema siempre ha supuesto un enorme problema para las pymes. Pasó en otros años. Como los trabajadores se resisten al descuento, son los propietarios los que terminan optando por evitar conflictos y pagar esos 100 pesos mensuales.
El encuentro duró dos horas y terminó en la nada. El desenlace de ésa y otras paritarias, como la que llevan adelante en estos días los metalúrgicos, signarán parte de la despedida del Gobierno y, en especial, la de Kicillof, a quien la Presidenta le encomendó esta tarea que hasta el año pasado hacía Julio De Vido. De aquí a las elecciones de octubre, el ministro de Economía empezará entonces a pisar sobre ese terreno fangoso. Está en juego, además de una pauta salarial razonable que no socave el nivel de empleo, el rol que Kicillof tendrá en el plan de Daniel Scioli para asegurar lo que cantan los militantes en los actos: "Para el proyecto, la reelección". No es el mismo Scioli de hace unos meses: es el que encabeza las encuestas y que muestra en estos días, según testigos, ínfulas de armador. Para el Gobierno, el Scioli menos confiable. Los recelos son mutuos. "Y... Kicillof no es Lavagna", dijeron en La Plata al ser consultados sobre la posibilidad de que el economista los acompañara en la fórmula presidencial. Es probable que, si nadie propone caminos intermedios como el cargo de diputado o senador, Kicillof sea la primera prueba de lealtad el día después de un eventual triunfo.
Desde la óptica del kirchnerismo, esa encrucijada puede extenderse a otras candidaturas, como la de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque, si bien desde La Cámpora prefieren allí a un experimentado como Aníbal Fernández para sumar intendentes prestos a abandonar a Sergio Massa, cuatro encuestadores contratados por una multinacional pusieron a varios sciolistas en estado de alerta. Según esos sondeos, ningún candidato a gobernador le sumaría un solo voto a Scioli, pero hay uno solo que podría restarle: Aníbal Fernández. Escudriñar las secretas razones por las cuales parte del PJ lo prefiere de todos modos podría ser un gran ejercicio para asomarse al lado menos idealista de la política.
Kicillof transita, en cambio, el camino opuesto al del jefe de Gabinete: debe darles a los bonaerenses por lo menos una razón para convencerlos más allá de la presión de la Presidenta, que anteayer volvió a reivindicarlo públicamente exaltando virtudes que en la Argentina se han vuelto tesoros escondidos. "Lo atacan porque no lo pueden comprar", dijo la jefa. Pero el PJ clásico no es el kirchnerismo y, más allá de las cuestiones ideológicas, valora resultados. Ahí sí, entonces, la gestión del ministro con gremios y empresarios vuelve a ser gravitante.
Si se atiende a esa lógica, el sindicalismo no le ha hecho hasta el momento a Kicillof excesivos favores. Todo lo contrario: Hugo Moyano y Luis Barrionuevo aprovecharon el recrudecimiento de la postura salarial del Gobierno para ponerle fecha a una protesta masiva de 36 horas que arrancaría el 10 del mes próximo con una movilización a media tarde para seguir con un paro.
Llegar a un entendimiento no será sencillo para ninguna de las partes. Cada dirigente arriesgará en la protesta su futuro personal. Por ejemplo, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad y ex aliado de la Casa Rosada, fantasea con conducir la CGT mostrándose más duro que hace unos meses. "Quiere ser hoy el Moyano de los 90", sonrieron con ironía en otro gremio. A dirigentes con un pasado afín, como José Luis Lingeri, los inquieta además el resultado de octubre, que podría afectar emprendimientos personales como la gestión en Agua y Saneamiento (AySA). Al día siguiente de las elecciones internas en la Capital Federal, en algún lugar del conurbano alquilado para la ocasión, el conductor del Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias reunió a un puñado de integrantes del gremio y, con Carlos Ben, presidente de AySA, advirtió que el primer objetivo después de las elecciones debería ser defender los intereses de la compañía. La conclusión fue ambivalente: si bien una eventual privatización de Macri podría emerger como primera amenaza, la gestión de Scioli en la provincia tampoco augura una administración para ilusionarse.
El más comprometido de todos ellos es, con todo, Antonio Caló, líder de la CGT. Hace unos días, en Tecnópolis, el jefe de la UOM le transmitió su ansiedad a Héctor Méndez, líder de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Si no consigo nada, me la van a cobrar", se sinceró. Su principal problema es que Méndez podría recitar la misma frase, idéntica, del otro lado del mostrador. "Tengo a la UIA pacificada y alineada", le garantizó hace semanas el empresario a Kicillof por mensaje de texto. Un respaldo en medio de las negociaciones que el ministro de Economía haría mal en esperar de Scioli. "Es un problema entre Caló y el Gobierno, no nos vamos a meter", dicen en la gobernación.
Un purista de la fidelidad política podría definir esta prescindencia como una doble traición del gobernador. Hacia Caló, porque el metalúrgico fue el primer líder sindical en respaldar su candidatura presidencial. Y hacia Kicillof, responsable de la paritaria, que viste su misma camiseta.
A falta de ayuda, el ministro debería agradecer en cambio este curso acelerado de lealtad peronista..
Sin la alta exposición mediática de los presidenciables en el "Bailando" de Tinelli, los economistas que los asesoran coinciden -también por separado- en que a partir de 2016 la inversión deberá ser el principal motor de la economía para volver a crecer a tasas sostenibles y crear empleos privados. Este consenso conceptual no deja de ser remarcable: en la era K ese motor fue el consumo, que hoy necesita cada vez más combustibles (gasto público, subsidios, salarios, atraso cambiario), pero empuja cada vez menos para salir del pantano productivo.
Las coincidencias sobre este cambio de énfasis incluyen la necesidad de integrarlo a un programa económico consistente y muy afinado, para evitar que ponga en riesgo el mercado interno. Aquí la ventaja es que la recesión light del último año y medio frenó a la actividad económica en niveles relativamente altos en muchos sectores. Pero sin dólares suficientes para importar equipos e insumos, ni demasiada capacidad ociosa, será un desafío reactivar la inversión local y extranjera. En los últimos años, la inversión bruta fija interna promedió 17% del PBI y hoy, en una economía con inflación reprimida y controles cambiarios, apenas alcanzaría para un magro crecimiento (1,5% anual).
A partir de este punto todo está en debate, aunque los candidatos no se den todavía por enterados porque falta mucho para definir instrumentos. Entre ellos, cuándo y cómo salir del cepo cambiario y el timing (gradualismo o shock) para corregir los crecientes desequilibrios macroeconómicos que heredará el próximo gobierno.
Miguel Bein (asesor de Daniel Scioli) fue el primero en plantearlo por escrito. El último informe mensual de su consultora propone como objetivo a 15 años duplicar el PBI per cápita (de 13.000 dólares a los 28.000 de Corea del Sur tras una expansión de 30 años), con un crecimiento al 6% anual que requeriría aumentar la inversión del 17% al 26% del PBI (y de 6% a 15% en equipamiento productivo). Y como punto de partida, reconocer la actual escasez de dólares, la caída de precios internacionales y la devaluación de otras monedas frente al dólar. Con un lenguaje más que cuidadoso, define una "agenda" para resolver tres problemas.
En competitividad, corregir la distorsión de precios relativos por vía fiscal, para bajar "subsidios mal direccionados y retenciones dañinas", así como aumentar -y pagar en tiempo y forma- los reintegros a la exportación y el IVA a exportadores. En cuanto al déficit fiscal financiado por el BCRA, hacer uso de la disponibilidad de crédito a tasas bajas en el mundo, mientras se trabaja en una reducción gradual mediante una regla fiscal para que el gasto público crezca durante cuatro años por debajo del aumento de los recursos tributarios. Y, finalmente, bajar las altas tasas de interés de la deuda pública y privada, donde la Argentina, pese al bajo endeudamiento externo del Tesoro, paga el doble que los países vecinos en un mundo de tasas cercanas a cero.
A diferencia de anteriores informes, no hay mención expresa al tipo de cambio ni al conflicto con los holdouts. Pero sí a la necesidad de contar con una tasa de interés que impulse el ahorro en pesos y un mercado de crédito que financie la inversión sin recurrir masivamente al ahorro externo.
En Pro, los economistas que asesoran a Mauricio Macri destacan como decisión tomada levantar cuanto antes el cepo cambiario y restablecer un tipo de cambio único, así como renegociar la deuda en default (holdouts) con bonos a largo plazo. Con este esquema, planean bajar el costo de financiamiento para acceder a créditos externos (en un rango de 15.000 a 35.000 millones de dólares), fortalecer las reservas, financiar proyectos de infraestructura y un gradual equilibrio fiscal. En este caso, con una reducción de los subsidios energéticos y la eliminación o rebaja de retenciones (excepto soja), sin necesidad de un dólar demasiado alto. La idea es que un programa integral que apunte al equilibrio fiscal y externo y recomponga precios relativos, con menos intervencionismo estatal, permitiría que buena parte de los dólares que salieron del circuito económico puedan volcarse a la inversión, con incentivos sectoriales.
El ex ministro Miguel Peirano (del equipo de Sergio Massa) prefiere las definiciones conceptuales. Remarca que "los problemas se deben corregir sin reduccionismos, con una visión integral, para que el conjunto de medidas a aplicar genere crecimiento y, en ese marco, mejorar las cuentas fiscales y externas para avanzar en la reducción de la inflación en un escenario de expansión".
También destaca el potencial productivo del país y que, si bien el contexto externo abre incertidumbre, todavía genera márgenes de maniobra. "Es importante explicitar las pautas y los objetivos a lograr.Esto permite que el gradualismo en ciertos temas (como el inflacionario) vaya acompañado de mejoras rápidas en las expectativas y su impacto en el sector externo", dice. También juzga necesario articular las medidas macroeconómicas (como recuperar un tipo de cambio único) junto con políticas sectoriales, negociaciones internacionales, incentivos a la inversión y un esquema de acuerdo social para desindexar la economía.
En general, quienes busquen precisiones para 2016 por ahora deberán conformarse con poco, al menos hasta las PASO nacionales. Más aún si pretenden detalles sobre futuras políticas sectoriales para el agro, la industria, energía, minería o las castigadas producciones regionales. Gane quien gane, lo más seguro es que desaparecerán las retenciones para el trigo y las economías regionales, por la sencilla razón de que el sacrificio fiscal (0,4% de la recaudación impositiva total) es ínfimo en comparación con el freno a la producción y las exportaciones.
Si bien es un tema tabú para los candidatos, buena parte de la clase media y las industrias deberían prepararse para pagar mayores tarifas energéticas. La reducción de subsidios será la vía más directa para achicar el gasto público, el déficit fiscal y la emisión (o el endeudamiento) para financiarlo, aun cuando habrá una tarifa social para los usuarios de menores ingresos.
