Glencore GLNCY -0.84% PLC, una de las mayores empresas de commodities y minería del mundo, se está enfrentando a activistas que aseguran que sus minas de carbón en Colombia se han llevado las ganancias del país, al mismo tiempo que perjudican a trabajadores y el medio ambiente.

“Estamos orgullosos de nuestra prolongada presencia en Colombia, la contribución que hemos podido hacer a su gente y economía, (y de) nuestro compromiso para ser una fuerza de cambio positivo”, señala la empresa suiza en una respuesta de 17 páginas a un informe que está siendo publicado por organizaciones no gubernamentales en Colombia y Suiza.

El informe presenta más de 100 páginas de quejas sobre problemas ambientales, prácticas laborales, regalías al gobierno y financiación a unidades militares. El documento fue escrito por un grupo colombiano llamado Pensamiento y Acción Social, que dice haber pasado cuatro años recabando evidencia, con la ayuda de la suiza Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien.

El informe es otro dolor de cabeza para Glencore, que ha estado sufriendo de un desplome en los precios del carbón, el cual ha sido golpeado junto con otros recursos naturales como el mineral de hierro, un ingrediente clave para producir acero. La débil cotización del carbón ha pesado sobre las acciones de Glencore, uno de los mayores productores y transportadores de la materia prima en el mundo.

El principal culpable es el descenso de la demanda en China, donde las importaciones de carbón cayeron en abril 26% frente al año previo. El consumo y la producción de carbón en China disminuyeron en 2014 por primera vez en 14 años. Las exportaciones de la materia prima de Estados Unidos también experimentan un declive pronunciado.

En abril, después de recibir el documento, Glencore envió a ejecutivos a Bogotá para que se acuartelaran en un hotel Marriott y trabajaran en los argumentos en contra de muchos de los hallazgos.

Días después, el presidente ejecutivo de Glencore, Ivan Glasenberg, viajó con los activistas a varias minas donde se reunieron con trabajadores y representantes de la comunidad. El jueves pasado, las acusaciones seguían persiguiendo a Glencore durante su asamblea anual, en la que los activistas ventilaron algunas de sus quejas.

El informe y la refutación de Glencore ponen de manifiesto las crecientes tensiones entre las firmas financieras y las comunidades de donde extraen materias primas como carbón, cobre y petróleo. Algunas operaciones se expandieron durante el auge de los commodities pero en los últimos años han experimentado un descenso de los precios.

Además, las firmas financieras están bajo presión por parte de reguladores estadounidenses para reducir la propiedad de compañías productoras de materias primas. Ahora, algunos trabajadores y residentes dicen que las empresas están dejando cicatrices en el medio ambiente más no mucha riqueza.

La tensión ha sido particularmente intensa en Colombia. En las últimas semanas, el grupo anglo-australiano BHP Billiton Ltd. BHP.AU -0.09% ha sido blanco de una huelga en una de sus minas de níquel en la que los trabajadores protestan por turnos más largos. Goldman Sachs Group Inc. GS -0.59% negocia la venta a pérdida de sus operaciones mineras colombianas luego de disputas laborales junto con problemas ecológicos y de envíos. Glencore y Drummond Co., una minera estadounidense, han invertido grandes sumas para cumplir las nuevas normas colombianas de embarque.

Parte del problema es la naturaleza fundamental del negocio. La minería del carbón deja a comunidades en la zona ahogadas en polvo negro. El gobierno colombiano ha ordenado a las empresas mineras reubicar a tres poblaciones. Las firmas involucradas dicen que esto toma tiempo y que se esfuerzan para completar los traslados.

Glencore asegura que reubicar una comunidad lleva por lo general entre cuatro y seis años. Una de ellas, llamada Plan Bonito, ha sido reubicada y “una substancial compensación ha sido hecha (…) a los residentes”. En otra, El Hatillo, se está consultando con todas las familias “para asegurar un resultado positivo”, dice la refutación. Mientras tanto, se han entregado mercados, un puesto de salud, servicios médicos, escuelas y otras compensaciones.

Glencore es responsable de 8,5% de la contribución financiera para el reasentamiento de El Hatillo y otras mineras son responsables del resto, afirmó un portavoz de la firma. Un grupo de desarrollo de Naciones Unidas está ayudando a implementar el proceso de reubicación, dijo el portavoz.

En su respuesta, publicada en Internet, Glencore reconoce que trabaja en estrecha colaboración con una unidad del ejército colombiano. Glencore dice que la ley colombiana exige realizar pagos a los militares por “servicios de seguridad”. En 2012, por ejemplo, la firma pagó US$300.000 por combustible y otros gastos, más US$22.000 en efectivo para capacitación en derechos humanos. Los pagos de los últimos años han sido más o menos similares, de acuerdo con personas al tanto.

Glencore comenzó a operar en Colombia en 1995 con la adquisición de Grupo Prodeco y la mina Calenturitas, según su respuesta.

Posteriormente, compró el depósito de La Jagua. En 2014, Prodeco reportó US$1.400 millones en ingresos netos, equivalentes a 13% de la facturación total por carbón de la compañía, por debajo de los US$1.510 millones de 2013.

Glencore dice que ha sido una gran ayuda económica para Colombia. La firma sostiene que durante 2014 invirtió más de US$2.000 millones para desarrollar los activos del Grupo Prodeco. Prodeco tiene actualmente 6.500 empleados y contratistas, casi todos colombianos, dice la compañía.

Si se compara la minería con el sector agrícola, en realidad aquella no crea muchos puestos de trabajo, sostiene Santiago Piñeros Durán, representante legal de Pensamiento y Acción Social. El informe afirma que Glencore no paga las regalías suficientes al gobierno y que altera sus estados financieros.

La empresa responde que comparte las ventas con la autoridad local, la Agencia Nacional de Minería, y que tiene sus libros auditados. Desde 1995, la operación de Glencore ha significado para el gobierno colombiano más de US$1.400 millones, principalmente en impuestos y regalías, señala la empresa.

“Grupo Prodeco siempre ha pagado las regalías y los impuestos correspondientes bajo los términos de cada una de las concesiones que opera en su totalidad y de conformidad con la legislación colombiana aplicable”, dice la refutación.

El informe también acusa a Glencore de verter residuos tóxicos en un río. Glencore dice que todas sus actividades son “aprobadas y supervisadas por la autoridad ambiental de Colombia”, que, asegura, no ha encontrado ninguna evidencia de vertido de residuos tóxicos.