Como suele ocurrir en el Perú (SE 1405), para la izquierda el gobierno está al servicio de la Southern por insistir en el proyecto Tía María y para la derecha ese mismo gobierno –por los mismos actos– es pusilánime y populista al ser tan blando con las protestas y no imponer la ley.
La aparición de un audio que sugiere la venalidad de uno de los dirigentes antimineros, ávido de recibir una coima para apaciguar las aguas, da cierta luz sobre el problema de fondo: la pésima asignación de titularidades políticas y patrimoniales en nuestro ordenamiento (SE 1286). No soy cínico, pero sí creo en el acierto fundamental de la doctrina del Public Choice (SE 989, 1230, 1240,1260, 1415): los actores políticos –entre ellos los líderes de protestas– son también maximizadores de beneficios económicos. También lo son sus seguidores. Pero si el sistema legal sólo reconoce a los ciudadanos del entorno del proyecto derechos políticos, favorece la expropiación de sus expectativas económicas por parte de sus representantes. O sea, corrupción.
Quienes se oponen a la minería tienen derechos políticos (protesta, representación, en ciertos casos consulta previa), pero no tienen derechos económicos sobre el producto de los proyectos porque éstos han sido asignados a dedo por el Estado a los mineros. El mineral es “de la Nación” (o sea, de nadie), y no del dueño del suelo. Si la minera tuviera que comprar tierras (a comuneros o agricultores) para acceder al mineral, en lugar de pedir concesiones, los acuerdos más eficientes y justos se alcanzarían tarde o temprano mediante transacciones voluntarias.
No creo en la teoría de que el gobierno sea una empresa (SE 1396,1411), pero sí en ciertas comparaciones. En este caso es como si tuviéramos accionistas que tienen derecho a voto en juntas, pero nunca a dividendos ni a vender su participación. El incentivo es perfecto para pervertir sus decisiones: ¿con qué criterio escogerían al gerente general? ¿Cómo votarían por el plan de expansión? Su propensión natural será a obstaculizar la gestión porque serían accionistas intrínsecamente expropiados. Lo mismo pasa con los ciudadanos que tienen voto pero no patrimonio real. No se les puede pedir, como lo hacen algunos analistas “de derecha”, que faciliten el proyecto por mero altruismo (porque conviene al resto del país). Tampoco se puede creer –como pregona la izquierda– que su oposición es meramente altruista (porque quieren únicamente el bien de las comunidades y del planeta).
Ambas posiciones atentan contra la igualdad ante la ley: lo que está bien en Ancón (el derecho ciudadano a oponerse) está mal en Tía María, y viceversa (SE 1195). La misma propiedad que queremos para nosotros debemos reconocerla a los demás. El beneficio social de la propiedad pasa por el beneficio individual. Todos sabemos que si hubiera petróleo u oro debajo de las playas de Asia, el proyecto para su explotación requeriría que las tierras sean compradas a valor de mercado (en el mejor de los casos, expropiadas a ese valor como ocurriría en Estados Unidos a partir del caso Kelo vs. New London,SE 1159). ¿Por qué no podemos admitir lo mismo en Tía María? Que sea más barato comprar dirigentes y/o políticos que tierras es una perversión del mercantilismo, no del capitalismo liberal.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recogió la solicitud de la Contraloría General de la República en donde pedía la suspensión de las cuentas bancarias de 4 municipalidades de Arequipa, donde se acata un paro de 72 horas desde este martes.
Los fondos públicos de la municipalidad Municipalidad Provincial de Islay y de las municipalidades distritales de Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra fueron ‘congelados’, debido al riesgo que existe de un posible mal uso de estos para el financiamiento del paro en contra del proyecto cuprífero Tía María.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público dispuso el bloqueo de las operaciones en las cuentas bancarias de dichos gobiernos locales, con carácter preventivo y temporal.
Como lo señaló el ente de control, esta suspensión no comprende las operaciones que se deban efectuar para el pago de ingresos de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como, obligaciones relacionadas al Programa del Vaso de Leche u otros Programas Sociales, en concordancia con lo establecido en el numeral 53.3 de la referida disposición legal.
Un paro de 72 horas se acata desde este martes en la región Arequipa contra el proyecto minero Tía María. Desde temprano, manifestantesbloquearon las vías de entrada y salida a la Ciudad Blanca.
En la carretera Panamericana Sur –en el sector de La Joya– un grupo de manifestantes bloqueaban las pistas, lo que impide el paso de vehículos hacia Lima.
Otro piquete de huelguistas impedía el tránsito vehicular en el puente Añashuayco –en el distrito de Cerro Colorado– lo que obstruye el paso hacia Puno y Cusco.
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, expresó que la detención del dirigente antiminero Pepe Julio Gutierrez –sí, el que pedía “las lentejas al contado” para suspender el paro contra Tía María– es inminente.
“La mañana del viernes, la Procuraduría del Ministerio del Interior amplió el pedido a la Fiscalía para que se pida (al Poder Judicial) la detención de Pepe Julio, en base al audio”, dijo Pérez Guadalupe a la prensa durante una actividad en Lima.
Al menos 30 militares se desplegaron en el ingreso a la ciudad de Cocachacra y 200 efectivos limpiaron las vías de piedras y palos que colocaron los manifestantes. Al cierre de esta nota, Canal N reportó sobre un enfrentamiento entre huelguistas y las fuerzas del orden.
Por otra parte, dirigentes y manifestantes de los conos de Arequipa marcharon hacia la Plaza de Armas de la ciudad dejando piedras a su paso por las vías donde se desplazaban.
A través del WhatsApp de El Comercio viajeros reportaron que opositores al proyecto Tía María, quienes cumplen un paro de 72 horas, atacaron varios buses interprovinciales a la altura del kilómetro 966 de la Panamericana Sur.
Durante los ataques falleció una persona que viajaba en un bus de la empresa Cromotex, al parecer por un ataque cardíaco, informó Canal N.
La empresa Civa también confirmó al WhatsApp de El Comercio el deceso de una persona que viajaba en uno de sus buses con destino a Arequipa. Según puntualizó Civa, se trataría de un adulto mayor que sufría de una enfermedad y quien, a raíz de los ataques, padeció un ataque de pánico. La persona llegó con signos vitales hasta el terminal, pero falleció después.
Varios viajeros nos enviaron fotografías por WhatsApp y aseguraron que algunos inescrupulosos se presentan como parte de los manifestantes en contra del proyectoTía María e intentan asaltar buses y rompen las lunas.
Se pensaba que, tras haber viajado a Arequipa por el Día de la Madre, el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, no regresaría a Cocachacra, uno de los epicentros de las protestas contra el proyecto minero Tía María. Básicamente, para evitar ser capturado ante una eventual orden de detención. Sin embargo, ayer este Diario lo localizó en su vivienda (alquilada, asegura él), ubicada a pocos metros de la plaza San Francisco, desde donde diariamente salen a marchar los opositores al proyecto. Allí habló de los audios en los que, supuestamente, coordinaría un pago de S/.1,5 millones para levantar el paro en Islay.
— ¿Las protestas van a continuar tal como están?
La decisión de la última asamblea, realizada el domingo, es continuar. Ellos esperan una solución.
— ¿Cuál sería esa solución?
Yo creo, a nivel muy personal, que la solución es que se sienten las partes en conflicto, pero para mí la empresa Southern Perú ya no representa una de las partes. Hay hechos que motivan cambios, rupturas, todo dentro de un contexto. Hoy, para mí, la solución está en que se entiendan las dos partes.
— Pensé que me iba a responder algo directamente relacionado a si va o no el proyecto Tía María.
El pedido de la población es claro: agro sí, mina no. Es un lema. Pero no es que no quieran minería, lo que no quieren es el proyecto Tía María. Por tantas fricciones, los muertos y heridos, tiene que haber una reacción empresarial y que pueda facilitar la acción del Gobierno cancelando el proyecto. Este es un tema social, y la solución debe ser del lado social, no técnico. La cuestión es cómo sentarse a conversar. Ahora debería hacerse con las personas que tienen capacidad de decidir; ya no con viceministros, asesores ni funcionarios de comisiones de avanzada. Sería bueno que el presidente Humala venga.
— ¿Teme ser detenido?
¿Quién no tiene temores?
— Más allá de la psicología, usted sabe que lo podrían detener en cualquier momento si hay una orden.
La orden de detención debe darse en un contexto de delito flagrante, y yo no he cometido un delito. El mandato de comparecencia no deberían variarlo, porque no he roto mis reglas de conducta.
— Pero ha encabezado una protesta que terminó en bloqueos y violencia, incluidos muertos y heridos de ambos lados.
Mire, justo tengo un expediente [lo muestra] donde la sala judicial, en una apelación que interpusimos, dice que no existe la autoría media porque no tenemos una línea de mando.
— ¿El Frente de Defensa no tiene una línea de mando? ¿No es acaso usted el presidente?
No, el frente somos varias organizaciones de la zona, cada una con su presidente, y yo soy su vocero.
— Repito la pregunta: ¿No es usted presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo?
Hay organizaciones de coyuntura y otras de estructura; nosotros no tenemos una estructura, una línea de mando. Nosotros no tenemos un acta ni estatutos ni estamos constituidos oficialmente. Una línea de mando existe en el Ejército, en el Ejecutivo. Y aun así en el Ejecutivo hay gente de un poder del Estado [se refiere al Ministerio del Interior] que quiere dar recetas al Poder Judicial para generar una orden de detención.
— Todo esto se ha precipitado por los audios que todos hemos escuchado. ¿La voz de los audios es suya? Hasta personas que lo conocen aseguran que sí.
No se trata de decir sí o no; que lo determine el Poder Judicial. No sé de qué me acusan, y por eso no sé de qué me voy a defender. Cuando se interponga la denuncia, sabré de qué me acusan y prepararé mi defensa.
— ¿Este es su momento más crítico como dirigente?
En el segundo paro, hace unos años, incendiaron mi vehículo y destrozaron mi oficina. El Poder Judicial dijo que no se pudo establecer quiénes fueron los responsables, y se archivó. Lo que está pasando ahora ha resquebrajado mi salud, me he bajado de peso, han salido a relucir problemas en el corazón y un estrés increíble.
— Después de estos hechos, ¿va a dejar el cargo?
Estuve en una reunión el sábado donde puse mi cargo a disposición. Dejar el cargo en este momento sería dar crédito a muchas mentiras. El pueblo no lo quiere, ¿qué puedo hacer frente a eso?
Una turba de casi 150 opositores al proyecto minero Tía María, que intentaba llegar al puente Pampa Blanca, en Cocachacra, Arequipa, se enfrenta a un contingente policial que impide a los manifestantes tomar y bloquear la carretera Panamericana Sur.
Con piedras, botellas y palos, los antimineros atacan a los agentes que se están concentrados en un solo punto y se protegen con sus cascos y escudos. Estos intentan repeler la embestida lanzando bombas lacrimógenas.
Según informó RPP, decenas de manifestantes han tomado la tribuna de un coliseo que está a en el sector de la convulsión y desde allí arrojan piedras a los custodios. La mayoría de los protestantes está con el rostro cubierto y recurre a un inmueble de tres pisos donde han acumulado distintos objetos contundentes para arremeter contra la policía.
Asimismo, alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa el tránsito vehicular está restringido debido a una marcha de Construcción Civil. Los comercios están cerrados y algunas vías aledañas están siendo bloqueadas.
Desde las 00:00 horas de hoy se inició el paro regional de 72 horas en Arequipa contra el proyecto minero Tía María.
Durante la ceremonia de aniversario del Ministerio Público, el presidente de la República, Ollanta Humala, descartó una eventual visita a la provincia arequipeña de Islay, donde se desarrolla una paralización contra el proyecto minero Tía María. Resaltó que se busca restabecer la calma.
“Estamos evaluando (si decretar o no el Estado de Emergencia), yo creo que todo tiene una gradualidad. Lo que nosotros queremos es restabecer la normalidad y retomar el diálogo con los dirigenets que realmente reflejen los intereses de la población de Islay”, declaró.
Si bien dijo que sus ministros han participado en los procesos de diálogo, “no cree que sea conveniente” la presencia de si mismo en en la provincia.
“Estamos tratando de moderar a las fuerzas del orden a fin de que no haya mayores víctimas y, más bien, podamos restablecer el clima de paz necesario para el diálogo.”, resaltó.
Humala Tasso, al ser consultado sobre una foto del 2011 de Ana Solórzano, presidenta del Congreso, en una manifestación contra Tía María (específicamente por un Estudio de impacto ambiental que encontró cientos de observaciones y recomendaciones), consideró que no hay ninguna contradicción y que todo debe tomarse en su debido contexto.
Sobre la extradición al empresario Martín Belaunde Lossio por el caso La Centralita, el presidente consideró que el tema ha sido empleado con motivos “preelectorales”, lo cual no permite ver con “claridad” el panorama.
No obstante, ante la decisión del Consejo Supremo de Justicia de Bolivia, opinó que “es importante entender de que esto se ha logrado en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, además de establecer que “el gobierno no se casa con nadie”.
De otro lado, el mandatario habló acerca del cómo Chile se refiere al Punto Concordia en un mapa remitido a La Haya, donde se lleva a cabo un proceso por la salida al mar que pide Bolivia.
“Vamos a evaluar eso a traves de la Cancilleria. En el tema que han llevado a La Haya Bolivia y Chile creemos que es un tema bilateral, el Perú solo intervendrá si en algún momento de este proceso se pone en cuestión el vínculo de soberania que tiene el Perú en Arica”.
