(Por Mariella Balbi*) El éxodo de habitantes del próspero Valle de Tambo, en Islay, Arequipa, no ha sido conocido en su real magnitud. Un poblador que salió –como muchos– furtivamente en la madrugada para que no lo vieran lo resumió bien: “No se puede pensar diferente”, graficando lo que vemos de lejos pero no vivimos: un régimen del terror. Los pobladores de Islay que no apoyan el vandalismo de las protestas y quieren escuchar siquiera una explicación para después estar a favor o en contra no pueden. Sus vidas peligran, las de sus niños también.

La razón es que en el Valle de Tambo se vive una guerrilla urbana. Se cierran negocios (nadie sería tan loco de abrir), se bloquean las vías entre los pueblos del valle y la carretera que lleva a Arequipa y a Mollendo, creando una zona ocupada o liberada. El ministro del Interior dijo que eran cerca de 200 “combatientes”, a sueldo por supuesto, que vienen de Pichanaki (violencia aún no sancionada y de la que sabemos poco), de Cusco y de Puno. Amén de que hay un cuerpo de élite: los huaraqueros y los que tienen armas con proyectiles de plomo que no pertenecen a la policía. Los violentistas cuentan además con los ‘espartanos’.

Nunca olvidemos la barbarie promovida por Walter Aduviri en el 2011, que incendió el edificio de la Aduana y el de la Sunat. El entonces candidato Ollanta Humala se lavó las manos ante la salvajada y no hizo ni media crítica. El responsable de la destrucción en Conga y Tía María es el presidente Humala. Durante la campaña envenenó a la gente con una arcaica dicotomía: agua sí, mina no. Esperemos que haga una autocrítica, aunque sea consigo mismo. 

En Bolivia, Chile y Colombia la inversión minera no pasa por esta tragedia de violencia y destrucción. Si el gobierno no defiende al Estado, a su Ministerio de Energía, al del Ambiente y la integridad de sus actos, nos condena a la gran transformación, que es lo mismo que una alucinación destructiva. 

Southern tiene pésima imagen en el sur peruano porque hace 50 años destruyó valles en Moquegua y Tacna; el de Locumba, productor de afamado pisco, quedó como un paisaje lunar. Que la ministra de Energía y Minas diga que denunciaría a Southern si está involucrada en el audio en que el dirigente de Tierra y Libertad pide un millón y medio de dólares es francamente alarmante. Añade que suspendió el diálogo con la empresa, ¡plof! Esta no sabe siquiera qué futuro tiene para sus 1.400 millones de dólares de inversión. Pero ya está bajo sospecha pese a que el gobierno le dio pase.

El ministro del Ambiente afirma que el estudio de impacto ambiental (EIA) absolvió satisfactoriamente las observaciones. Deberíamos conocer las audiencias con la población, deben estar filmadas. Los antimineros dicen que fueron amañadas. Luego de más de 45 días de horror, el gobierno manda a soldados. Sería inaceptable que haya utilizado esto para tapar temas como el de Belaunde Lossio. Si hay inteligencia y previsión, todo se sabe desde el inicio. 

La táctica de los violentistas es no permitir siquiera un breve diálogo. En cuanto se abre un espacio, ellos pierden. Los alcaldes están amenazados o comprados. ¿Con quién conversar? Nadie lo sabe.

*Periodista.