La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió hoy el actual modelo de reparto en la explotación de petróleo en la zona de pre-sal, ubicado en aguas profundas, y negó cualquier cambio en este sistema.
Pueden estar tranquilos, pues esa política que garantiza a Petrobras el 30 por ciento de las acciones de los campos de crudo en pre-sal continuará, resaltó Rousseff en la ceremonia de bautismo del buque petrolero André Rebouça en el Complejo Portuario de Suape, estado de Pernambuco.
"El pueblo brasileño tiene derecho a tener una parte relativa de la distribución de petróleo", subrayó al recordar que "Petrobras es uno de las mayores logros del pueblo brasileño por ser una gran empresa de contenido nacional".
La mandataria puso fin así a una preocupación generada en el sector de hidrocarburos luego que el ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, anunciara en Estados Unidos una posible flexibilización del actual modelo de explotación de crudo en aguas profundas del océano Atlántico.
El buque petrolero André Rebouça forma parte del Programa de Modernización y Expansión de la Flota de Transpetro, una filial de la petrolera estatal, que espera contar con un total de 49 nuevos navíos.
Con una capacidad de carga de cerca de un millón de barriles de petróleo, la embarcación se destinará a la transportación de óleo dentro y fuera de las aguas marítimas de Brasil.
El Ministerio Público Federal (fiscalía) de Brasil acusó hoy formalmente a cuatro ex diputados, tres de ellos ya presos, y anueve personas más por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
"Los tres (ex diputados) ya habían sufrido acusaciones criminales, no obstante es la primera vez que las acusaciones son formales dentro del núcleo de agentes políticos", declaró en una rueda de prensa en la sureña ciudad de Curitiba, donde se adelanta el proceso judicial, el procurador federal (fiscal) Deltan Dallagnol.
Tres de los ex diputados acusados hoy están presos desde el pasado abril en el marco de la undécima fase de la operación policial y son sospechosos de delitos como corrupción, fraude en licitaciones, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.
Entre los arrestados en abril figuran los ex diputados André Vargas, que era correligionario de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT); Pedro Correa, del oficialista Partido Progresista (PP) y Luiz Argolo, del opositor Solidaridad (SD).
La hija de Pedro Correa, la ex diputada Aline Correa, también del PP, fue formalmente acusada, pero no está presa todavía.
Dallagnol calificó que la "situación representa el comienzo del cierre de un ciclo" y explicó que "la operación se ha divido en tres núcleos: el de los operadores de los funcionarios públicos, el de los empresarios y el de asuntos políticos", en referencia al tipo de acusados por el gigantesco escándalo de corrupción.
"Necesitamos una reforma política, aprobación de medidas contra la impunidad. La sociedad y todos nosotros necesitamos reclamar reformas estructurales y sistemáticas", agregó Dallagnol.
El fiscal del caso señaló a Efe que "la acusación más simbólica es la de Pedro Correa, porque por primera vez muestra un claro esquema partidario", en el que seis de los otros nueve acusados hoy están vinculados directamente a los políticos implicados.
El lunes, la Policía Federal anunció que presentaba cargos contra treinta personas, incluidos los tres ex diputados, y de esa treintena la Fiscalía decidió hoy acusar ante la Justicia a trece de ellas.
A lo largo de las investigaciones, han sido arrestados cinco ex altos cargos de Petrobras y una veintena de ejecutivos de importantes constructoras que tenían contratos con Petrobras.
Según las investigaciones, las constructoras pagaron sobornos a cambio de ser favorecidas en las licitaciones de Petrobras y esos fondos eran distribuidos entre los partidos políticos que apoyaban las corruptelas.
Petrobras calcula que la corrupción le costó perjuicios por cerca de 2.000 millones de dólares.
Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de pena, entre ellos el cambista Alberto Youssef y el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que ya han sido condenados.
Los corruptos confesos han denunciado a unos cincuenta políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
La Fiscalía presentó también hoy durante la rueda de prensa en Curitiba, la capital del estado de Paraná -fronterizo con Argentina y Paraguay- el balance después de un año de la operación.
En total, son 28 denuncias contra 128 personas; más de setenta órdenes de prisión y 200 de allanamiento, ejecutadas en once fases; 140 investigaciones policiales y 450 procesos judiciales; y 46 pedidos de cooperación internacional.
Igualmente, detalló el Ministerio Público, se presentaron en el año de investigaciones quince acuerdos de delación premiada con restitución voluntaria de 570 millones de reales (unos 190,3 millones de dólares).
Para la Fiscalía, el cálculo de los sobornos alcanza los 6.194 millones de reales (unos 2.068 millones de dólares) y para fines de resarcimiento a terceros y devolución a la estatal se tienen bloqueados bienes y cuentas en Brasil y el exterior por valor de 1.986 millones de reales (unos 663,1 millones de dólares).
Tal vez la culpa de todo la tenga Edward Snowden, el analista de Inteligencia que denunció el espionaje global realizado por la NSA, el organismo de Inteligencia electrónica estadounidense. Porque entre los documentos que reveló el joven de 31 años –que debió exiliarse en Rusia para preservar su salud– figuran los que demuestran que entre los objetivos de la NSA estaba la petrolera de bandera brasileña Petrobras y el correo personal de la presidenta Dilma Rousseff.
El escándalo estalló en setiembre de 2013, semanas antes de la programada gira de Dilma a Washington en la que sería la visita más importante que recibiría ese año el presidente Barack Obama. La respuesta del gobierno brasileño fue contundente y representó un desaire inusual para la Casa Blanca: Dilma suspendió el encuentro que se llevaría a cabo en octubre de ese año y pidió explicaciones sobre el incidente. Obama tragó saliva y esbozó tímidas disculpas diplomáticas. Faltaba menos de un año para el Mundial de Fútbol y todavía Brasil refulgía en el firmamento de las potencias como una joya inmaculada, y tras dos exitosas gestiones, Lula da Silva había podido colocar a su sucesora en representación del PT, el partido que había fundado en los '80. En agosto, Snowden había pedido asilo en Rusia ya que en su nación le espera una biblioteca de cargos judiciales, el más grave de los cuales es por traición a la patria, lo que implicaría la pena de muerte.
Poco tiempo después, "casualmente", se extendieron por todo el país una cadena de manifestaciones contra los gastos en la Copa del Mundo que sorprendieron a propios y ajenos. Faltaban pocos meses para que comenzara a rodar la bola en los estadios construidos a todo vapor y fue un momento difícil de manejar para el oficialismo. Tras el fracaso de la verde-amarelha se iniciaba una dura campaña electoral para renovar mandato. El PT logró ganar en segunda vuelta, aunque con un margen mucho más estrecho que en otras ocasiones. También resultó reducida la cosecha de legisladores, un dato que no sorprendió porque siempre para gobernar el PT necesitó de aliados como el PMDB, el partido heredero de la formación centroderechista tolerada por la dictadura militar. Pero ya las nubes del vendaval de denuncias por corrupción en Petrobras habían mostrado toda su virulencia.
Cómo fue que la petrolera –que había crecido hasta ser la cuarta empresa del mundo en su rubro y la décima entre las multinacionales en 2013, tras el descubrimiento de los inmensos yacimientos submarinos del Pre Sal– cayó al puesto 416 que hoy ostenta puede ser la crónica de un "carpetazo” monumental o el reflejo de una puja sin cuartel por los recursos fundamentales del país.
Es que tras una dura pelea en el congreso el gobierno había logrado –hace justo dos años– destinar el 75% de las regalías petroleras a planes de educación y el 25 restante a salud en todo el país. Un logro que dejaba fondos fijos para sustentar un proyecto político de envergadura destinado a cambiar para siempre el rostro del Brasil sumergido. En el último balance, la firma computó pérdidas por 8800 millones de dólares en 2014, y poco más de 2000 mil millones bajo el rótulo de quebrantos debidos a la corrupción durante ocho años.
El avance de las investigaciones judiciales, azuzadas por oportunas publicaciones en los medios más influyentes del establishment, tiene a Dilma en jaque desde que asumió su segundo mandato. Se trata de un caso que, como lo presentan los periódicos, apesta por donde se lo mire porque involucra a dirigentes políticos de todos los sectores e incluso salpica al ex presidente Lula da Silva y a la propia Dilma Rousseff. Pero apesta también porque las pruebas reales y concretas para condenar a los imputados no abundan. Gran parte de la acusación se basa en los dichos incriminatorios de un cambista, Alberto Youssef, implicado en el caso que con tal de morigerar su condena por blanqueo de dinero "prendió el ventilador" contra un puñado de ex socios, grandes empresarios y funcionarios de la empresa y del gobierno. De allí la indignación de Lula este martes. "Es inaceptable que una gran democracia como la de Brasil, con 200 millones de habitantes y una de las mayores economías del mundo, se haya transformado en rehén de un criminal notorio y reincidente", publicó el metalúrgico en su página de Facebook.
Como para no protestar, por menos que eso ya había sido condenado en 2012 José Dirceu, quien fuera su jefe de Gabinete y arquitecto de las alianzas que lo llevaron al poder. El fallo del Supremo Tribunal Federal lo sentenció a algo más de siete años de prisión inculpado de haber organizado un esquema para financiar el apoyo de partidos amigos y no tanto para la aprobación de las leyes que necesitó el PT. Lo sustancioso es que fue sentenciado a pesar de que, como reconocieron los jueces máximos, no había evidencias documentadas del ilícito, sólo declaraciones y sospechas que, para los magistrados de la mayoría que firmó el fallo, sonaron creíbles.
Ahora, al menos, hay un balance de Petrobras que le pone cifras al desfalco y además Pedro Barusco, ex gerente de Sete Brasil, una empresa ligada a Petrobras, devolvió unos 57 millones de dólares que, dijo, eran desvíos de fondos, depositados en Suiza. Una bolsa demasiado importante como para que ingresara a las arcas públicas por simple generosidad o una maniobra política.
La situación con Petrobras (el petrolão) tiene similitudes con el llamado "mensalão", el que llevó a la celda a Dirceu. La denuncia es por haber financiado en forma irregular a partidos o dirigentes para aceitar la aprobación de leyes que el gobierno necesitaba para avanzar en su proyecto político. Una trampa, en todo caso, en la que se habría embretado el oficialismo en su afán de cambiar las cosas en el marco de normativas pergeñadas por la derecha para que precisamente nada pueda cambiar.
Ahora en el Congreso aparecieron voces teñidas de virtud que despotrican por el escándalo Petrobras. Pero las denuncias implican a las caras visibles del PT como del PMDB y hasta de partidos menores. Que la gestión de Dilma iba a estar teñida con este perfil se avizoraba desde que remplazó a Lula. En sus primeros dos años en el Planalto, Rousseff desplazó a siete ministros denunciados por distintos casos de irregularidades. La mayoría no eran del PT. Pero no alcanzó con ese gesto firme, o quizás fue visto como señal de debilidad. Lo interesante es que como forma de paliar este momento aciago, la presidenta intentó cambiar la Ley Electoral, cosa de transparentar la voluntad popular. Y para salir del atolladero económico, envió a las cámaras leyes de ajuste y la propuesta para un nuevo juez en la corte. Ninguna de ellas le fue aprobada aún. Curiosa parálisis en momentos en que a nadie se le ocurriría apurar medidas con el recurso de un sobre.
En Chile, el gobierno de Michelle Bachelet también enfrenta una arremetida por denuncias de corrupción y tuvo que cambiar su Gabinete para recuperar aire político. El personaje más notorio es su hijo y la esposa del vástago, imputados por tráfico de influencia en créditos para la compra-venta de terrenos. Pero los escándalos trasandinos envuelven a dirigentes de todos los partidos, oficialistas y opositores, con empresas que financiaron las carreras políticas de varios.
El caso que afecta a la presidencia repercutió en un juzgado donde una empresa querelló a su nuera por estafa. Las ganancias logradas con información privilegiada sobre modificaciones en la urbanización de la zona fueron fenomenales... Ayer la firma compradora de los terrenos en cuestión recibió la devolución del dinero invertido de manos Natalia Compagnon –la esposa de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet– y asunto arreglado. Claro que el escándalo dejó mal parada a la mandataria, que había logrado reformar leyes fundamentales para el avance de la democracia en Chile. Entre ellas la ley electoral, la tributaria y la de educación venidas del pinochetismo.
El costo de ir por más democracia es alto y los carpetazos están a la orden del día, como bien mostró Snowden. Por eso es necesario caminar con pies de plomo.
