Por Ricardo Cárpena.

El titular de la CGT Balcarce Antonio Caló reveló ayer que el Gobierno estiró a 27% la pauta salarial "sugerida" para las paritarias de este año. La cifra -según Caló- surgió como fruto de un acuerdo sindical con el Gobierno, aunque se ocupó de aclarar que la pauta es “sólo de referencia”.

El tema se analizó en una reunión de la central alineada con el Gobierno durante la cual los dirigentes rechazaron los topes salariales y reivindicaron el sistema de paritarias libres. Sin embargo, un puñado de gremios K negocia contrarreloj el cierre de sus acuerdos dentro de la nueva pauta fijada por Axel Kicillof: 27% en dos cuotas.

En ese nivel se firmará en las próximas horas el convenio de Comercio (un 27%, dividido en un tramo de 17% retroactivo a abril y un 10% en octubre, más dos sumas fijas de 1.500 pesos), según confirmó anoche el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega.

Pero todos, en realidad, están esperando que primero firme la UOM: anoche fuentes oficiales no descartaban que acepte un 26-27%, más sumas fijas, que redondearían un 29,6% en el bolsillo (ver más información en página 7).

Caló y otros dirigentes de la CGT oficialista, como Gerardo Martínez, Armando Cavalieri y Andrés Rodríguez, volvieron a reunirse anteayer con Kicillof y con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para intentar destrabar las paritarias.

Las negociaciones volvieron a empantanarse luego de que los empresarios rechazaron el 26% en una cuota que se había insinuado en un encuentro similar que se había efectuado el jueves pasado.

Por eso anteayer se corrigió de nuevo el tope que quiere imponer el Gobierno: un 27% en dos cuotas, incluso con sumas fijas que permitan mejorar el salario de bolsillo.

Aun así, varios sindicalistas se niegan a aceptar el “techo” que pretende Kicillof, algo que quedó en claro por el clima de bronca contra el titular de Economía y contra Cristina Kirchner que predominó en la reunión de ayer del consejo directivo de la CGT Balcarce.

Ante la renuencia de Caló, anoche su colega Armando Cavalieri se acercó a la nueva pauta salarial. El empresario De la Vega se reunió ayer con Tomada y le expresó su rechazo al esquema salarial propuesto por el gremio de Comercio, un 27% en dos tramos, uno del 20% retroactivo a abril y un 7% en octubre, porque implicaba un fuerte aumento que influiría en el pago del aguinaldo de junio.

Por eso contraofertó un 27%, pero en dos tramos. El primero del 15% y el segundo de 12%. Cavalieri se negó a aceptarlo. Luego de varios tironeos, se acordó verbalmente que se pagaría ese mismo porcentaje total, pero distribuido de la siguiente forma: una cuota del 17% primero y otra del 10% después, más dos sumas fijas de 1.500 pesos. Anoche se especulaba que este acuerdo dejaba a Comercio como el gremio testigo que necesita el Gobierno para tratar de orientar el resto de las negociaciones salariales.

La reunión de los sindicalistas K se hizo ayer en la sede del gremio de los peones de taxis, en la avenida La Plata. Allí, además de rechazar formalmente los topes salariales, los gremialistas rechazaron las rebajas anunciadas por el ministro Axel Kicillof en el Impuesto a las Ganancias. Según estimaron los sindicalistas que participaron del encuentro, la medida oficial provocará incluso mayores descuentos sobre los sueldos que los que existían hasta el momento por la aplicación del impuesto.

Aunque algún dirigente puso el tema sobre la mesa de discusión, no hubo ninguna definición orgánica sobre el paro general que impulsan los gremios del transporte para los primeros días de junio. La confederación del sector quiere sumar a todas las centrales sindicales, oficialistas y opositoras, y convertir la protesta en una huelga general.

De todos modos, quizá no hiciera falta discutir abiertamente el tema en la reunión de ayer: si siguen los problemas con las paritarias y con Ganancias, confió un curtido dirigente, hasta el gremio más K se sumará a la huelga de manera solapada para descomprimir el malestar de las bases.

A pesar de haber consensuado con el Gobierno una pauta salarial más elevada, hay dos gremios clave de la CGT oficialista que siguen sin cerrar sus discusiones paritarias: los metalúrgicos y la construcción.

La UOM tuvo ayer un nuevo fracaso en su paritaria. La discusiones se encuentran dentro del período de conciliación obligatoria. Y por eso el jefe de los metalúrgicos y titular de la CGT Balcarce, Antonio Caló, amenazó ayer con concretar el anunciado paro de 36 horas desde el jueves próximo si no hay acuerdo en una nueva reunión prevista para el martes en el Ministerio de Trabajo.

Caló admitió que los empresarios “mejoraron un poco” su oferta (la habrían elevado del 24 al 27%, en coincidencia con la nueva pauta salarial admitida por Kicillof), pero las presiones de las bases por un mejor aumento lo están forzando a endurecer su postura y no moderar su reclamo y a insistir, al menos, en subir a 8.500 pesos el mínimo garantizado de su sector, que hoy está fijado en 6.200 pesos.

La conciliación obligatoria dispuesta oportunamente por la cartera laboral por un período de diez días hábiles vence el martes próximo a la medianoche, aunque Trabajo tiene la posibilidad de prorrogarla por idéntico plazo.

El dirigente metalúrgico, cuando se reunió ayer con una veintena de colegas de su central obrera, estaba enojado porque Kicillof le había advertido que no podía pasarse del 27%. Este aumento está muy lejano de su reclamo del 32% que necesita para enderezar el salario básico que quedó muy retrasado frente al resto de los sindicatos.

No está demasiado lejos del monto que negocia el gremio de la Construcción, que encabeza Gerardo Martínez. En este caso, la UOCRA firmaría un acuerdo que se acercaría al 28%, según lo que comentaban ayer en la reunión de gremios oficialistas que se realizó en el sindicato de peones de taxi.

Martínez afirmó a la agencia DyN: “No entiendo por qué la dureza de Kicillof, la propuesta oficial generó desconcierto”, en alusión al tope de 27% que el ministro pretende fijar, pese a que implica una flexibilización frente al criterio inicial de 24/25 por ciento.

Por otro lado, La Bancaria adelantó ayer que la semana próxima anunciará la fecha de un nuevo paro nacional, esta vez de 48 horas.

Se quejaron ante lo que consideraron una “burla” de las cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo por convocar a una nueva audiencia “recién para el martes 19” de mayo, en el marco de las negociaciones paritarias.

El sindicato también dispuso que a partir de hoy retomará las asambleas en todos los lugares de trabajo y que el miércoles 20 “las Seccionales de todo el país realizarán una Jornada de Protesta Activa”, cuyas características no precisó.“El martes 19, tras la reunión en el Ministerio de Trabajo, se anunciará la fecha de un paro de cuarenta y ocho horas”, advirtió el gremio, que viene de realizar una medida similar el martes pasado, a pesar de que la cartera laboral dictara previamente una conciliación obligatoria, que La Bancaria rechazó por “extemporánea”.

Este clima adverso que existe entre la mayoría de los gremios, también se traduce en terreno fértil para la convocatoria al paro nacional que el transporte quiere concretar en los primeros días de junio. Uno de los sindicatos que impulsa la medida es La Fraternidad, cuyo titular, Omar Maturano, salió ayer a disparar munición gruesa contra Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la situación de deterioro de los salarios. “Que deje que los sindicatos discutan con los patrones, ¿o ahora le interesan los patrones?”, planteó. Y precisó que tras los acuerdos salariales de 2013 y 2014 “van 10 puntos perdidos” en relación a la inflación, por lo que se preguntó: “¿Cómo vamos a recuperar eso?”.

Por Armando Caro Figueroa*.

Pese a la propaganda oficial, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los obreros y empleados de la Argentina atraviesa un largo período de decadencia. El mantenimiento de la estructura centralizada y unitaria de los convenios colectivos de trabajo (CCT) y la concentración de conflictos y acuerdos en los temas estrictamente salariales, marcan aquella trayectoria.

La centralización de los CCT (nacida en 1945) es, en buena parte, responsable del raquitismo industrial del interior no pampeano y de la emergencia de un modelo en donde los vértices ahogan el federalismo interno de los sindicatos y soportan la belicosidad de la izquierda clasista. Las paritarias que, año tras año, vienen cerrándose sin abordar el enorme universo de asuntos no estrictamente salariales, empobrecen la negociación colectiva.

Todo esto acontece a raíz de las reglas y estrategias de los actores sociales que, en la práctica, mantienen congelados los convenios firmados en la traumática ronda de negociaciones de 1975. Cuarenta años después y dentro de aquel marco, los sindicatos tradicionales (con independencia de sus afinidades o desavenencias con el Gobierno) y los empleadores, intentan pactar los salarios que regirán este año. Las presentes negociaciones presentan un matiz diferencial, signado por el giro del Gobierno hacia posiciones de un mayor intervencionismo, que recogen preocupaciones y dogmas patronales.

Si bien es cierto que, a lo largo de los últimos 10 años las autoridades intentaron diversos mecanismos para inducir topes a los salarios, ahora esos intentos adquirieron mayor contundencia. Atrás quedaron las teorías oficiales que pregonaban la inocuidad o el desenganche de los salarios respecto de la inflación, y los manifiestos en favor de las paritarias “libres”. Los Ministros de Economía y Trabajo despliegan hoy esfuerzos por “moderar” los salarios convencionados.

Apelan a un argumento engañoso: la inflación esperada (sin que se sepa bien quién la espera ni en base a qué estimaciones estadísticas) de 2015 será inferior a la de 2014.

En realidad, lo que ambos Ministros piden a los sindicatos es plegarse y convalidar una surte de devaluación interna, centrada en la pérdida de varios puntos en el poder de compra de los salarios de convenio. A nadie se le ocurre -menos a las autoridades-, abrir espacios para que los actores sociales, además de discutir acerca del poder adquisitivo, se animen a negociar y pactar la distribución de eventuales ganancias de productividad.

Así las cosas, es muy probable que las negociaciones se cierren a disgusto de todos. Y que, tras tensiones y huelgas moderadas, nada cambie: inflación galopante, impuesto distorsivo a las Ganancias, salarios convencionados en declive, y desprotección de los salarios no regulados por acuerdos colectivos.

Para avanzar de verdad sería preciso que el Gobierno pactara con sindicatos y empresarios una política antiinflacionaria que incluyera, de un lado, una senda para que los salarios recuperen las pérdidas sufridas a lo largo de los últimos dos años y, de otro, una cláusula gatillo que se active en el caso de que los precios desborden la “inflación esperada”.

En ausencia de tales recaudos, la inquietud de los sindicatos es válida y razonable. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Gobierno (éste y el que lo suceda) conserva el poder letal de una “devaluación competitiva”.

* Ex ministro de Trabajo de la Nación (1994/1997)

Los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunieron ayer para tratar el tema de las paritarias y coincidieron en que pagar todo el aumento salarial de una sola vez será una tarea “inviable”. Daniel Funes de Rioja, de la alimenticia Copal, fue el principal orador de la junta directiva, en un encuentro al que también asistieron Héctor Méndez (presidente de la entidad industrial) y José Urtubey (hermano del gobernador de Salta, que casi preside la UIA en 2013).

En línea con lo publicado por Clarín en su edición del lunes, los directivos confirmaron que no ven posible el pago de un incremento salarial en un único tramo. Prefieren la fórmula propuesta por otras cámaras, como la de Comercio, de una suba salarial en dos cuotas o más. Así lo aclararon ayer en un comunicado: “Las negociaciones salariales tienen que ser equilibradas (...) Los incrementos deben ser razonables y pautados para mantener, a través del período de su vigencia, el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar la productividad y competitividad de la industria”.

“Los incrementos salariales que no tengan en cuenta estos elementos implicarán efectos negativos sobre la actividad y el empleo, particularmente en momentos en que la actividad industrial se encuentra estancada”, añadió.

Los dirigentes fabriles creen que la discusión con los gremios será firme, pero que no escalará, o “no será una batalla campal”, como le dijo Funes de Rioja a este diario en su edición del lunes.

Los gremios reclaman una recomposición salarial que sea parecida al aumento del costo de vida del año pasado. Del otro lado, los directivos industriales prefieren que el incremento refleje las pautas de inflación previstas para este año, que se estiman más bajas que las de 2014.

El diputado Ignacio de Mendiguren, que forma parte del sector que debe postular al próximo titular de la UIA –algo que se hará después de las elecciones– no estuvo ayer en la reunión. Tampoco asistieron Luis Betnaza (de Techint) y el metalúrgico Juan Carlos Lascurain.

Este último es uno de los que manifiesta con frecuencia su afinidad con el oficialismo. “Para debatir, se logró el quorum ajustado”, graficó un participante que pidió no ser mencionado y que reveló que la dirigencia considera “inviable” pagar los aumentos en una sola cuota.

Antes de hablar de las paritarias, el economista Diego Coatz presentó el informe de la actividad industrial de marzo, que tuvo una retracción interanual de 1%. La variación mensual reflejó una caída del 2,2% en la actividad en relación a febrero. En el primer trimestre (enero-marzo), toda la industria bajó un 2,2%.

Apalancado por el respaldo de la dirigencia de la CGT oficial que él mismo lidera, el jefe de la UOM, Antonio Caló, se plantó ayer en el desafío de asegurar un piso de 28% para el aumento salarial de los metalúrgicos, posición que volvió a poner en jaque la estrategia del Gobierno que, tras flexibilizar su intención original de imponer un tope de 24% para las subas, esperaba anunciar el cierre en bloque de un conjunto de paritarias clave con una pauta del 27% en dos tramos. Esa referencia había sido conversada, a propuesta del Ejecutivo, durante una reunión reservada que el martes por la noche mantuvieron los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Trabajo, Carlos Tomada, con una delegación cegetista integrada por Caló, Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (Upcn) y Armando Cavalieri (comercio).

Ayer, las negociaciones de los gremios de Comercio, Uocra y Upcn avanzaron en acercamientos para definir ese esquema en sus respectivas paritarias. Pero Caló, si bien admitió que el 27% era un valor razonable de referencia para los aumentos, rechazó en forma rotunda que pueda aplicarse al acuerdo de la UOM.

"Para nosotros el 27% no alcanza", aseguró el líder metalúrgico y redobló la apuesta con la amenaza de concretar el próximo jueves el paro de 36 horas que el gremio mantiene en suspenso si no lograr sellar un entendimiento con las seis cámaras empresarias de la actividad. En el marco de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo y luego durante un encuentro del consejo directivo de la CGT, Caló sostuvo que no aceptará ningún esquema inferior a un aumento del 28% en dos tramos más la garantía de un piso salarial de $ 8500 para el sector. 

La posición del dirigente fue respaldada por la cúpula cegetista que, más allá de descartar sumarse al nuevo paro nacional que alientan los gremios del transporte y las centrales obreras opositoras, se pronunció en contra de cualquier imposición de topes a los aumentos. "No hay ni piso ni techo", enfatizó el dirigente Héctor Daer (Sanidad), portavoz del encuentro de la CGT oficial.

A la par, la actitud de Caló frenó la definición de los preacuerdos conversados en comercio y construcción por establecer una suba de 27%. En el caso de la discusión de los mercantiles, Cavalieri y las cámaras del sector habían consensuado la implementación de ese esquema en dos tramos (17% desde abril y 10% restante en noviembre), además elevar a $ 1524 cada una de las sumas no remunerativas de $ 1200 que actualmente perciben los trabajadores de la actividad.

La negociación entre la Uocra y la Cámara de la Construcción se encaminaba a la idea de aplicar la suba en dos cuotas (18% en abril y 9% en agosto), aunque había diferencias respecto al pago de un suplemento adicional reclamado por el gremio. De cualquier manera, Martínez ratificó ayer en la reunión de CGT que aguardará el cierre de la UOM para firmar su paritaria. La misma actitud deslizaron anoche cerca de Cavalieri.

Para intentar sortear ese escenario, el Gobierno renovará hoy las gestiones para destrabar la dura paritaria de la UOM. "Vamos a conversar informalmente, pero no vamos a firmar lo que diga Kicillof, nos debemos a los trabajadores", alertó un referente de la UOM.

El ministro de Economía fue el blanco preferido de las críticas de la reunión de la conducción de la CGT. Allí le reprocharon la ofensiva del funcionario contra la cuota sindical que cobran los gremios a sus afiliados y denunciaron el "efecto nulo" sobre los salarios del reciente anuncio de la rebaja del impuesto a las Ganancias. "Hicimos catarsis contra Axel", describió uno de los presentes.

El escenario del resto de las paritarias sigue complicado. Ayer tampoco lograron avances los aceiteros que reclaman piso de aumento de 42% y mantienen desde hace más de una semana una huelga por tiempo indeterminado que complica las exportaciones granarias y el ingreso de divisas. En tanto los banca rios anunciaron un nuevo paro de 48 horas ante las demoras en sus negociaciones, donde presionan por un incremento de 33%.