(Por Nelson Manrique Gálvez*) El enfrentamiento en torno al proyecto Tía María ha entrado en una escalada cargada de amenazas. La paralización indefinida de la provincia de Islay ha entrado en su sexta semana y el Gobierno no la ha podido quebrar. Su respuesta ha sido enviar 4 mil efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en la que debe ser la más grande movilización desde el fin de la guerra interna. Hoy se inicia el paro de 72 horas de los gremios de trabajadores de Arequipa, en solidaridad con sus hermanos del valle del Tambo. Ese 45% de arequipeños que afirma no saber sobre el conflicto debe desaparecer en estos días.
A los dos civiles muertos por la represión se ha sumado ahora la muerte de un humilde policía que, según ha denunciado su familia, fue enviado al frente sin la mínima preparación para una misión de este tipo. Otro policía está en coma y son centenares los heridos civiles y policiales, algunos graves, que va dejando el enfrentamiento. Y la Southern sigue pagando a los oficiales y policías que supuestamente representan al Estado.
El Gobierno no aparece como un árbitro imparcial sino como un subalterno de la Southern. Ante más de un centenar de observaciones que una entidad independiente hizo a la Evaluación de Impacto Ambiental, elaborada gracias a la presión de los pobladores de la zona, se respondió con otro EIA, anunciado triunfalmente por el Gobierno, en una ceremonia con cadena policial de por medio, sin siquiera dejar estar presentes a los representantes de los agricultores afectados. El Gobierno pretende imponer este EIA sin atender a la propuesta de las autoridades de la región, de contratar una auditoría internacional independiente para validarlo.
El presunto intento de un destacado dirigente de los agricultores, Pepe Julio Gutiérrez, de vender la movilización por dinero –denuncia que debe ser investigada a fondo y que debe poner en prisión al responsable y sus cómplices, si se comprobara su culpabilidad– ha sido saludada jubilosamente por los defensores de la Southern como la demostración de que quienes se oponen a Tía María son “terroristas antimineros”, agitadores empeñados en bloquear el desarrollo del país. Por supuesto para ellos esta denuncia es el fin de la movilización. Pero Cristo tuvo a Judas en su entorno más íntimo y 2 mil años después el cristianismo goza de buena salud. ¿Es tan simple problema como que existe un rebaño desinformado, manejado a su antojo por profesionales de la agitación, o hay alguna razón que explique la tenaz resistencia de los campesinos del Valle de Tambo?
Hace una década los economistas Jeffrey Sachs y Andrew Warner hicieron una investigación en la que incluyeron la disponibilidad de recursos naturales como una posible explicación al por qué unos países se desarrollan más que otros. Para su sorpresa encontraron que poseer más riqueza natural podía ser fatal para la economía de los países y llevarlos a la miseria. A esto lo llamaron “la maldición de los recursos naturales”. Las investigaciones posteriores han ratificado que en muchos lugares la explotación de recursos mineros y petroleros no ha llevado al desarrollo, sino ha tenido el efecto contrario.
Para el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz la minería debería ser “una fuente para financiar los programas que garanticen la igualdad entre los ciudadanos, pero hoy no es así en casi ningún lugar del mundo (…) Es sorprendente que en la mayoría de los países ricos en recursos naturales hay un mayor nivel de desigualdad”. Su conclusión es radical: si la economía extractivista va a brindar pocos beneficios para la gente, los grupos nacionales y la comunidad internacional no deberían apoyarla. “Presumiblemente, las posibilidades de que el dinero se use mejor después son mayores, así que lo recomendable es paciencia” (Pedro Francke, “Stiglitz y la Maldición de los Recursos Naturales”.
Veamos la situación en el Perú. Las regiones mineras que más han aportado al país, como Cajamarca, hoy, y desde siglos atrás Huarochirí, Huancavelica o Cerro de Pasco, están entre las más pobres del país. En Cerro la expansión de la mina de tajo abierto es una maldición que literalmente se come una y otra vez el pueblo, obligando a sus habitantes a vivir de mudanza en mudanza. La Southern, por su parte, tiene un negro historial, que incluye que en la fundición y refinería de Ilo se emitan partículas contaminantes que superan los límites máximos permisibles en alrededor de 100%, así como vertir arsénico en el mar en un volumen que bordea el 800% de los límites máximos permisibles.
Así no se necesitan agitadores. Con la Southern basta.
*Historiador y sociólogo.
