Aparentemente, el famoso actor ha anunciado su interés de producir una película sobre un supuesto fraude judicial que alega la petrolera Chevron, condenada en el país a pagar 9.500 millones de dólares por contaminación ambiental en la Amazonía.
Plan B, una productora de Pitt, obtuvo los derechos de un libro con la versión de Chevron sobre el pleito, "presumiblemente con la intención de convertirlo en una película", señala la página.
Change.org lidera la petición de la que se puede obtener más información, siguiendo este link.
En una carta dirigida al actor se menciona que el libro 'La Ley de la Jungla', de Paul Barret, hace referencia al supuesto fraude contra Chevron en un juicio planteado por indígenas y pobladores amazónicos ante cortes nacionales.
Pitt "debería entender el por qué de la preocupación del pueblo ecuatoriano sobre las intenciones de producir una película que va a difundir mentiras y desinformación sobre la destrucción" atribuida a la petrolera y de "socavar los esfuerzos (...) en búsqueda de justicia", según la misiva.
"Te invitamos a hacer nada con esos derechos. No produzcas una película con este libro, no permitas que otros tengan la oportunidad de hacerlo tampoco. Sabemos que vas hacer lo correcto y que te asegurarás de que estas mentiras jamás lleguen a la pantalla grande", añade el texto.
Hace una semana, el presidente Rafael Correa invitó a Pitt a verificar la contaminación ambiental adjudicada a Texaco durante sus operaciones en la Amazonia entre 1964 y 1990, por lo que la justicia ecuatoriana condenó en 2013 a la firma al pago de 9.500 millones de dólares.
El mandatario llamó a "coordinar toda una campaña mundial repletando de tuits a Brad Pitt, indicándole cómo está siendo utilizado".
La petrolera tilda de fraudulento e ilegítimo el fallo y sostiene que Texaco (adquirida por Chevron en 2001) cumplió con la reparación que le correspondía y que el daño fue generado por la estatal Petroecuador, con la que su filial operó en consorcio.
Chevron, que rehúsa cumplir con la sentencia, intenta que el Estado ecuatoriano asuma el pago de la indemnización mediante un arbitraje en La Haya, por lo que Quito mantiene una campaña contra la compañía, a través de la cual ha invitado a actores, políticos y músicos a hundir sus manos en desechos petroleros en la Amazonía.